La vida a 400 euros

La renta mínima fue creada en los años noventa para cubrir las necesidades de la población que había quedado fuera del sistema. Era y es todavía el último salvavidas al que pueden acogerse los ciudadanos cuando ya han agotado el resto de las opciones.

Antes del inicio de la crisis este fondo estaba consagrado a personas enfermas, a los ancianos que carecían de pensión y a ciudadanos que, por una u otra razón, habían quedado al margen del sistema. Ahora, en cambio, comparten este salario social con trabajadores autónomos que han cerrado su negocio o con antiguos empleados que ya han agotado todos los subsidios.

La asignación de la renta mínima oscila entre los 400 y un máximo de 700 euros al mes, en función del número de componentes de la familia. En Catalunya había, a fecha de mayo de este año, 25.700 personas titulares de esta prestación, lo que significaría, contando a las personas que dependen de ellos (2,5 de promedio), que algo más de 60.000 personas viven con este dinero procedente de los fondos públicos.

La renta mínima es lo más aproximado a la renta básica de ciudadanía, un viejo sueño progresista que pretende que todo ciudadano, sólo por el simple hecho de serlo, debe percibir una cantidad de dinero del Estado. Visto desde otra perspectiva, esos 400 euros son el precio máximo que está dispuesta a pagar la sociedad para evitar que la gente lo pase mal.

Muchos, sigue explicando este técnico, provienen de la construcción y sus sectores auxiliares. Son autóctonos e inmigrantes que comparten una escasa formación, aunque no faltan, por ejemplo, arquitectos cuyas oficinas se han ido al garete o comerciantes que han debido cerrar su tienda.

La financiación de este programa está vinculada al fondo de contingencia de la Generalitat. Por así decirlo, no tiene un techo de gasto. En el 2010 se presupuestaron inicialmente 99 millones de euros, pero es evidente que esa cantidad va a quedar superada. Ya el año pasado se alcanzaron los 109 millones en los doce meses. De hecho, un cálculo aproximado arroja ya un saldo de más de 130 millones de euros gastados hasta mayo.

Porque, a diferencia de lo que ocurría hasta finales del 2007, antes de que se desatara la crisis, si cada mes podían entrar 300 nuevos beneficiarios, otros 300 salían del programa con un empleo o un remedio a sus situación.

Ahora, especialmente desde el segundo semestre del 2009, entran setecientos y salen «pocos, muy pocos», admite Emilia Pallàs, la subdirectora general de Polítiques Laborals per la Diversitat del Departament de Treball. Al menos así ha sido hasta el pasado mes de abril, cuando la incipiente recuperación del mercado de trabajo ha dado, por primera vez, un respiro a los gestores de este programa.

Un reciente informe de la agencia salir del lado oscuro. Los de evaluación de programas primeros, los que presentaban de la Generalitat, Ivalua, dirigido problemas sociales vinculados a por David Casado, ha estudiado menudo a enfermedades mentales, el personal beneficiario de la el alcoholismo, la soledad o la renta mínima de inserción a lo prostitución, tardaban más en salir. largo de diez años. El estudio los De hecho, hay gente que lleva clasifica básicamente en tres grupos: diez años en el programa sin haber gente con un perfil social logrado levantar una nueva problemático; los que no lograban vida. Es decir, siguen viviendo de encontrar un empleo y que, la exigua ayuda que les presta la además, presentaban carencias Administración. sociales, y, finalmente, personas En cierto sentido, la descripción que no habían logrado encajar realizada por Ivalua señala, temporalmente en el mercado de al menos en términos estadísticos, trabajo. un ligero haz de esperanza

Estos últimos, por término medio, para la nueva generación de perceptores permanecían en el programa de la renta mínima. Los unos dos años, al cabo de los cuales que sólo carecen de trabajo – sin podían desengancharse de la ninguna otra dificultad asociada-renta mínima porque habían logrado acaban saliendo del programa porque logran volver al mercado de trabajo, siempre y cuando el mercado se recupere.

Los técnicos de la oficina metropolitana explican que «la primera entrevista suele ser muy tensa. Esta gente no está acostumbrada a pedir ayuda. Algunos están bloqueados emocionalmente, otros se muestran muy reivindicativos, sus expectativas son estratosféricas y esperan que la Administración solucione de golpe sus problemas, a menudo relacionados con dinero que deben y no pueden pagar. A todos les cuesta asumir que su vida no volverá a ser la de antaño».

Para muchos, ya sean nativos o inmigrados, «lo peor está aún por llegar – aseguran los técnicos de la oficina del área metropolitana que gestiona la renta mínima- Aún hay mucha gente que ve como todavía le quedan dos o tres meses del paro y luego algunos más de la ayuda familiar, pero ya se preguntan qué pasará después con ellos y sus familias».

La presión es creciente en las oficinas de los municipios donde se gestionan estas ayudas y donde el trabajo se ha multiplicado. Aunque se han incrementado las plantillas, en muchos municipios dan hora a tres meses vista para atender las primeras peticiones de los demandantes de ayuda.

Los trabajadores lo sufren. «No dejas de pensar que tú podrías estar perfectamente al otro lado de la mesa, pero lo cierto es que estamos acostumbrados a historias muy duras».