Ética policial, ya

Foto: LEONARD BEARDUna norma para una policía democrática

El proyecto de Código Ético Policial de Catalunya se ajusta a las indicaciones del Consejo de Europa

Hoy concluye el periodo de información pública del proyecto de Código Ético Policial de Catalunya. A partir de esta fecha, el Gobierno catalán, aplicando las recomendaciones del Consejo de Europa, va a tener la oportunidad de ser el primer Gobierno europeo que dota a sus policías de un instrumento legal que regula la actuación policial en todas sus facetas con criterios claros, precisos y decididamente democráticos. Un código que afronta en 104 artículos, como no se ha hecho hasta ahora en el Estado español, la función policial en la prevención del delito, en la investigación del mismo, en las diligencias de identificación de las personas, en la detención y custodia de detenidos, en el uso de la fuerza y de las armas de fuego y en ámbitos que afectan a personas en una situación de especial vulnerabilidad, como en los supuestos de afectación por el consumo de drogas, de trastornos mentales, inmigración y, especialmente, ante la violencia machista y familiar. Y lo hace para superar una situación que hoy no admite explicación: las policías catalanas, Mossos d’Esquadra y policial locales, están sometidas a los principios de actuación que se fijaron en la Ley estatal de 1986.

Por otra parte, así lo aconseja la jurisprudencia de los tribunales, desde el Supremo (TS) hasta los de Catalunya. En los últimos meses, el TS ha ratificado, con un sólido fundamento, dos condenas anteriores de Mossos d’Esquadra por delitos de trato degradante y de torturas, además de otros de lesiones y de quebrantamiento de la inviolabilidad del domicilio. Estamos seguros que son conductas que afectan a una ínfima minoría de este cuerpo y que van a quedar excluidas definitivamente de su quehacer profesional. Pero, en todo caso, no pueden desconocerse, porque sitúan exactamente la trascendencia de la función policial y definen la gravedad de dichas conductas. La última sentencia, de 30 de noviembre, dice así: «La policía es una institución que actúa como poder coactivo del Estado, dispuesto para el mantenimiento de la convivencia social, y sujeto al ordenamiento jurídico para control de su condición de aparato coactivo del Estado, procurando su sujeción al Estado de derecho». Nada más y nada menos. Por ello, reitera que es incompatible con el trato policial de las personas el «claro e inequívoco contenido vejatorio (…) que sea degradante o humillante e incida en el concepto de dignidad de la persona afectada». Y reafirma respecto del «delito de torturas, que suponen la forma más grave de atentado contra la integridad moral y suponen el supuesto más grave de deslegitimización del Estado de derecho».

Pero, además de estos precedentes, los responsables políticos y policiales de los Mossos deben tomar en consideración que, en relación a otras épocas y otras fuerzas de seguridad, la ciudadanía está reaccionando con un mayor nivel de exigencia ante los Mossos, posiblemente porque los sienten más próximos. Y esta reacción se traduce, entre otras consecuencias positivas, en mayores denuncias frente a ellos, con independencia de que muy mayoritariamente no resulten fundadas. Los datos de 2008 y 2009 lo reflejan así. En estos dos años, se han tramitado y resuelto 472 procedimientos penales, con un acusado descenso en el segundo año, ya que fueron 206 frente a los 266 del año anterior. Y, ciertamente, el porcentaje total de condenas, la mayoría por infracciones penales leves –un 4,8%–, expresa una cifra que no puede estimarse en principio preocupante. Pero si lo es que se hayan celebrado en estos dos años 304 juicios penales contra mossos, de los que las condenas representaron el 7,5%.

Se constata así que estamos ante una policía profesionalizada y de principios y criterios de actuación democráticos y, por tanto, con pleno respeto de los derechos fundamentales, pero no pueden permanecer en el cuerpo quienes hagan uso en el ejercicio de su función de «una violencia innecesaria y gratuita» (TS).

A este objetivo ha de contribuir la vigencia de un código ético que eleve a la categoría de norma y consolide lo que es una práctica generalizada de las policías de Catalunya. Que tendrá una doble consecuencia. La ciudadanía, como principal destinataria de la función policial , podrá conocer mejor cuáles son los derechos y deberes de las policías catalanas y, sobre todo, qué criterios deben aplicar cuando cada funcionario policial se enfrenta a la enorme variedad de supuestos que justifican su intervención. Constituye una exigencia básica del Consejo de Europa para el proceso democratizador de la policía. Y, en segundo lugar, para los cuerpos policiales, las normas que integren el código van a gozar de una enorme fuerza moral para guiar su actuación individual y colectiva.

El informe anual sobre el grado de cumplimiento del Código podrá determinar si el mismo ha favorecido o no una mejor protección de los derechos de los ciudadanos y, en definitiva, una convivencia más libre y segura. Es decir, si el Código Ético ha elevado o no la calidad del servicio policial , que es una de las condiciones para medir la calidad del propio sistema democrático.

Carlos Jiménez Villarejo, Jurista.

El Periódico (4.01.2010)

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