Una TV multada por publicidad engañosa tumba la concesión de licencias de la Generalitat

Dos empleados del centro de control de emisiones de la Torre de Comunicaciones de Collserola (Efe).La sentencia arremete duramente contra el CAC

Antonio Fernández.- La venganza es un plato que se sirve frío. Eso es lo que debieron pensar los directivos de la empresa Infraestructuras y Gestión 2002 (Ingest 2002), que acaban de obtener un veredicto favorable del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que anula la concesión de 37 de las licencias de televisión digital terrestre concedidas en el año 2005. Los 37 canales fueron adjudicados a televisiones públicas pero, según el fallo, éstas sólo deberían haber tenido 24 concesiones y las trece restantes deberían haberse concedido a operadores privados. 

La empresa que llevó las concesiones a los tribunales lleva planteando durante los últimos años un puñado de recursos -muchos de ellos ya desestimados- contra resoluciones de la Generalitat, del Consejo de Ministros y de diferentes administraciones autonómicas, como las de Madrid, Andalucía, Castilla-La Mancha, Canarias, Extremadura o Galicia. Su actuación en Cataluña no está exenta de polémica, ya que en el año 2005 fue multada por la Generalitat con tres millones de euros por fraude y por emitir sin licencia desde cinco canales, cuatro de ellos en Barcelona y uno en Tarragona. Infraestructuras y Gestión es una empresa con sede en Vitoria, propietaria de Canal Latino y de varias emisoras que emiten bajo el logotipo de MX. Estos últimos canales suelen programar casi exclusivamente concursos, contactos eróticos y tarot.

La empresa vasca ocupaba desde marzo del 2004, sin permiso, los canales 22, 28, 35 y 40 de Barcelona -las emisiones se realizaban desde el Tibidabo- y el canal 58 de Tarragona. En esta provincia, emitía desde la localidad de Castellvell del Camp.  El Gobierno catalán abrió cinco expedientes e impuso una sanción de 600.000 euros por cada uno de ellos. En enero del 2008, el Tribunal Supremo sentenció que las emisiones de los canales de Infraestructuras y Gestión 2002 provocaban “interferencias en otros servicios de televisión” y avalaba el precinto de los equipos. En noviembre del 2004, el Consell Audiovisual de Catalunya (CAC) también la denunció ante la fiscalía por “falsear concursos a través de teléfonos de tarificación adicional”. Lo que hacían, según el CAC, era plantear preguntas a los telespectadores y retener las llamadas para obtener más beneficios. Paralelamente, este organismo abrió un expediente por publicidad engañosa y por vulnerar la ley de protección de menores al emitir chats y publicidad de servicios eróticos en horario protegido. En esas fechas, también se presentaron denuncias por estafa ante la Guardia Civil de Reus

La sentencia dictada ahora por el TSJC -y que, según manifestaron a este diario fuentes de la Generalitat, se ha recurrido- pone en entredicho la concesión de las televisiones digitales locales de los ayuntamientos de Barcelona, Badalona, Hospitalet de Llobregat, Santa Coloma de Gramenet, Sant Adrià del Besòs, Sant Cugat del Vallès, Cerdanyola, Rubí, Mataró, Banyoles, Santa Coloma de Farners, Calella y Falset. De todos modos, estas fuentes afirman que “es muy floja, está poco fundamentada” y que “no se ajusta a derecho”.

De momento, el fallo del TSJC no obligará a dar marcha atrás a la Administración catalana. Paralelamente, en la sentencia se pasa cuentas con el CAC, que había avalado las concesiones. El texto del Tribunal Superior detalla que este organismo no puede autorizar la sindicación de más del 25% del contenido de las televisiones locales públicas, ya que no entra dentro de sus facultades, tal y como había denunciado Ingest. Contra Telecinco, Antena 3, La Sexta… Los enemigos de Infraestructuras y Gestión 2002 han sido muchos en los últimos años. Esta compañía, por ejemplo, recurrió también la concesión de la licencia a La Sexta. En octubre del 2007, el Tribunal Supremo sentenció que desestimaba el recurso, aunque el fallo contó con un voto particular del magistrado Óscar González. 

La misma empresa recurrió la concesión de canales de TDT a Antena 3, Telecinco, Sogecable, Veo y Net TV. En junio del 2009, el Supremo también desestimó estos recursos. Asimismo, en el 2007, presentó recurso contra el gobierno de La Rioja por haber concedido once emisoras privadas comerciales de radiodifusión pero en las concesiones se interpretaba que “el servicio soporte de transmisión de señales de radio debe ser prestado necesariamente por el operador público autonómico”. La compañía vasca acudió a la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) para oponerse a esta obligatoriedad y el dictamen fue favorable a sus tesis.

Ingest 2002 es una compañía sin apenas empleados pero que factura más de 1,8 millones de euros anuales. Su administrador único es Carlos Carrera, pero tiene cuatro apoderados: Antonio Joaquín Fábregues, Esteban Ortiz de Urbina, Miguel Ángel Prieto e Ignacio Sánchez Pasquín. Fábregues es un ejecutivo que preside la compañía Vídeo Medios, además de administrar media docena más de compañía, como Radiodifusión Digital (en la que figura como administrador solidario junto a los otros apoderados de Ingest), con sede en Fuenlabrada, o la Corporación Vasca de Radio. Ortiz de Urbina es administrador único de Sistemas de Transmisión de Fibra Óptica, de País Vasco Radio y administrador solidario de Astel Comunicaciones, junto a Miguel Ángel Prieto. Ignacio Sánchez, por su parte, es propietario de la compañía Difusión Herciana y de Difusión y Ventas.

El Confidencial (4.05.2010)

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