El Estado contra el Estado

El 30 de septiembre de 2005, la Asociación emitió un comunicado con motivo de la aprobación del nuevo Estatuto en el Parlamento de Cataluña. El texto legislativo era el fruto dedos agitados años de trabajo, discusiones y escándalo y fue uno de los productos del ‘Pacto del Tinell’, por el que se sentaron las bases del primer tripartito el 14 de diciembre de 2003. En el documento fundacional del susodicho pacto, además de comprometerse a no establecer acuerdos de gobierno con el PP ni en el ámbito autonómico ni en el nacional, los firmantes (PSC, ERC e ICV-EUIA) se emplazaban a sí mismos a perseguir “más y mejor autogobierno para Cataluña”, lo que se tradujo –por mor de una ‘inspiración’ maragalliana– en la redacción de un nuevo estatuto.

La Asociación defendía en su comunicado que este nuevo marco legislativo para Cataluña era “innecesario [se elaboró de espaldas a la sociedad; en su momento, sólo el 14% de la población decía sentir la necesidad de cambiar el Estatuto vigente], inconstitucional [intentaba introducir el concepto ‘nación’ como una cuña destinada a romper el orden constitucional], insolidario [la bilateralidad y el tratamiento fiscal no son otra cosa que formas de privilegio], desestabilizador [asume y blinda competencias, instituye un poder judicial paralelo,…] y segregacionista [utiliza la lengua como instrumento de separación]”.

Casi cinco años después, la sentencia del Tribunal Constitucional ha venido a dar la razón a una buena parte de lo que la Asociación denunciaba. Entre los artículos total o parcialmente declarados inconstitucionales y los sometidos a interpretación, se desprovee el concepto ‘nación’ de contenido jurídico, se insiste en que la lengua castellana o española no puede ser barrida ni del ámbito institucional ni escolar, se desactivan buena parte de los instrumentos destinados a crear un poder judicial propio y se ponen cortapisas a los mecanismos ‘bilaterales’, destinados a hacer –de hecho– de España una ‘federación asimétrica’, según el sueño maragalliano.

Malo fue el proceso que condujo a la aprobación de este Estatut, mucho tuvimos que soportar los ciudadanos en forma de campañas institucionales y marginales para dar color al parto de los montes. Mucha alharaca para no conseguir activar ni a la mitad justa del electorado. Pero peor es lo que nos ha tocado vivir en las últimas semanas. En Cataluña ya estamos acostumbrados al espectáculo de la insumisión sublimadopor el recurso patriótico. Desde el referéndum de la OTAN, hasta la Ley de Banderas, pasando por la defensa a

ultranza de los insumisos militares, aquí se ha hecho de la desobediencia virtud. Sin embargo, nunca habíamos llegadotan lejos, nunca a tal grado de cinismo: las dos personas que encarnan la representación del Estado manifestando públicamente, sin rubor alguno, su voluntad y su propósito de desobedecer a quien está llamado a interpretar la Ley.

A nadie le cabe ya la menor duda de que lo que los impulsores del Estatut pretendían era una reforma de la estructura del Estado (en el sentido ya antes apuntado) orillando la Constitución. Es en este punto en el que el papel del partido del Gobierno resulta capital. Como el objetivo fundamental era (y es) abatir al PP, se ha ido construyendo poco a poco una política de enfrentamiento que hace imposible el pacto y, ante la imposibilidad del pacto –no es ni viable ni conveniente la resurrección del ‘consenso’–, se plantea un juego de mayorías que permita alcanzar los objetivos políticos sin la molesta ‘tara’ de tener que rebajarlos negociando con el contrario. Y, mientras la sociedad reclama desde hace años el entendimiento de los dos grandes partidos sobre las grandes cuestiones vertebradoras del edificio del Estado y de la nación, la política de confrontación nos hace sentir cada vez más intensamente el vértigo del precipicio. En esto, el partido del Gobierno cuenta a su lado con los partidos nacionalistas más o menos radicales. Y también cuenta con la colaboración inestimable del PP (como puede deducirse de la ‘sobriedad’ con que ha recibido la sentencia), que –en puertas de una posible victoria electoral tal vez incompleta– otea el poco poblado horizonte en busca de potenciales aliados.

El gran problema de todo este ‘juego’ político es que los desplantes del Presidente de la Generalitat (lean el Comunicado de la Asociación en página 3), las calculadas (?) y frívolas (?) declaraciones de intenciones del Presidente del Gobierno,las amenazas y el tono encendido y brutal de la crítica de los líderes catalanistas y de los medios de comunicación afines, tienen consecuencias cuya gravedad deberíamos advertir los ciudadanos y cuya deriva deberíamos tratar de corregir antes de que sea demasiado tarde.

En primer lugar, el victimismo y el ejemplo de la insumisión se difunden con facilidad y producen una sociedad descontenta y desobediente. Como el descontento se fomenta con argumentos de orden sentimental y demagógico, es poco definido y se vuelve con facilidad contra quien lo sembró. Otro tanto le ocurre a la desobediencia. Precisamente con motivo de la reciente manifestación, pudimos ver enfrentamientos con los Mossos d’Esquadra al grito de ‘fora forces d’ocupació’.

En segundo y último lugar, el laminado permanente de las instituciones del Estado, al que han contribuido como nadie en estas últimas semanas los presidentes de la Nación y de la Generalitat, sólo favorece a las pretensiones de los separatistas para cuyo negocio no hay mejor caladero que el río revuelto nacional.

A la Asociación le hubiera gustado una sentencia del TC más rápida y menos tímida, pero, desde luego, ha dejado “tocado” al Estatut y restituye algunos derechos que nosotros hemos estado reclamando durante 18 años. Liquida (?) la inmersión a todos los niveles, como no puede ser de otra manera en un régimen de cooficialidad de dos lenguas. La mejor prueba de su contundencia es la reacción desmedida que ha provocado en el catalanismo (aunque estaba preparada de antemano y la respuesta hubiese sido la misma cualquiera que hubiese sido la sentencia). Poco podemos hacer de momento, pero como primera provisión y de cara a las próximas elecciones, los ciudadanos deberíamos exigir un pronunciamiento inequívoco de todos los partidos acerca de la cuestión nacional y las que le son anejas (la lengua, sin ir más lejos).

Boletín de Tolerancia nº 52 (julio 2010)