La Audiencia Nacional podrá cerrar webs en 4 días a petición del Gobierno

El ministro de Justicia, Francisco Caamaño (Efe). A. Mendoza.- La Audiencia Nacional será la encargada de autorizar el cierre de las páginas web que la Comisión de Propiedad Intelectual señale como piratas. Y lo hará en un máximo de cuatro días, en los que tendrá que escuchar a todas las partes. Así lo ha aprobado hoy el Consejo de Ministros, modificando el texto de la Ley de Economía Sostenible (LES) que provocó el rechazo masivo de los internautas, y que puso contra las cuerdas a la ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde.

Francisco Caamaño, titular de la cartera de Justicia, explicó este viernes tras la reunión del Gobierno que se trata de una medida “ágil y eficaz”, que protege el derecho a la propiedad intelectual, pero también derechos fundamentales como la libertad de expresión. La primera redacción de la LES generó una gran inseguridad jurídica en las empresas y usuarios de la Red, ya que confería a un órgano administrativo el poder de censurar un sitio en internet. El procedimiento para cerrar un web queda ahora como sigue. En primer lugar, la Comisión de Propiedad Intelectual, dependiente de Cultura, recibirá las quejas de los ciudadanos sobre páginas supuestamente piratas, y podrá llevar a cabo una investigación. Se espera que, en un primer momento, haya una avalancha de denuncias, especialmente desde entidades como la SGAE o la Coalición de Creadores.Este órgano gubernamental se pondrá en contacto con los responsables de la web para exigirles que cesen su actividad, y, en caso de no conseguirlo, se dirigirá a la sala de lo contencioso administrativo de la Audiencia Nacional. Allí, un juez autorizará en un máximo de cuatro días, tras escuchar a las partes, el cierre de la web. Para ello, el Ejecutivo aprobó ayer un nuevo proyecto de ley que reformará la Ley Orgánica del Poder Judicial, de modo que se le otorgue a los magistrados esta competencia.

El Gobierno busca con esta normativa satisfacer a todas las partes, pero parece difícil que la introducción de la supervisión judicial para el cierre rápido de webs calme a las asociaciones de internautas, expertos, editores y activista de la Red que tan duramente se han manifestado contra los planes del Ejecutivo. La mayoría considera que el juez debe entrar a valorar el fondo del asunto, y no sólo si la temida Comisión es el órgano competente para pedir el cierre. Asimismo, opinan que ya existen procedimientos judiciales para determinar si se debe censurar o no un sitio en internet, y que generalmente los tribunales se oponen a los cierres. Probablemente, el breve periodo de cuatro días concedido a los jueces también levantará sospechas entre los internautas, ya que hasta ahora se venía manejando el plazo de un mes como la vía rápida para decidir sobre una web.

En todo caso, la LES inicia un camino en el que puede sufrir nuevos cambios, ya que debe ser examinada por diferentes órganos consultivos antes de llegar al Congreso, y luego ser objeto de debate por los grupos parlamentarios. Una tramitación que no estará exenta de polémica.

El Confidencial (9.01.2010)

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