“Poco ruido y menos nueces”; una superficial racionalización administrativa

Ramón Marcos Allo (UPyD)El pasado 30 de abril el Consejo de Ministros aprobó un Acuerdo – que no ha sido publicado hasta el 6 de mayo en el BOE – sobre racionalización de estructuras en la Administración General del Estado, reducción de altos cargos y reordenación del sector público empresarial. Desde UPYD no podemos dejar pasar la ocasión de analizar con algún detalle este sorprendente Acuerdo:

Llega tarde. Dos años después de que la crisis económica comenzara a mostrar toda su virulencia el Gobierno español (estaba anunciado para marzo) dicta su primera decisión relevante en racionalización organizativa cuando otras Administraciones autonómicas y europeas llevan haciendo sus ajustes desde hace tiempo..

Incumple lo acordado en el parlamento (no elimina Ministerios), es insuficiente por su reducido ámbito y no afecta ni a las CCAA ni a las entidades locales. Es cierto que se aclara que las Secretarías de Estado y el Ministerio de Asuntos Exteriores se dejan para después de la presidencia europea, pero algunos departamentos (Ministerio de Vivienda y de Política Territorial) salen ilesos de la quema a nivel organizativo (cero reducción de Direcciones Generales), y no será por sus amplias y constatadas competencias, mientras que otros macro-Ministerios se limitan a reducir una sola Dirección General (Ministerio de Industria, Turismo y Comercio) o consiguen que su reducción se limite a organismos autónomos (Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino). En total, se reducen 34 altos cargos (menos de un 10%) y 29 empresas públicas (quedan todavía 77 más 104 que no computan aunque el Estado cuenta con el 50%), todo para un potencial ahorro final de 16 millones de euros anuales. Por otra parte anuncian que van a tocar las fundaciones pero no dicen cómo un cuántas. La poda es por tanto simbólica y no supone ningún recorte de gasto significativo.

No obedece a ningún tipo de criterio técnico profesional. En efecto, como dice la futura ex directora de la Biblioteca Nacional el Acuerdo “contiene apreciaciones que nadie en su sano juicio puede compartir”. Así, no parece que se haya tenido en cuenta el número de personal a cargo (la Biblioteca nacional cuenta con más de 500 personas y otras 500 trabajan indirectamente para ella), ni su antigüedad (300 años la Biblioteca nacional, más de 50 el Instituto Nacional de Administración Pública), ni la importancia de los fondos que gestiona (el INAP más de 100 millones € sólo en formación continua) o de la función (¿la Secretaría General de Financiación Territorial no es importante en el Estado de las autonomías?), ni su protección legal (las Conferencias Hidrográficas aparecen recogidas como Direcciones Generales en el art. 29 de la Ley de Aguas, por lo que parece que antes habría que modificarla), ni su relevancia internacional, ni necesidades de eficacia y eficiencia (las duplicidades denunciadas por UPYD siguen existiendo) No, al parecer el criterio principal que más ha pesado en la reforma son “las relaciones personas” bien por las mala sintonía con el jefe (Director General para la Sociedad de la Información y su Secretario de Estado), por su escaso peso político o por haber sido nombrado/a por otro equipo anterior (Directora del Instituto Nacional de Administración Pública). ¿No hubiera sido más lógico eliminar la Dirección General del Libro, atribuyendo sus funciones a otras Direcciones que la Biblioteca Nacional? Imposible, chocamos con un protegido del Presidente.

La reforma no resulta creíble ni tiene visos de que vaya a ser efectiva pues el déficit sigue creciendo y también lo hace el gasto de personal (en el primer trimestre ha aumentado 231 millones, ABC, 4/05/2010). Por otra parte, muchos de los afectados o afectadas son funcionarios, lo que implica que se van a mantener en puestos provisionales, pero incluso los que no lo son nos enteramos que van a ser rápidamente recolocados (una asesora de prensa del Ministerio de Defensa según indica un Confidencial) y la propia Directora de la Biblioteca Nacional anuncia en El País (5/05/2010) que la ministra le ha ofrecido un contrato de alta dirección para continuar (¡toma ahorro!). Por tanto, bien pudiera ser que al final el gasto total aumentase, sin hablar de los costes de gestión y el desorden que este tipo de reorganizaciones produce. A ello se añade, que la eliminación de Consejeros o directivos que se deja al criterio de cada empresa afectada, fijando únicamente el porcentaje (¿cuál es el 10% de 3?), es decir que tendrán que cambiar estatutos, irse al notario…, y encima si son lentas e ineficientes con suerte llegan hasta las elecciones.

En definitiva, como nos tiene acostumbrados este Gobierno, estamos ante una mini-reforma chapucera, hecha por aficionados, basada en criterios clientelares y para proteger a los amiguetes de turno. En la que dicen ahorrarse 16 millones de euros, lo que como decimos es dudoso. Pero que no alcanza ni la cuantía de una de las pequeñas últimas subvenciones de la Junta de Andalucía: 18 millones de euros para un secadero de Jamón. El presidente sigue sin enterarse que para tener Ministerios “simbólicos” o de “mercadotecnia” existe la figura del ministro sin cartera y eso que Jordi Sevilla (El Mundo, 30 de abril de 2010) se encarga de recordárselo. No obstante, hay otra forma de hacer las cosas, con estudios serios, con criterios profesionales y objetivos, como ha demostrado UPYD con la presentación de varias Proposiciones no de ley en el Parlamento para evitar duplicidades, redundancias y poder contar con un Gobierno racional y eficaz, lo que también se refleja en su reciente libro “El coste del Estado Autonómico” (Fundación Progreso y Democracia, marzo 2010). Esperamos tener pronto la ocasión de demostrarlo pues este país se merece un Gobierno que funcione, creíble, que actúe con criterios de eficacia y eficiencia y no meramente propagandísticos.

Ramon Marcos Allo, miembro del Consejo de Dirección de UPyD

upyd.es (7.05.2010)

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