Cómo echar de los ayuntamientos a los enemigos de la democracia

Rosa Díez, portavoz de UPyDEl día seis de diciembre de 2008 presenté en el Congreso de los Diputados una interpelación al Gobierno sobre la necesidad de utilizar todos los instrumentos del Estado de Derecho para disolver los Ayuntamientos Gobernados por ANV. En nombre del Ejecutivo me contestó la entonces Ministra de Administraciones Públicas, Elena Salgado.

Los argumentos de la hoy Vicepresidenta Segunda –encargada de las fotos del Palacio Zurbano –, fueron, principalmente, de carácter personal. Vamos, que me afeó la conducta por “intentar sacar réditos”, “hacer ruido”, “actuar de cara a la galería” y “buscar protagonismo”. Y calificó mi petición –utilizar todos los instrumentos del Estado de Derecho para disolver los Ayuntamientos gobernados por un partido al que los Tribunales han calificado como organización terrorista– de imprudente.

Quienes jamás han estado en el punto de mira suelen hablar con total desparpajo de “las ventajas” que disfrutan quienes saben lo que es vivir expuestos y perseguidos. Yo estaba acostumbrada a oír tales “acusaciones” de boca de algunos dirigentes del PNV que tenían la desvergüenza de proclamar que presumíamos de vivir con escoltas. Pero nunca lo había escuchado en boca de un Ministro del Gobierno de España. Es por eso que le pregunté si con lo de la galería se refería, quizá, a la galería de tiro…

El debate sobre la cuestión continuó el día dieciséis de diciembre a través de una moción en cuyo debate intervienen todos los Grupos antes de ser sometida a votación. Tuve la oportunidad de explicar que los cuarenta y tres municipios gobernados por la organización terrorista con las siglas ANV pueden ser disueltos inmediatamente mediante un Real Decreto del Gobierno, simplemente aplicando la Ley de Bases de Régimen Local, concretamente su artículo 61. Les pedí que fueran conscientes de que esta situación (que hoy continúa)  resulta insostenible en términos democráticos.

Les recordé que en 2003, el 10 de marzo, se aprobó una Ley que lleva por nombre “Ley para la garantía de la democracia en los ayuntamientos y la seguridad de los concejales” en cuya exposición de motivos se explicaba con toda claridad el objetivo y el alcance de la misma: “Modificar determinadas normas de nuestro ordenamiento jurídico, de manera que se permita hacer realidad la decisión de aislar a los terroristas, garantizando una mayor eficacia en el uso de los recursos de los que dispone nuestro sistema político”.

Les expliqué que lo que pedíamos no era que se ilegalizara de forma generalizada a ANV: eso ya lo acababa de hacer el Tribunal Supremo; le pedíamos al Gobierno que utilizara la ley sin atajos, de forma recta, para aquello que estaba prevista, aplicándola sin arbitrariedad y sin cálculo.

Les expliqué que nuestra propuesta no persigue otra cosa que dejar sin armas políticas y económicas a los enemigos de la democracia; y que por eso me habían llegado a preocupar unas declaraciones realizadas por el Presidente del Gobierno (que intervino fuera de la Cámara sobre el debate) en las decía que había que extirpar las células cancerígenas del terrorismo con cuidado de no rozar el pluralismo. Y que precisamente para defender la sociedad plural y democrática es para lo que es necesario utilizar todos los instrumentos legales a nuestro alcance; todos, ni uno más pero ni uno menos.

Les recordé que el artículo 61 de la Ley de Bases de Régimen Local (que se utilizó para disolver el Ayuntamiento de Marbella) le confiere al Gobierno la iniciativa política para actuar y para iniciar el procedimiento que más tarde obtendrá la sanción judicial; y que negarse a hacerlo aludiendo a posibles riesgos de que los tribunales no le den la razón es abdicar de cumplir con sus responsabilidades. Y que esa “cautela,” intencionada políticamente, es la que ha llevado a que cuarenta y tres municipios del País Vasco y Navarra estén gobernados por una organización terrorista.

Les insté a que revisaran el articulado de la ley y se preguntaran si en esos municipios no se dan las circunstancias que la Ley exige para iniciar un procedimiento de disolución: “apoyo tácito o expreso” al terrorismo. ¿Qué más apoyo tácito se puede exigir para actuar que la constatación de que han sido elegidos en la lista de un partido político al que los tribunales (nacionales e internacionales) han considerado que forma parte del entramado de ETA?

La respuesta de los grupos estuvo a la altura de la del Gobierno. El diputado Ridao (ERC) dijo que el desalojo democrático que yo exigía supondría “ilegalizar ideas” y “dejar huérfanos de referente político a una parte no desdeñable del pueblo vasco”  El diputado Hernando (PSOE) dijo que les producía “una aversión democrática total que representante de partidos políticos ilegalizados que no condenan la violencia estén al frente de ayuntamientos en el País Vasco y Navarra”. Dijo también algo sorprendente: que debiéramos estar celebrando que la UE había metido en la lista de organizaciones terroristas al PCTV y a ANV. Y después  repitió eso de que hay que ser leales con las instituciones y la ciudadanía y no traer estos debates a la Cámara…Finalmente anunció que votarían en contra.

El diputado Olabarría (PNV) fue aún más lejos al acusarme de convertir a los miembros de ANV en “conniventes del terrorismo” y de intentar excluir “a uno de los hermanos Karamazov para conseguir réditos políticos en el sentido más bastardo de la expresión”.

El resultado de la votación fue el previsto: conseguí el apoyo del Partido Popular y el resto de la Cámara votó en contra. Pero lo más deprimente es que nadie escuchó los argumentos a favor de disolver los ayuntamientos gobernados por una organización terrorista aplicando una ley vigente; nadie hizo caso porque unos y otros, por una u otra razón, tenían la posición decidida: nada de cerrar las puertas abiertas a ETA, nada de arriesgar posibles futuras alianzas, nada de arriesgarse a no poder constituir gestoras, nada de montar un lío nuevo, nada de asumir que hicimos mal dejándoles entrar… Que cada cual sitúe a los personajes en cada una de estas “disculpas”. Lo cierto es que hace quince meses perdimos una oportunidad de oro de acabar con la impunidad de estos cargos públicos locales que siguen gestionando nuestras vidas con los impuestos que pagan todos los ciudadanos españoles. Y que merced a su posición institucional tienen acceso a información delicada y personal de cientos de miles de ciudadanos que viven en Euskadi y en Navarra.

Ahora que el Gobierno anuncia medidas para evitar que ETA acceda a las instituciones en las elecciones locales del 2011 quiero recordar que falta un año para que eso ocurra; y que durante ese año los terroristas seguirán al frente de cuarenta y tres ayuntamientos del País Vasco y Navarra. Quiero recordar que sigue en vigor el artículo 61.2 de la Ley de Bases de Régimen Local.  Que ese artículo dice que “el Consejo de Ministros, a iniciativa propia y con conocimientos del Consejo de Gobierno de la comunidad autónoma correspondiente o a solicitud de este y en todo caso previo acuerdo favorable del Senado, podrá proceder mediante real decreto podrá proceder a disolver los órganos de las corporaciones locales en el supuesto de gestión gravemente dañosa para los intereses generales, que suponga incumplimiento de sus obligaciones constitucionales”.

Estoy encantada del anuncio del Gobierno sobre el futuro marco legal en relación con el terrorismo. Pero le pido más: le pido que actúe inmediatamente con la Ley en la mano y disuelva los ayuntamientos gobernados por ANV. Porque no creo que haya un ciudadano en toda España al que le parezca que la gestión de los ayuntamientos gobernados por ANV no sea gravemente dañosa para los intereses generales, además de suponer un incumplimiento de sus obligaciones constitucionales. Porque el Art.61 de la mencionada Ley, por si alguien tenía alguna duda, dice en su apartado 2  que “se considerarán gravemente dañosas para los intereses generales, en los términos previstos por el apartado anterior, los acuerdos o actuaciones de los órganos de las corporaciones locales que den cobertura o apoyo expreso o tácito, de forma reiterada y grave al terrorismo o a quienes participan en su ejecución, lo enaltezcan, lo justifiquen, y los que menosprecien o humillen a las víctimas o a sus familiares”.

No sé si cabe menosprecio o humillación mayor que gobernar al grito de ¡Gora ETA!, pedir aplausos para los terroristas o no condenar nunca jamás un atentado. No se tampoco a qué espera el Gobierno para actuar; no se que tiene que ocurrir para que utilicen, de veras, todos los instrumentos que el estado de derecho tiene en su mano  para cerrar las puertas al terror y a sus cómplices.- No se por qué hay que mantener todo un año más a los terroristas en las instituciones.  Y como no entiendo por qué no se hace lo que se debe y puede dentro de la lógica democrática, vuelvo a insistir y vuelvo a pedir al Gobierno que acaba de anunciar que van a ser los campeones del mundo en la lucha contra el terror que lo demuestren ya. Y le pido al Ministro Rubalcaba que ponga en práctica el eslogan que le gusta repetir, ese de “o bombas o votos”. Pues eso: los de las bombas, los que el Supremo y el Constitucional han determinado que son de los de las bombas, a la calle. Y para eso, Ministro, apliquen ustedes el 61.2 de la Ley de Bases de Régimen Local, ese artículo que se modificó cuando el Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo estaba en vigor precisamente para eso: para garantizar la democracia en los ayuntamientos y la seguridad de los concejales. Para que los de las bombas no ensucien la democracia y para que los concejales de los partidos que sólo utilizan la palabra vivan más seguros.

¿Lo harán? Tengo pocas esperanzas; pero, en todo caso, nosotros se lo recordaremos cada día; y ojala nadie tenga nunca que arrepentirse por no haber actuado a tiempo.

Rosa Díez

blog de Rosa Díez (27.03.2010)

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