En un país democrático, cualquiera que también respete la democracia, como es el caso de Rosa Díez, tendría que tener la libertad de expresar su opinión a través de cualquier foro. Y los responsables de las instituciones o los medios desde los que se expresan las opiniones tienen la obligación de garantizar esa libertad. Me parece repugnante que existiendo en España grupos de fascistas organizados -y subvencionados-, que tienen como único objetivo degradar el funcionamiento democrático normal, sean precisamente las víctimas de esos fascistas las que indignan a algunos.
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