Estatutos, TC y democracia

Estatutos, TC y democracia¿Es constitucionalmente legítimo que el TC pueda declarar nulos preceptos de un estatuto, especialmente si ha sido ratificado por referéndum? ¿es ajustado al principio democrático que ello sea así?

En las últimas semanas, especialmente en los últimos días, se ha puesto en cuestión si un estatuto de autonomía puede ser enjuiciado por el Tribunal Constitucional (TC). Los interrogantes suelen ser de dos tipos. Primero, ¿es constitucionalmente legítimo que el TC pueda declarar nulos los preceptos de un estatuto, especialmente si ha sido ratificado por referéndum? Segundo, ¿es ajustado al principio democrático que ello sea así? A efectos de claridad intentaré contestar a ambas por separado.
Responder a la primera pregunta es bastante sencillo. La constitución española (CE) es la norma suprema del ordenamiento porque emana del pueblo, poder soberano (art. 1.2 CE), y a ella han de someterse todas las demás normas y poderes públicos (art. 9.1 CE), incluidos los órganos legislativos, tanto el Congreso y el Senado como los parlamentos de las comunidades autónomas, una de cuyas funciones es elaborar y aprobar las leyes. Para garantizar que estas leyes no sean contrarias a la Constitución, se crea un Tribunal Constitucional, intérprete supremo de la misma. Esta función de control de constitucionalidad de las leyes por parte del TC se establece en el título IX de la Constitución y que entre las normas sometidas a control se incluyen los estatutos de autonomía, tal como queda especificado en el art. 27.2a) de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Por tanto, según nuestro ordenamiento, no cabe duda alguna que el TC es competente para enjuiciar un estatuto de autonomía.
Pero vayamos a la segunda pregunta. Si la democracia es la expresión de la voluntad de los ciudadanos, ¿no debe prevalecer esta voluntad por encima de las decisiones de un tribunal no elegido directamente por los ciudadanos, en especial cuando se expresa de forma directa en un referéndum? ¿No es ello más conforme con la idea de democracia? Para responder debemos plantear una distinción previa entre dos tipos de democracia: la constitucional y la parlamentaria (o jacobina).
En una democracia constitucional – como es nuestro caso – se distingue entre dos tipos de poderes, el poder constituyente y los poderes constituidos. El poder constituyente reside en el pueblo, es un órgano supremo respecto a los demás poderes públicos y su única función consiste en aprobar o modificar una constitución.  Esta supremacía se justifica por la idea de que es bueno para una sociedad libre de personas iguales en derechos que permanezcan estables un núcleo de reglas que constituyen la base esencial del orden democrático. Este núcleo de reglas básicas son, precisamente, las normas constitucionales, es decir, la Constitución. Esta estabilidad se garantiza de dos maneras: primera, dificultando la modificación de la Constitución al establecer procedimientos de reforma más rígidos y complejos que para el resto de normas con la finalidad de que los preceptos constitucionales no estén sujetos a ocasionales vaivenes entre mayorías y minorías parlamentarias; segunda, estableciendo un órgano jurisdiccional, el TC, para que no sea el parlamento, es decir,  un órgano político, quien determine el contenido y los límites de los preceptos constitucionales.
Por el contrario, en una democracia parlamentaria las constituciones suelen ser más flexibles, es decir, pueden reformarse con mayor facilidad (a veces de forma idéntica a la ley) y, sobre todo, las leyes carecen de un control jurisdiccional que asegure su adecuación a la Constitución, siendo esta función desempeñada en último término por el parlamento, un órgano político que toma decisiones en función de las ideologías e intereses de quienes conforman en cada momento las mayorías parlamentarias. En las democracias parlamentarias, las normas supremas son, por tanto, las leyes elaboradas libremente por las cámaras legislativas; y la integridad de las constituciones no está garantizada por un TC sino que está a disposición del legislador.
La preferencia por una u otra forma de democracia todavía es objeto de un vivo debate teórico. En la democracia constitucional se da preeminencia  a la estabilidad de un núcleo básico de decisiones políticas (en especial, ciertos principios básicos de la convivencia, los derechos fundamentales y la forma de gobierno) y en la democracia parlamentaria todo puede reformarse por una simple decisión de las cámaras o por referendum.  Nadie pone en duda, sin embargo, que ambas formas de democracia responden al principio de que el poder reside en la voluntad popular y  que los tribunales constitucionales no deben adoptar decisiones políticas (esto, en democracia, sólo pueden hacerlo los órganos legitimados por la representación política o mediante referéndum) sino que deben limitarse a encontrar el significado de los preceptos constitucionales a través de procedimientos jurisdiccionales y mediante  reglas de interpretación y argumentación jurídica. En los últimos decenios la democracia constitucional va ganando terreno. Además de Estados Unidos ciertas democracias europeas, como Alemania e Italia, se ha extendido por las nuevas democracias del este de Europa. También la Constitución española de 1978 estableció una democracia constitucional.
Así pues, de acuerdo con todo lo expuesto, no sólo los estatutos de autonomía pueden ser enjuiciados por el TC sino que ello no supone, en ningún caso, ni siquiera cuando los estatutos han sido ratificados por referéndum, que se vulnere el principio democrático según el cual el poder reside en el pueblo.             
Francesc de Carreras, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Autónoma de Barcelona
La Vanguardia (3.12.2009)

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