El desacato es delito

Tribunal SupremoEl desacato es un delito y si el presidente de la Generalitat, o cualquier otro responsable educativo, incumplieran u ordenaran incumplir la sentencia, deberán ser procesados e inhabilitados para cargo público.

El Tribunal Supremo ha sentenciado de forma triple que el castellano es lengua vehicular del mismo modo que lo es el catalán, y ordena a la Generalitat, que, además de garantizar a los padres este derecho, ha de facilitar los escritos y comunicaciones internas de los centros docentes también en castellano.

Con estas tres sentencias la inmersión, además de ser ilegal como hasta ahora, ha de desaparecer del sistema educativo catalán y del resto de comunidades autónomas ya que fundamenta jurisprudencia.

Durante 27 años, concretamente desde 1983, primero a escondidas y a partir de principios de los noventa a través del decreto de inmersión75/1992, se ha excluido al castellano como lengua docente en las escuelas. Precisamente, el mismo año que se imponía negando que se hiciera nació la Asociación Miguel de Cervantes para denunciarla. Un pacto de silencio consiguió ocultarla hasta muchos años después cuando La Asociación por la Tolerancia (1992) logró romperlo y las madres de CADECA pusieron en evidencia el atropello. Desde entonces hasta la llegada de Ciudadanos al Parlamento, varias organizaciones cívicas e ingentes esfuerzos de muchos ciudadanos anónimos, a menudo incomprendidos por los propios afectados y siempre maltratados por el régimen catalanista, han denunciado el fraude de la inmersión. Porque antes que nada es un fraude. Un fraude de ley porque durante años las fuerzas políticas y mediáticas han sostenido que la inmersión había sido refrendada por la sentencia 137/1994 del TC, cuando era exactamente lo contrario. Esa burda mentira ha permitido al catalanismo político acomplejar a los afectados y al catalanismo sociológico imponer la exclusión con buena conciencia. Un fraude pedagógico, porque la inmersión lingüística puede ser un método pedagógico válido para aprender con eficacia un idioma si se hace voluntariamente, pero no para evitar que se aprenda otro imponiéndola contra la voluntad de los ciudadanos. Un fraude social porque la inmersión se ha utilizado como instrumento de ingeniería social para lograr interiorizar en la sociedad catalana que el castellano es un idioma extranjero y enemigo del catalán. Un fraude político, porque la inmersión se ha utilizado para convertir al catalán en el único idioma institucional de Cataluña. Un fraude ideológico, porque la inmersión ha sido utilizada como Caballo de Troya para vender la ideología nacionalista a través del uso partidista de la lengua catalana. Y un fraude moral, porque cada vez que se ha exigido el estatus de lengua vehicular para el castellano, se ha rechazado como un ataque al catalán.

Por todo ello, esta sentencia es trascendental, marcará un antes y un después en el curso histórico y aunque aún no nos demos cuenta cabal de los efectos que tendrá en el futuro, los historiadores la recordarán como la sentencia que acabó con la deriva excluyente del catalanismo.

Pero más allá de estas consideraciones sociológicas, hoy existe una sentencia del Tribunal Supremo que ha de cumplirse y nadie, incluidos nuestros gobernantes, puede evadir esa responsabilidad, mucho menos, alardear de ello. Y todo eso está ocurriendo. El nuevo Gobierno de la Generalitat ya ha acordado con el PSC ignorar la sentencia y ICV-EAiU ha propuesto un pacto de todos los partidos catalanes para garantizar el modelo educativo catalán basado en la exclusión del castellano como lengua docente.

El problema en Cataluña nunca ha sido jurídico, sino político. Hoy más que nunca. El control del poder político ha permitido engañar y crear una atmósfera ilegítima de desacato a la ley. Los intereses políticos de los dos partidos nacionales en sus tiempos de Gobierno prefirieron siempre el abrevadero de los votos nacionalistas al cumplimiento de la Constitución. Ya hemos visto los resultados: insumisión de responsables del Estado contra el Estado. O si lo quieren de forma cruda: desacato primero e insurrección después. Es cuestión de tiempo. Y contra eso no hay antídoto, sólo la aplicación de la ley.

En esta batalla, los tribunales son necesarios, pero la acción cívica es imprescindible. Sin ciudadanos dispuestos a defender sus derechos, nada se moverá en la dirección legal hoy en Cataluña.

De momento, Francisco Caja junto a los juristas de Convivencia Cívica de Cataluña, responsables del recurso ante los tribunales que han originado esta sentencia, ya están preparando la demanda ante el TSJC para su ejecución. El desacato es un delito y si el presidente de la Generalitat, o cualquier otro responsable educativo, incumplieran u ordenaran incumplir la sentencia, deberán ser procesados e inhabilitados para cargo público. Cualquier otra cosa es alimentar el envalentonamiento del soberanismo y la insurrección futura.

Antonio Robles

Libertaddigital (26.12.2010)

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