La estrategia nacional para incumplir la sentencia constitucional

Después de una respuesta inicial dramatizada, se ha pasado a fundamentar públicamente como constitucionales aquellos pasajes inconstitucionales de la sentencia que les interesa incumplir. Se trata de la misma táctica de siempre, por una parte se rasgan las vestiduras: “España no nos quiere”, “Cataluña no tiene encaje en España”, “Adeu, España” para atizar el victimismo interior y asustar al exterior; y por otro, reescriben lo sentenciado para imponer con impunidad lo que de otro modo no tendría la complicidad de la opinión pública. Y lo han comenzado a hacer por los pasajes lingüísticos que afectan al modelo escolar catalán. Con las cosas de comer no se juega y ese campo es el instrumento de construcción nacional más eficaz para sus aspiraciones soberanistas.

De unos iniciales editoriales derrotistas han pasado a repetir la consigna de que la sentencia deja intacto el modelo escolar catalán, es decir, el modelo basado en la inmersión a la catalana, o sea un modelo cimentado en la exclusión del castellano como lengua vehicular y como lengua de uso normal entre el profesorado y personal no docente. Saben que para seguir estigmatizando las razones y derechos de quienes exigen los mismos derechos lingüísticos para los castellanohablantes, lo primero que han de conseguir es demostrar que la ley no les ampara, para a continuación, estigmatizarles con el cuento ese de que en realidad lo que buscan es arremeter contra la lengua catalana. Una y otra cosa son falsas, pero saben que si la opinión pública tiene esa percepción, todas sus quejas serán neutralizadas y carecerán de seguidores. Eso es lo que han hecho hasta ahora para imponer la inmersión. Siempre han sostenido que la avalaban sentencias del Constitucional, cuando tal ocurrencia era falsa de raíz como se ha demostrado en los fundamentos jurídicos de la actual sentencia sobre el Estatuto sacados todos de anteriores sentencias constitucionales y que dejan meridianamente claro que el catalán y el castellano pueden y deben ser lenguas vehiculares.

El problema no es que lo hagan los nacionalistas, es su negocio. El problema es que secunden la estrategia los socialistas catalanes, socialistas históricos del PSOE como Felipe González, y los socialistas del Gobierno de España. Y la han secundado. Ángel Gabilondo, ministro de Educación: “En la sentencia no hay nada que cambie la educación en Cataluña”. Lo dijo en el Mundo el lunes 26 de julio de 2010, el mismo día que Felipe González y la ministra de defensa, Carme Chacón firmaban un artículo de opinión en el País ahondando aún más en esa táctica de infectar a la opinión pública para neutralizarla: “Cataluña es un nación sin Estado” y a continuación falsificaban la sentencia con mayor descaro que los propios nacionalistas: “El fallo consagra y constitucionaliza el mayor nivel de autogobierno alcanzado; reconoce derechos propios a los ciudadanos de Cataluña, y todas la competencias que el Parlament había propuesto. Reconoce los derechos históricos, el estatuto lingüístico, la bilateralidad en las relaciones con el Gobierno central y convalida el sistema de financiación y la organización territorial propia de Cataluña”.

Es inaudito que puedan ser tan irreverentes con la verdad. Pero no nos detengamos en la irreverencia, sino en sus consecuencias políticas. ¿Cómo se van a hacer respetar los ciudadanos en Cataluña si sus medios de comunicación repiten como un mantra esa falsificación para acabar  sustituyendo la evidencia constitucional por tal propaganda?

Dos empresas primeras han de ponerse en marcha para evitar la deriva inconstitucional: La primera, estudiar la sentencia, encajar sus reveses con el mismo espíritu objetivo que las interpretaciones favorables, y difundirlos. Por todos los medios. Si vuelven a ganar la batalla mediática, nada cambiará si no es para peor. Es una tarea pedagógica ímproba, pero imprescindible. Empezando por lamentarse menos y construir más. Y una manera de construir es difundir los cinco ejes soberanistas que el Estatuto trataba de blindar y que la Sentencia del Constitucional ha desmantelado, para exigir a continuación que se acomoden las leyes aprobadas a la sombra del Estatuto a la legalidad vigente. Estos son esos ejes soberanistas derrocados:

1. EL CONCEPTO JURÍDICO DE NACIÓN. “La Constitución no conoce otra nación que la española” y deja al concepto de nación introducido en el preámbulo  sin “eficacia jurídica interpretativa”. De haber prosperado el carácter jurídico del concepto de nación, el camino a la confederación de naciones, primero, a la autodeterminación después y la independencia finalmente, era cuestión de tiempo.

2.       EL PODER JUDICIAL PARALELO. El Constitucional derroca la intención nacionalista de constituir un poder judicial propio y finalista, paralelo o distinto al del Estado. El Tribunal Supremo seguirá siendo el último órgano de decisión judicial. Declara abiertamente la inconstitucionalidad de la pretensión de un Consejo de Justicia de Cataluña competente para nombrar magistrados, ejercer la inspección judicial o ser competente en materia de sanciones disciplinarias. Esas competencias siguen siendo exclusivas del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y deja al Consejo de Garantías Estatutarias que el Estatuto otorgaba competencias propias del Tribunal Constitucional, en mero órgano consultivo. De paso devuelve la soberanía competencial al Defensor del pueblo, como defensor de todos los españoles, impidiendo así que el Síndic de Greuges, tuviera competencia exclusiva en el territorio de Cataluña.

De haber prosperado las pretensiones del Estatuto, la vía política nacionalizada hoy se hubiera extendido al poder judicial. La separación de poderes, sería la primera víctima, la segunda, la imposibilidad de frenar el camino hacia el soberanismo judicial. De las consecuencias en los casos de corrupción nacionalista, ni hablo.

3.       LA FICCIÓN DEL “FET DIFERENCIAL”. Perseguido a través de la bilaterialidad, las competencias exclusivas y la distribución del territorio a través de las Vegueríes al margen de las provincias. De haber prosperado las dos primeras pretensiones, Cataluña hubiera alcanzado la capacidad de negociar con el Estado de igual a igual, excluyendo al resto de comunidades autónomas de buena parte de los derechos y deberes que deben ser iguales para todos los españoles. De esta manera, la asimetría demandada por Pascual Maragall hubiera sido legal y sería el principio del fin de un Estado solidario y simétrico donde las Leyes de bases, como marco común regulador de los límites legislativos autonómicos hubieran dejado de tener vigencia. En cuanto a un nuevo modelo territorial distinto al del Estado se ha frenado al dejar a las veguerías como una cuestión nominal. Podrán existir a condición de que se solapen con las Provincias.

4.       EL CATALÁN COMO LENGUA PREFERENTE. De haber prosperado la pretensión de que el catalán fuera lengua preferente en función de ser la lengua propia de Cataluña, la cooficialidad hubiera desaparecido jurídicamente, aunque ya lo haya hecho fácticamente; y si en las interpretaciones no hubiera dejado sentado que el castellano es lengua vehicular o docente como lo es el catalán, la exclusión de los derechos lingüísticos ya no sólo serían llevados a cabo por una política nacionalista circunstancial como ahora ocurre, sino podrían sustentarla desde la legalidad constitucional. Afortunadamente no es así, pero así la están vendiendo ya en los medios, para hacer irreversible la impunidad.

5.       LA SOBERANÍA FISCAL. La madre del cordero. Los nacionalistas pretendían que Cataluña fuera la dueña de sus propios tributos, al modo y manera que el País Vasco y Navarra. El TC no lo ha consentido. Basó tal pretensión en cuatro principios: La eliminación del déficit fiscal a través de mayores inversiones del Estado en Cataluña, el esfuerzo fiscal consistente en obligar a otras comunidades a recaudar más dinero para tener los mismos servicios que Cataluña y el principio de ordinalidad, que consiste en que Cataluña no pierda el ranking que posea después del reparto entre las comunidades de los presupuestos del régimen general del Estado. (Si no fuera así, ¿cómo se podría sacar a una comunidad de su marginalidad si no hay mecanismos de nivelación? No porque tal o cual comunidad ocupe un lugar alto en el ranking quiere decir que tenga una renta per cápita mayor que Cataluña, sólo que recibe proporcionalmente más dinero porque está más necesitada para llegar a la media nacional idónea). Por último, declara inconstitucional la creación de tributos locales para evitar opciones ventajistas, por ejemplo, en inversiones empresariales.

El independentismo adolescente de ERC ha quedado cercenado por estos cinco ejes soberanistas y el independentismo como chantaje de CiU, por este último de la financiación. Lo expresó con claridad diáfana Artur Más en El Mundo, el paso 19 de julio:  “Si hay que concretar en algo el derecho a decidir, yo lo concreto en la soberanía fiscal. Si es que al final se les entiende todo.

Es verdad, que la sentencia ha abusado de “interpretaciones conforme”, puede que incluso haya rozado a través de ellas la responsabilidad constituyente que habría de depender del legislador; y por supuesto, tal abuso interpretativo dará espacio a los nacionalistas para incumplir la sentencia y esperar que los numerosos litigios que provocará les otorgarán el tiempo necesario para legislar en la impunidad a través de los “consumados “que convirtió en paradigma de desacato el imputado por corrupción, Lluís Prenafeta cuando ejercía de mano derecha del Presidente Jordi Pujol. Un escenario donde la Administración nacionalista tiene las de ganar. Por eso, ante evidencias tan claras, seguir lamentándose por una sentencia que no se ha ganado por goleada, está dejando vía libre al nacionalismo para vender otra sentencia en los medios, que les permita seguir conculcando los derechos de millones de españoles. En Cataluña y en el resto de España.

Y lo harán los nacionalistas, no los catalanes. Los catalanes somos todos los ciudadanos de Cataluña, los nacionalistas solo son una ideología catalanista empeñada en excluir al resto de catalanes que se resisten a su catalanismo obligatorio.

Antonio Robles, Portavoz de UPyD de Cataluña

upyd.es (4.08.2010)