La Guardia Civil acredita cuentas en Andorra, Madeira o Suiza | Un informe vincula a un familiar de Alavedra con fondos en las Caimán
Santiago Tarín / Jaume V. Aroca – Barcelona.- Imputados en el caso Pretoria mantenían «estructuras fiduciarias en el exterior», según las investigaciones de la Guardia Civil y hecho que propicia que la Fiscalía Anticorrupción les acuse de blanqueo de capitales. En concreto, en el domicilio de Macià Alavedra se encontró un documento que acreditaba un depósito de tres millones de dólares en las islas Caimán, a nombre de la esposa del ex conseller y un intermediario financiero que opera con Alavedra.
La existencia de este presunto delito es lo que sustenta la competencia de la Audiencia Nacional para indagar supuestos fraudes urbanísticos, cuyas comisiones podrían pasar por paraísos fiscales.
De hecho, el caso Pretoria parte del registro efectuado en el despacho de abogados Pretus de Barcelona, llevado a cabo en el 2005 y en el marco de una investigación por blanqueo de capitales. Allí se encontró documentación relativa a Luis de Andrés García, Luigi. Este ex diputado del PSC e intermediario está acusado, entre otras, por la operación de Marina Badalona, donde se obtuvieron unas plusvalías de 13,5 millones de euros. En los cambios empresariales figura una sociedad llamada Schroeder Invest, en cuyo accionariado, según Hacienda, hay empresas con sede en paraísos fiscales.
Luigi aparece también en los informes del sumario como propietario de Marwood Internacional, con sede en Costa Rica, desde la que habría percibido parte de las comisiones pagadas por los inversores en aquella operación entre los que figura Eugenio Mora, ex propietario de Burberrys, investigado también en el caso Privanza.
En los informes que ha presentado la Guardia Civil al juzgado de la Audiencia Nacional se lee sobre Macià Alavedra y Lluís Prenafeta que «tienen intereses económicos fuera del territorio español». Concretamente, respecto de Macià Alavedra, se dice que tiene «una estructura fiduciaria mantenida con sociedades ubicadas en paraísos fiscales o países no cooperantes como Belice, Suiza, Principado de Andorra, Madeira». En la causa figuran conversaciones telefónicas intervenidas entre Alavedra y un intermediario de banca de Andorra, en el que hablan de inversiones y de traer 300.000 euros desde el Principado para el ex conseller. En los dos días en que este correo llevó presuntamente el dinero a Barcelona fue seguido por la Guardia Civil hasta las puertas de las oficinas del ex conseller de Economia.
En el informe de la Guardia Civil sobre las escuchas, se sostiene que en todas las conversaciones de Alavedra con el correo «se toman una serie de medidas de seguridad como no nombrar a la persona encargada de trasladar el dinero desde Andorra hasta Barcelona».
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Una trama con mucho arte
En los registros realizados en los pisos propiedad de Luis de Andrés García, Luigi, fueron localizadas 256 obras de arte. El inventario de las piezas, que hoy permanecen depositadas en el Centro de Recuperación de Bienes Muebles de Catalunya en Valldoreix, da una idea del volumen de dinero que había invertido en su colección. Había piezas de Miguel Berrocal, Gerardo Rueda, Erwin Bechtold, Penk o Francis Bacon. También había adquirido tres «grafías» de Pablo Ruiz Picasso, una obra de Vasarely y otra de Karel Appel.
También piezas de Luis Caruncho, Rafael Canogar o Pat Andrea del que adquirió un total de 10 láminas por valor de 114.000 euros. Algunas de estas obras tenían su correspondiente factura y habían sido adquiridas en galerías de Barcelona. Luigi acudía también al mercado internacional de arte, Por ejemplo, gastó 42.000 euros en la galería Philips de Pury de Nueva York o en la Kunsthaus Lempertz de Colonia donde pagó 14.000 euros. También, según el inventario del registro realizado en el domicilio de Lluís Prenafeta, se halló una importante colección de obras de pintores catalanes entre las que figuran piezas de Nonell, Modest Urgell, Eliseu Meifrèn, Joaquim Mir, Josep Roca Sastre, Josep Mallol, Manolo Hugué, Joaquim Vayreda. En este caso, la Guardia Civil se limitó a inventariar los certificados de cada obra.
La Vanguardia (26.05.2010)
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