Las instituciones públicas pueden conta

Las instituciones públicas pueden contar con profesionales idealistas, completamente alejados de la imagen estereotipada del funcionario vago y vividor, que dejan la piel por las personas a las que prestan un servicio. Pero también contamos con una clase política convertida en una nueva aristocracia que se ha fundido con los intereses del Capital y que utiliza su posición privilegiada para seguir aumentando su poder. Ahí tenemos a un supuesto socialista como José Montilla, cuyo Ejecutivo dilapida el erario público en nombre de la “construcción nacional” mientras él mismo se permite la desfachatez de plantear la titularidad compartida de la Sanidad. Así, de esta manera, se cierra el círculo de intereses. Dejación de las responsabilidades de la Administración para convertir sus funciones sociales en algo parecido a la beneficiencia, con unos servicios cada vez más masificados y degradados. Y, por el lado inverso, unos intereses mercantilistas particulares que sacan partido de esta corrosión interna en el sector público. Con el tema de la inmigración pasa lo mismo. Observamos un conflicto creado por unos responsables públicos -el ojo del huracán está en las más altas esferas del poder- que persiguen unos objetivos distintos de los que tienen asignados. Todo es debido a la corrupción del Estado en sus diferentes instancias -aquí, en España, estaríamos hablando de un Ejecutivo central, de comunidades autónomas y de Administraciones locales- que rompen tácitamente el pacto del contrato social y permiten que se acabe instalando entre la ciudadanía el impotente y mezquino discurso de la xenofobia más trasnochada. No queramos buscar entre los más desamparados la razón de nuestras desgracias porque es lo que pretenden los que realmente las provocan.

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