Gürtel, el principio del fin

Foto: LEONARD BEARDEl sumario que atenaza al PP

La trama generó un botín enorme repartido en tres partes: administraciones, partido y particulares

De 50.000 folios o, lo que es lo mismo, una columna de seis metros de papel, es la parte de la causa Gürtel de la que ayer se levantó el secreto. Una primera conclusión ha de señalarse: las problemáticas intervenciones de las comunicaciones en la cárcel entre los imputados presos y sus letrados, procesalmente, son un tema menor, pues, visto el material desvelado, los datos incriminatorios no provienen de tales conversaciones.

El mayor escándalo de corrupción de la democracia afecta, como mínimo, al principal partido de la oposición, con su extesorero nacional a la cabeza, a diputados y senadores estatales, a eurodiputados, a miembros de consejos de gobierno autonómicos –incluso a algún presidente–, a diputados autonómicos y a un buen número de munícipes. Todos ellos conectados por el principal imputado particular, Francisco Correa, quien, con su haz de sociedades interpuestas, en España y en paraísos fiscales, y un grupúsculo de adláteres ha hecho y deshecho contratas, convenios y concesiones dependientes de administraciones regidas por el Partido Popular. Según leemos, se confirman revelaciones anteriores. Todo indica que esta trama generó un botín impresionante, que se repartía en tres partes: entre administraciones, partido y particulares, aunque es de temer que las administraciones hayan sido las menos favorecidas en esta feria del latrocinio y del lujo hortera.

El botín dista de ser una golfería perpetrada en una barra americana si se tiene en cuenta lo que también se supo ayer: el instructor del caso Gürtel en Madrid ha decretado una fianza por responsabilidad civil –es decir, para restituir y/o reparar los daños causados por los delitos de los casi 70 imputados– de 200 millones de euros. Esto es algo menos del importe de inversiones reales programado para el presente ejercicio para el Ministerio de Justicia.

El caso Gürtel, como en su día el caso Guerra o Filesa, tuvo un inicio censurable: obtener financiación extra para los partidos titulares de las administraciones públicas afectadas y, en alguna medida, para las propias administraciones. Pero este desafuero se convierte claramente en delictivo cuando, aprovechando la necesaria opacidad de la trama ilegítima, sus muñidores, pícaros particulares y políticos sin escrúpulos, deciden quedarse con todo el flujo subterráneo. Lo que nace como una operación pretendidamente filantrópica acaba como lo que es: un acto de rapiña desmedida. Un acto más, este colosal, que ratifica que en España se considere, según estudios de Transparency International, casi igual de corruptos a los partidos políticos que al sector privado: un 27% contra un 29% de los encuestados así lo consideran.

Y es aquí donde está la llaga, donde hay que poner el dedo y verter sal y vinagre hasta que los poderes públicos decidan, recurriendo a la cirugía mayor si es necesario, purgar el pus, desinfectar y suturar. Es cierto que la legislación, tanto la de financiación de partidos políticos como la de contratación administrativa o de urbanismo, es manifiestamente mejorable. Pero no nos engañemos: para hacer un país mejor, esto es, dotarnos de una democracia de más calidad, de mucha más calidad, no bastan las leyes; son una condición, acaso necesaria, pero siempre insuficiente.

Dicho en plata: lo que se requiere para erradicar la corrupción que sufrimos es arrojar a la hoguera este subconsciente latente de estraperlistas que tanto abunda, especialmente entre los gañanes de medio pelo, que, sin que se sepa bien por qué, se sustraen a una razonable selección meritocrática y se encaraman a posiciones clave en ámbitos públicos y privados, lo que despierta cierta admiración, fruto, a su vez, de otro mal nacional: la envidia. Este círculo, secular en nuestra vida pública, es el que hay que romper. No es una cuestión de leyes; simplemente, es de decencia.

Pero, dicho esto, no vaya a creerse que la ley hay que dejarla de lado. Decía antes que la ley no es suficiente, pero sí necesaria. Más aquí, cuando una serie de sujetos han agujereado nuestro bolsillo, sorbiendo el dinero de todos y gastándose los millones en trajes, viajes, cuadros, vehículos de tierra, mar y aire, y cuchipandas varias. Eso se llama, como mínimo, malversación, soborno, prevaricación, falsedades documentales, tráfico de influencias, delito societario y urbanístico…

Además, el, por ahora, segundo partido político está implicado orgánicamente en la trama. Esto tiene una consecuencia muy singular en derecho penal: la responsabilidad criminal genera responsabilidad civil, esto es, la reparación o restitución es una deuda que hay que saldar. Algunos implicados pueden evitarla, pero un partido político no: de entrada, tiene su principal fuente de ingresos en las subvenciones electorales. Como a los clubs de fútbol la taquilla, a los partidos se les pueden embargar tales subvenciones. Es algo que en este contexto conviene recordar: no todo el monte es orégano y tirar con pólvora del rey, con la del pueblo en este caso, tiene un límite: que el rey, en este caso el pueblo, se canse de ser el pagano de una función en la que no pinta nada.

Joan J. Queralt, Catedrático de Derecho Penal de la UB

El Periódico (7.04.2010)

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