No hay peor sordo que el que no quiere o

No hay peor sordo que el que no quiere oír, ni peor profesor que el que no quiere aprender. Al ciudadano de a pie afectado por la regulación actual de este injusto impuesto en Cataluña no le sirven las frases pretendidamente brillantes de profesores encerrados en su urna académica, que se regodean en sus propias teorías y se retroalimentan de ellas sin bajar a la calle a conocer la realidad. Y, en este caso, el profesor Ovejero da la impresión de pertenecer a esa casta. Algunos tampoco estamos de acuerdo con las propuestas de otros profesores como Guillem López Casasnovas o Antoni Duran-Sindreu sobre este tributo, pero ellos al menos son capaces de elaborarlas con una extraordinaria seriedad y solvencia a partir de una percepción de la realidad bien patente en sus razonamientos y de elaborar sus alternativas fundamentándose en datos objetivos de dicha realidad, algo de lo que este artículo carece. En cambio, el profesor Ovejero nos regala una perorata con múltiples ideas entrelazadas todas ellas bajo un indicador común, el de ignorar la realidad y los argumentos aportados por los detractores del impuesto de sucesiones en su formulación actual en Cataluña y, en cambio, pone en boca de éstos las ideas y argumentos que más le convienen para desarrollar el artículo, aunque haga lustros que esos argumentos hayan quedado superados por el avance de la sociedad y, desde luego, no sean los que se esgrimen desde posiciones opuestas a la suya. Señor Ovejero, usted precisamente no debería confundir churras con merinas. Desconozco en qué emisora de radio ha escuchado usted esa “homilía de que los impuestos son un robo” pero puedo asegurarle que eso nunca se nos ha pasado por la cabeza a los que no estamos conformes con el expolio impositivo sobre los legados “mortis causa”. Solamente el hecho (hechos, señor Ovejero) del favorable trato fiscal que, como se dice en un comentario anterior, se da a esos mismos legados si se hacen “inter-vivos” debería alertarle a usted sobre la cruda realidad. Cabría añadir que un impuesto en el que los legados de empresas familiares o participaciones en empresas se deducen en un 95%, dentro de un marco fiscal en el que también existen las SICAV con su particular tratamiento impositivo y con las facilidades para deslocalizar personas y fortunas a otras Comunidades Autónomas que posibilita el actual ordenamientoa quien tenga capacidad para ello (hechos otra vez, señor Ovejero) no configura el escenario idóneo para abogar a favor de que siga el expolio de la clase media, única controlada en todos sus aspectos tributarios y que está atada, para bien y para mal, a seguir residiendo en Cataluña. Por no hablar de los agravios inter-territoriales. Tratándose de un impuesto que, si bien afecta particular y dolorosamente a la clase media y a una familia tras otra, en sí representa solamente alrededor de un 2% de los ingresos totales de la Generalitat, ¿por qué este enconamiento, por no decir ensañamiento, cuando en estos días se está hablando de porcentajes de defraudación tributaria mucho mayores que, como es bien sabido, se comete desde otros estratos de la sociedad? Combátase en buena hora el fraude fiscal. Si el impuesto de sucesiones debe existir por razones ideológicas del gobierno de turno, no se utilicen éstas para aplicarlo con una mano, mientras con la otra se trata a las donaciones en vida con distinto rasero. Exonérese de él a los que han conseguido reunir un pequeño o gran patrimonio a base del trabajo diario y el ahorro y no del movimiento especulativo de grandes capitales. Refórmese en ese sentido, pero valientemente, no con tímidos cambios, insuficientes y dilatados en el tiempo a dos años vista, como acaba de hacerse. Y, sobre todo, seamos serios y atengámonos a la realidad efectiva, no a la utópica.

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