La Generalitat destituye a la interventora de Santa Coloma

Núria Parlon (PSC), actual alcaldesa de Santa Coloma de GramenetMaite Carol, que se enfrentó a la nueva alcaldesa por los errores técnicos del presupuesto del 2010, es una testigo clave del caso Pretoria

Luis Benvenuty – Santa Coloma.- Maite Carol, la hasta ayer interventora del Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet, ha sido fulminantemente destituida por la Generalitat. Su puesto será ocupado por un interventor de carrera que, según el Ayuntamiento, habría pedido ahora ocupar la plaza que ella cubría interinamente.

El nombramiento se produce apenas una semana después de que un informe firmado por Carol obligara a la nueva alcaldesa, Núria Parlon, a retirar el proyecto de los presupuestos porque contenía graves desajustes que el propio gobierno municipal, implícitamente, admitió. Ayer, el portavoz del Ayuntamiento, Joan Carles Mas, aseguró que el municipio era absolutamente ajeno a este nombramiento del Departament de Governació, que aparta a Carol del control financiero que había tutelado desde hace cuatro años.

La destitución de Maite Carol es, en este sentido, más relevante porque ella es una de las principales testigos del caso Pretoria, dado que buena parte de los hechos que está investigando Garzón en Santa Coloma pasaron por sus manos y, casi siempre, obtuvieron su informe contrario. La ex interventora cuenta formalmente con el amparo de la Audiencia Nacional. Personas próximas a Carol explicaron ayer que, al menos hasta anoche, ni el gobierno de la ciudad ni Governació le habían comunicado la destitución. En cualquier caso, parece que, tras la intervención del juez Garzón el 27 de octubre, todo se complica en Santa Coloma.

Mientras la Generalitat tramitaba el nombramiento del nuevo interventor, la Oficina Antifrau de Catalunya fulminaba al gerente y al director técnico de Gramepark. Deslealtad, ruinosa gestión, tráfico de influencias… son las razones que han llevado a los interventores designados por el juez Garzón a exigir al Ayuntamiento el cese en el menor tiempo posible de los principales gestores de esta empresa municipal intervenida judicialmente por la Audiencia Nacional desde principios de diciembre, a fin de dilucidar las sospechas de corrupción abiertas por la operación Pretoria.

Ayer por la mañana, tres interventores acompañados de dos guardias civiles se personaron en la sede de Gramepark y comunicaron al gerente, Manuel Sierra, y al director técnico, Jordi Nadal, que eran destituidos de sus empleos. Los agentes abandonaron las oficinas a mediodía tras llevarse algunos documentos.

Los interventores judiciales entienden que Sierra, gerente desde 1997, habría obrado de un modo desleal, “contribuyendo así a la hoy constatada comprometida situación financiera patrimonial de Gramepark y, por tanto, indicativas de su deficiente gestión profesional”. Gramepark está siendo sometida actualmente a una auditoría por parte de Deloitte para conocer el alcance del agujero de la empresa que, hasta el momento, se ha cifrado en 85 millones.

Igualmente graves son las sospechas de los administradores judiciales sobre el director técnico de Gramepark. Aseguran que “habría llevado a cabo conductas de grave deslealtad hacia la sociedad, incurriendo en graves irregularidades en la contratación consistentes en la adjudicación a favor de sociedades con las que mantiene intereses personales”. Con toda probabilidad, el juez decidirá abrir una pieza separada, al margen del sumario de Pretoria, sobre estos extremos.

La alcaldesa Núria Parlon dejó ayer a su concejal y portavoz, Joan Carles Mas, la labor de explicar a los medios de comunicación la postura del Consistorio en los dos embrollos del día: el cese de la interventora y la destitución de dos cargos de Gramepark que el gobierno de la ciudad había mantenido en sus puestos tras la irrupción de la Guardia Civil en el Ayuntamiento el pasado 27 de octubre.

El nuevo gerente de Gramepark será Óscar García, designado por la intervención judicial de la empresa. El pleno del Ayuntamiento se limitará a formalizar ese nombramiento.

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LA DIMISIÓN QUE NUNCA LLEGÓ A VOTARSE

Manuel Sierra, el gerente de Gramepark, pudo esquivar un primer intento de decapitación nada más desatarse la operación Pretoria. Y es que, según explican fuentes de la oposición municipal colomense, a principios de noviembre, mientras Manuel Dobarco, presidente de Gramepark, se hallaba en prisión incondicional, el presidente en funciones de la sociedad municipal, otro concejal del PSC, propuso al consejo de administración solicitar la dimisión del gerente de la empresa. El PP quería la cabeza del gerente, pero CiU y ICV-EUiA pidieron que se planteara al menos algún argumento.

La propuesta no llegó luego a votarse por la división aquella tarde reinante entre los representantes socialistas en el consejo. Entonces nadie dijo nada del director técnico.

La Vanguardia (5.02.2010)

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