Tiro al blanco contra los funcionarios: se abre la veda

Carlos SánchezEl dueño de Mango ha dicho una aberración digna de formar parte del museo intelectual de los horrores y que haría retroceder a este país a los tiempos de maricastaña, cuando la función pública formaba parte de la merced del monarca

La enajenación de oficios públicos formaba parte de las señas de identidad del Estado absolutista. Consistía, básicamente, en vender o incluso subastar el acceso a la función pública para contribuir a la financiación del Estado. De acuerdo con esa visión patrimonialista de la cosa pública, el juez -o cualquier otro funcionario- era elegido por el monarca. No por su talento, sino por su generosidad a la hora de pagar gabelas. Ni que decir tiene que esta práctica favorecía la corrupción y creó una casta de servidores públicos que transmitían sus derechos de padres a hijos, lo que contribuyó a la creación de una administración ineficiente que sólo servía a los intereses de élites cercanas al poder.

Fue la Constitución de 1812 la que prohibió de forma taxativa la venta de oficios públicos, y desde entonces comenzó a levantarse una Administración profesional -al menos ese era el objetivo- basada en un principio consustancial al Estado liberal y burgués: la existencia de funcionarios independientes y ajenos al poder para evitar, precisamente, su instrumentalización política. Funcionarios que en última instancia eran los gendarmes de la libertad económica y de la igualdad de oportunidades.Por supuesto que pocas veces se logró ese objetivo. Como es conocido, la alternancia CánovasSagasta se trasladó a la propia Administración, de donde entraban y salían los funcionarios en concordancia con el partido que estuviera gobernando en cada momento. Como recordaba Ortega en su célebre discurso del 23 de marzo de 1914 en el Teatro de la Comedia,  la España de la Restauración había sido el paradigma de la “corrupción organizada”, y añadía: “fue un panorama de fantasmas; y Cánovas, el gran empresario de la fantasmagoría”.

En esa misma línea, un hombre prudente y hasta miedoso como era Azorín escribió probablemente el mejor retrato de la Administración pública durante el último cuarto del XIX.  Por aquel tiempo, decía el escritor alicantino, reinaban “las prácticas viciosas de nuestra política, las corruptelas administrativas, la incompetencia, el chanchullo, el nepotismo, el caciquismo, la verborrea, el ‘mañana’, la trapacería parlamentaria, el atraco en forma de discurso grandilocuente, las elecciones falseadas, los consejos y cargos de grandes compañías puestos en manos de consejeros influyentes, los engranajes burocráticos inútiles…”. En una palabra, toda la podredumbre que se quiera imaginar alrededor de la cosa pública.

Un siglo después, sin embargo, un empresario de éxito como es Isak Andic ha puesto su granito de arena para volver al Estado absolutista. Ha dicho el dueño de Mango que los nuevos funcionarios deben poder ser despedidos, como cualquier otro trabajador.Se trata de un aberración digna de formar parte del museo intelectual de los horrores y que haría retroceder a este país a los tiempos de maricastaña, cuando la función pública formaba parte de la merced del monarca.

La mejor garantía

Precisamente, la mejor garantía de que una nación funcione es la existencia de empleados públicos independientes del poder político. Algo que por supuesto no siempre ha ocurrido, pero que sin duda es un objetivo estratégico. ¿Se imaginan un país en el que el ministro de Justicia pueda despedir a los jueces incómodos?  ¿O en el que el ministro del Interior de turno -pongamos Rubalcaba– pudiera echar del cuerpo a los policías que quieran desvelar -por ejemplo- el ‘caso faisán’. ¿O que Camps y otros altos cargos investigados por corrupción pudieran elegir el futuro laboral de los funcionarios encargarlos de investigar su patrimonio? ¿O que las estadísticas fueran cocinadas por el ministro del ramo?Esta función del empleado público como parte esencial del Estado democrático explica que se haya reforzado su protección a efectos laborales; pero desde luego eso no significa que tengan patente de corso, como sugiere Andik.  No la tienen. El problema tiene que ver con la existencia de una gran inercia dentro de la Administración que ha desnaturalizado la función pública. Incumpliéndose de forma palmaria los principios de igualdad, mérito o capacidad que inspira el ordenamiento jurídico, convertido en papel mojado desde hace muchos años por la existencia de criterios de selección alarmantemente clientelares.

Así es como se ha llegado a una administración pública asimétrica. Infradotada en muchas ocasiones y sobredimensionada en otras. Precisamente por ausencia de criterios profesionales que inspiren la acción pública, al estar sometidos al capricho coyuntural del político de turno. Y no es que no haya instrumentos legales para reordenar el sector público y despedir si es necesario por razones económicas. Todo lo contrario. Los hay. El problema es tener voluntad política para hacerlo, pero sin menoscabar algunos principios que han costado siglos asumir. Y que hoy se quieren eliminar de un plumazo.

El Confidencial (27.10.2010)

Sé el primero en comentar en «Tiro al blanco contra los funcionarios: se abre la veda»

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.


*


Traducción »