El ‘nuevo orden’ territorial de Cataluña subleva a parte de los socialistas catalanes

Las veguerías fueron la división territorial de las tierras catalanas desde el siglo XII al XVIIILas veguerías quieren sustituir a las diputaciones

Àlex Baiget.- El Gobierno catalán ha dado esta semana el pistoletazo de salida a la Ley de Veguerías. Se trata de un nuevo proyecto de reorganización del territorio catalán que pretende sustituir las cuatro Diputaciones provinciales actuales por siete consejos de veguerías. Las veguerías fueron la división territorial de las tierras catalanas desde el siglo XII al XVIII. Sus antecesoras fueron los condados. A partir del Decreto de Nueva Planta de Felipe V, se constituyeron los corrigimientos. Después de Napoleón, se dividió Cataluña en 4 departamentos. Y en 1833 se llegó a la división de provincias y partidos judiciales. Ahora, a propuesta de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), quiere recuperarse la división en veguerías, adecuada a la estratificación territorial actual. Pero la polémica está servida. 

La ley de vegueries ha sido redactada por el consejero de Gobernación y Administraciones Públicas, Jordi Ausàs (ERC), y se tramitará por vía de urgencia. La Generalitat quiere crear las veguerías de Barcelona, Terres de L’Ebre, Lleida, Catalunya Central, Alt Aran-Pirineu, Girona y Camp de Tarragona, sustituyendo así las cuatro diputaciones. ¿Una nueva estructura superpuesta a las actuales administraciones? ¿Mayores costes para la Administración? ¿Oportunismo electoral?¿Cataluña dejará de tener cuatro provincias? ¿Qué pasará con las Diputaciones? ¿Cataluña será la única comunidad que no tendrá esta institución? Depende de quién lo explique, nada cambiará; o al contrario: al territorio catalán, cuando concluya el proyecto, no lo reconocerá ni su madre.

Miquel Àngel Estradé, diputado de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y ponente relator de la ley, señala a El Confidencial que “nuestro primer objetivo es conseguir una reivindicación histórica de organizar Cataluña que sustituya a una forma impuesta que no responde a nuestras necesidades económicas ni culturales. Se trata de reorganizar el territorio de una forma coherente”. Según Estradé, “con esta nueva organización permitiremos que regiones periféricas tengan la posibilidad de contar con un centro administrativo de decisión y de poder propios, ya que muchas veces se encuentran muy lejos del centro de poder”.

Ante las acusación de que se amplía la administración y el gasto, Estradé subraya que “entendemos que con esta ley se simplificará la administración y ésta será menos costosa”. En igual sentido, se manifiesta el diputado socialista Roberto Labandera, quien rechaza de plano que ello implique mayor gasto público. “Abaratará la Administración”, afirma a El Confidencial.

La oposición no lo ve tan claro. “Al contrario de como nos lo quieren vender, se plantea un desdoblamiento de gastos en la administración”, señala a este diario la diputada del Partido Popular Àngels Olano. Y subraya que “este proyecto responde a la voluntad nacionalista catalana de administrarse como quiera, sin tener que responder al Estado”.

Una modificación legal difícil

La cuestión del gasto público no es el único problema con que tendrá que lidiar el texto de la ley. “Lo ideal sería poder modificar los límites territoriales y por eso sabemos que no va a ser un proceso rápido debido a que hay que modificar una ley orgánica”, afirma el republicano Estradé. Y es justamente éste el principal escollo que tiene que superar, ya que el título VIII de la Constitución señala en su artículo 137 que “el Estado se organiza territorialmente en municipios, provincias y en las comunidades autónomas que se constituyan”. Por tanto, no contemplan otra forma de organización. Por ello, algunas voces en el resto de España ya han comenzado a cuestionar la constitucionalidad de la ley que prepara la Generalitat.

El reto aumenta su dificultad si tenemos en cuenta que 29 municipios, a ojos de la Administración central, cambiarían de provincia: el Estatuto prevé la división de Cataluña en provincias, comarcas y veguerías. Y, si bien es cierto que las primeras se mantendrían como administración territorial del Estado y como circunscripcion en las elecciones generales, la aplicación de las comarcas obligarían a cambiar los límites provinciales para hacerlos coincidir. Luego, la aplicación de los nuevos organismos de las veguerías (consejos de veguerías), que sustituirían a las Diputaciones provinciales, provocarían también un cambio en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Loreg).

Aún así, Estradé subraya que “si hay uniformidad entre las filas catalanas, este proceso llegará a buen puerto y venceremos la mentalidad uniformista de Madrid, que no entiende que desde Cataluña queramos organizar nuestro propio territorio”.

Desde el PP se arremete contra el proyecto. Àngels Olano señala que “lo que plantea esta ley son grandes problemas legales, ya que la Constitución es intocable”. Y enfatiza la necesidad de modificar una ley orgánica, lo que no es fácil. Desde Ciutadans, se rechaza también la ley. El portavoz de esta formación, Jordi Cañas, explica a El Confidencial que “esta medida es del todo inoportuna en un marco de crisis como en el que nos encontramos”. “Esta ley responde a una ilusión de origen medieval y Montilla ha aceptado un chantaje de los independentistas para poder seguir gobernando”, subraya.

Para Cañas, “lo que aquí se oculta son las ganas de los partidos políticos de mantenerse en el poder creando nuevos organismos para colocar a los suyos”. A juicio del portavoz de Ciutadans, “lo que hay que hacer es suprimir administraciones, no crear nuevas ya que el territorio catalán es suficientemente pequeño como para que encima tengamos que hacer más divisiones”. Acusaciones de oportunismo electoral

Desde Convergència i Unió, no se muestran en contra de la nueva división, pero critican la forma en la que la están articulando.  El diputado y secretario ejecutivo de Territorio, Acción Municipal y Militancia de Convergència, Lluís Corominas, afirma a este diario que “lo que nosotros criticamos es el oportunismo en sacar a finales de legislatura esta ley”. “El texto, tal como está planteado, no tiene contenido y necesita de modificaciones legislativas a nivel estatal que no se podrán realizar en esta legislatura por falta de tiempo”.

Corominas insiste en que “no estamos en contra de las veguerías, sino en el cómo se quieren conseguir con este punto de improvisación. No hay un estudio firme en cómo hacerlo y parece que tan sólo hay la necesidad de sacarse esta propuesta electoral de encima para luego marcarse el tanto de que ellos la han cumplido”.

El socialista Roberto Labandera rechaza las objeciones de Corominas. “La acusación de que hemos sacado esta ley al final de la legislatura para anotarnos un tanto político es injusta . Hace mucho tiempo que estamos trabajando en el proyecto y lo seguiremos haciendo en estos nueve meses que nos quedan por delante”. El diputado del PSC reconoce que es difícil conseguir aprobar una nueva división territorial y admite que “éste es un proceso con diferentes fases. La más crítica será cuando pretendamos una nueva división del territorio. Entonces tendremos que luchar por la modificación en la ley orgánica, pero por ahora vamos paso a paso”.

A los socialistas catalanes, sin embargo, le puede causar más de un quebradero de cabeza entre sus propias filas el ceder a esta reivindicación histórica de ERC. El Vall d’Aran, el territorio más occidental de Cataluña, ubicado en pleno Pirineo -donde se asienta la estación de esquí Baqueira Beret-, está incluso dispuesto a independizarse de Cataluña si sigue adelante el anteproyecto de la Generalitat de incluir esta comarca dentro de la veguería del Alt Pirineu. El síndico de Aran y diputado del PSC, Francés Boya, ya advirtió que “si no se nos escucha y no podemos defender los derechos de nuestro país de otra manera, pues quizás pediremos la independencia”.

Otro socialista que no ve con buenos ojos esta nueva ley es el alcalde de Lleida, Àngel Ros, que no está de acuerdo con la partición de la provincia leridana en dos y que el Solsonès pase a formar parte de la Catalunya Central. Ros aboga por “el modelo que ha funcionado hasta ahora”. Sin embargo, desde la Diputación de Lleida, en manos de ERC, la propuesta se valora positivamente.

Y no todo el territorio está contento. Los ayuntamientos del sur de Barcelona exigen la creación de la veguería del Penedès para tener un mayor peso dentro del territorio. Y ciudades con una cierta influencia, como Reus, Vic o Ripoll, capitales de comarca, dejarán de tener esta capitalidad, por lo que también han puesto reparos al nuevo orden territorial que pretende instituir la Generalitat porque se diluirá su influencia en el nuevo organigrama.

El Confidencial (22.02.2010)

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