Millet, Ferrovial y el dinero de CDC

Viñeta

Pese a lo que diga Convergència, los datos publicados ayer y hoy por este diario aportan novedades sobre el desfalco del Palau de la Música en relación con una posible financiación del partido nacionalista a través de Fèlix Millet.

Hasta ahora, CDC había zanjado las dudas sobre los convenios entre el Palau y la fundación Ramon Trias Fargas llegando a un acuerdo con los nuevos gestores para devolver a plazos lo ingresado indebidamente. Ahora, EL PERIÓDICO revela, con documentos que obran en el juzgado, que ese dinero que iba a parar a la Trias Fargas coincidía en el tiempo y en parte de los importes con los pagos de la constructora Ferrovial, adjudicataria de diversas obras públicas en la última etapa de CiU en el Govern como la L-9 del metro y la Ciutat de la Justícia. Como es algo más que una sospecha que las constructoras han financiado a partidos políticos de todo signo, es necesario aclarar si Millet pudo actuar en este caso también como intermediario en la financiación de CiU. Él mismo insinuaba esa posible condición en su primera confesión ante el instructor, pero la escasa credibilidad de Millet es otra razón para que el juez tenga que investigar. Además, no se trata solo del dinero que recibía la fundación ligada a CDC, sino que las sospechas alcanzan también a tres empresas que trabajaban para el Palau y para las campañas electorales de CDC.

Naturalmente, los datos publicados constituyen únicamente indicios que la investigación judicial tendrá que aclarar si esconden una financiación irregular de CDC, como apuntan ya los tres partidos que integran el Govern. El más beligerante fue ICV, que pidió la constitución inmediata de una comisión de investigación en el Parlament. El PSC y ERC se mostraron más prudentes y esperan las explicaciones de Artur Mas, aunque el vicesecretario socialista Miquel Iceta se atrevió a aventurar que el caso «puede ser el mayor escándalo de corrupción política de los últimos 30 años en Catalunya».

La apertura de una comisión de investigación parlamentaria, de cuya eficacia siempre hemos dudado porque las conclusiones se adoptan al final por mayorías políticas, no es lo prioritario. Lo imprescindible es que la fiscalía y el juez investiguen a fondo el caso para confirmar o descartar lo que ahora ya se ha convertido en motivo de confrontación política. La justicia debe trabajar y rápido. La verdad y la propia CDC tienen derecho a ello.

El Periódico-Editorial (20.05.2010)

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