Un ex alto cargo de Pujol salva la cara a CDC en el ‘caso Palau’

Josep Maria Busquets (Archivo)Según denuncia el PSC

Stop corrupciónAntonio Fernández.- Las campañas electorales son el escenario idóneo para mostrar los trapos sucios de los partidos. Y en la campaña de las autonómicas catalanas, esta máxima se está cumpliendo a rajatabla, con la irrupción de la justicia como arma arrojadiza. A Convergència i Unió (CiU), por ejemplo, le ha estallado en la cara el caso Millet, es decir, el expolio del Palau de la Música. Desde las filas convergentes se afirma que los socialistas instrumentalizan el caso para minar la credibilidad de Artur Mas en plena campaña. “Lo que quieren es evitar el descalabro electoral a cualquier precio”, dicen fuentes de la dirección convergente a El Confidencial. Pero desde las filas socialistas se sostiene lo contrario: que un ex alto cargo de los Gobiernos de Jordi Pujol es quien utiliza “barriobajeramente la institución para evitar que la justicia investigue la presunta financiación ilegal de Convergència a través del Palau.

Esta institución tiene tres entidades en su interior: la Fundación Palau, el Orfeó Català, que es una asociación, y el Consorcio, donde están representadas todas las administraciones (Ministerio de Cultura, Generalitat y Ayuntamiento de Barcelona). Y fue precisamente el Consorcio el que decidió sumarse esta semana a la petición del fiscal y pedir la apertura de una causa paralela y la imputación de dos altos cargos de Convergència por llevarse dinero del Palau gracias a la generosidad de Fèlix Millet: el tesorero, Daniel Osàcar, y el responsable de inmigración, Ángel Colom.

CDC puso el grito en el cielo argumentando que todo era una maniobra del PSC para levantar el escándalo en plenas elecciones, ya que las tres administraciones presentes en el Consorcio están en manos socialistas. Apenas 24 horas después, el presidente en funciones del Palau, Josep Maria Busquets, en nombre de las otras dos entidades del Palau, el Orfeó y la Fundació, pedía al juez que investigue “todas las irregularidades que se hubiesen producido”, pero que no desgaje, como pide el fiscal y el Consorcio, una causa paralela para investigar la presunta financiación ilegal de Convergència, lo cual también implica no imputar a nadie. Ante ello, dirigentes convergentes consultados por este diario ven una pincelada de “sentido común” y un sincero “apoliticismo” de la institución. Además, hacen hincapié en que los dos candidatos a presidir el Palau tras las elecciones internas de esta institución el próximo 24 de noviembre, Mariona Carulla y Enric Enrech, apoyan la decisión del presidente en funciones sin titubeos.

La objetividad invocada por los dirigentes convergentes, sin embargo, podría no ser tal, porque Busquets es un viejo conocido de CiU. Entre otras cosas, porque fue el Gobierno de Jordi Pujol el que, durante los años 90, le situó como administrador del Liceu, la emblemática institución de la Rambla de Barcelona, durante seis años y más tarde le nombró consejero delegado del Teatro Nacional de Cataluña hasta el 2004, cuando se formó el primer Gobierno Tripartito. Una nota oficial de Busquets emitida el martes por la noche justificaba su decisión de no implicar a Osàcar y Colom, aduciendo que había consultado por escrito a todos los miembros de la directiva del Orfeó y de la Fundación. Fuentes oficiales consultadas por El Confidencial aseguraron que esta petición se hizo a cada uno de los miembros de la junta del Orfeó y del patronato de la Fundación, aunque otras fuentes niegan este extremo y afirman que Busquets sólo consultó a gente de su confianza. Además, el director en funciones del Palau arremete contra el Consorcio, de quien dice que tomó la decisión de pedir la imputación de los altos cargos de CDC “sin convocar ni tan solo consultar, ni oralmente ni por escrito, a ningún miembro del mismo que están en representación del Orfeó. Es evidente que se trata de una decisión política de las tres administraciones públicas y que persiguen objetivos muy alejados de las voluntades de los órganos de gobierno del Orfeó y de la Fundación”.

“Es uno de los suyos”

Desde las filas socialistas, las críticas son acerbas. “¿Cómo pueden decir que Busquets es una persona apolítica si ha sido alto cargo con CiU? Lo que están haciendo es una manipulación del tema y utilizando políticamente la institución con un hombre de los suyos. Lo que está haciendo es salvarle la cara a Artur Mas, para que no tenga que responder del latrocinio del Palau”, comenta a este diario un miembro de la cúpula del PSC. Y es que, en menos de una semana de campaña, todos los rivales del convergente han pedido, en una u otra ocasión, que éste clarifique el papel que tuvo su partido en el presunto desvío de más de 700.000 euros anuales, tan sólo desde el 2002 al 2008, de las cuentas del Palau a la Fundación Ramon Trias Fargas (vinculada a Convergència) o a empresas que trabajaban para CDC .

Fuentes de CDC consultadas por este diario, a su vez, afirman que “querían reventar el tema en plena campaña electoral, de ahí la personación del Consorcio apoyando las tesis del fiscal. Pero no contaban con la postura del Orfeó y de la Fundación”. Las mismas fuentes añaden que “nada es casual” y que todo formaba parte de una operación para quebrar la imagen de Artur Mas. “Pero deben saber que cada vez que nos acusan de algo en relación con el Palau, subimos en intención de voto. Y que es contraproducente para ellos atacar a Artur Mas, que es el candidato que, en estos momentos, tiene mayor credibilidad ante la opinión pública“.

La polémica continuará durante los próximos días, porque desde las filas de la acusación las cosas se ven de diferente manera. “Tras las declaraciones judiciales de los miembros de la Agencia Tributaria, que detectaron el desvío de dinero hacia CDC, el juez dio un plazo al fiscal y a las partes para que definieran si querían modificar las acusaciones. Es una actuación normal en los procedimientos judiciales, donde nada ha tenido que ver la política. Por tanto, el fiscal como las partes han de presentar sus peticiones en el juzgado y el plazo expiraba ya. Es decir, no hay manipulación política alguna, sino una tramitación ordinaria de una investigación judicial”, señalan fuentes cercanas a la investigación.

El Confidencial (18.11.2010)

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