“El Tribunal Constitucional se ha dejado arrastrar y ahora está sometido a una presión sin precedentes”

Álvaro Rodríguez Bereijo, ex Presidente del TCEfe – Madrid.- El ex presidente del Tribunal Constitucional, Álvaro Rodríguez Bereijo ha dicho que es “extremadamente peligroso” que la Administración del Estado ponga freno a la libertad de expresión y se convierta en tuteladora” de este derecho.

Antes de participar en una Jornada sobre la Reforma Constitucional organizada por la Fundación Progreso y Democracia, Rodríguez Bereijo se ha referido así al anuncio hecho por la ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, sobre que sea un órgano del Ministerio de Cultura, y no un juez, quien decida las medidas contra quienes se apropien de los contenidos de otros en Internet.

Según Rodríguez Bereijo, los derechos sobre la libertad de expresión, de conocimiento o de opinión “no puede quedar en manos del poder ejecutivo, de la administración”.

Ha añadido que si hay una comisión “no puede ser administrativa, nombrada por el ministro o responsable de esta materia”, sino que tiene que “tener un control judicial directo o indirecto”.

El Mundo (3.12.2009)

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Considera que el proceso de reforma de la Constitución por la vía estatutaria, lo iniciaron un “insensato” y un “irresponsable”, en alusión a Maragall y Zapatero, respectivamente
“Si los jueces no son independientes es porque no quieren, aunque habrá que preguntarse qué pasa en nuestro sistema democrático y en nuestra clase política para que esto sea así”
La Fundación Progreso y Democracia organizó ayer la Jornada de Debate y Reflexión sobre la Reforma de la Constitución en el madrileño Círculo de Bellas Artes. El acto comenzó con la Conferencia  “La reforma oculta de la Constitución”, a cargo de Roberto Blanco Valdés, Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Santiago de Compostela, que fue presentado por Carlos Martínez Gorriarán, Vicepresidente de la Fundación y Responsable de Programa y Acción Política de UPyD.
Gorriarán señaló en su intervención que la reforma de la Constitución ya se está haciendo “por la puerta de atrás”, así como también apuntó un pequeño detalle que, en su opinión nos indica en manos de quien estamos, ya que “en el proyecto de ley del aborto, el Gobierno contempla dar a las mujeres la libre maternidad. Es decir, estamos en el único país del mundo en el que la mujer puede ser madre porque les deja el Gobierno. Entonces esa especie de pensamiento mágico en que se ha convertido todo en España, necesita una rectificación desde la Ley Fundamental” acabó diciendo.
Por su parte, Roberto Blanco Valdés comenzó su conferencia haciendo referencia a que Unión, Progreso y Democracia, UPyD, es lo más fresco e interesante que ha ocurrido en la realidad política española desde hace muchos años. Una vez dicho esto, el Catedrático gallego hizo un repaso por la historia constitucional de nuestro país, concluyendo que en España no ha habido reformas constitucionales, sino cambios de Constitución, ya que éstas eran siempre de partido o de facción. Por otra parte, dijo que los textos constitucionales en España habían sido violados sistemáticamente por la vía de hecho, algo que no se podía evitar al no haber control de constitucionalidad.  
Después de hacer este apunte histórico, manifestó que la Constitución de 1978 establece unos procedimientos de reforma; uno factible y otro más complicado para los temas sustanciales, y el control de constitucionalidad de las leyes, del que se encargará el Tribunal Constitucional. Según Blanco Valdés, es cierto que no se ha planteado de una forma más o menos seria la reforma de la Constitución, salvo en el caso del Senado. No obstante, en su opinión, tampoco se tiene claro que se quiere hacer con el Senado, “por no decir que si se propone hacer una cámara federal como la de Estados Unidos, en la que todos los estados tienen el mismo número de senadores, veríamos cómo se  opondrían algunos nacionalistas que defienden tesis federalistas sin saber lo que es el federalismo” afirmó.
El conferenciante continuó diciendo que en 2004 se abrió la denominada segunda descentralización con la reforma de los estatutos de autonomía, principalmente porque Maragall introdujo el asunto en la agenda política, cuando ni CIU lo quería, lo que quedó en manos de los independentistas cuando el PSC necesita a ERC para gobernar.”Lo que acabó aprobándose en Cataluña,- apuntó-, no es sólo un disparate jurídico, sino que también es un disparate político que ha acabado en el Tribunal Constitucional. Ahora estamos asistiendo a un espectáculo insólito de una Presidencia del Tribunal Constitucional que ha sido capaz de mantener la ponencia, que elabora la Magistrado ponente, hasta cuatro veces, cuando lo lógico hubiera sido cambiarla, así como también estamos en una situación en la que se está filtrando a un periódico todas las deliberaciones con la finalidad evidente de que ese periódico presiones a los magistrados”.
Lo que no se puede hacer, en su opinión, es modificar la Constitución estableciendo en el Estatuto que el órgano del poder judicial en Cataluña es el Consejo de Justicia de Cataluña, porque eso es una contradicción flagrante con la previsión de la Constitución en la que se dice que el órgano del poder judicial en España es el Consejo General del Poder Judicial. “Es discutible en términos políticos,- alegó-, que haya diecisiete órganos del poder judicial en España, pero para que eso sea posible hay que reformar la Constitución”. Tampoco cree posible, siguiendo con los ejemplos, que el Estatuto de Cataluña determine unilateralmente cual es el contenido material de los títulos competenciales, porque si lo hace ocurrirán una de estas dos cosas; o que Cataluña definirá el contenido de los títulos competenciales para toda España, o que en cada comunidad los títulos competenciales significarán cosas distintas.

Por último, Roberto Blanco Valdés afirmó no tener duda alguna de que en el Estatuto de Cataluña hay manifiestas inconstitucionalidades que suponen que el texto constitucional haya sido cambiado vía estatutaria. “El Tribunal Constitucional, por tanto, debe entrar a conocer la constitucionalidad del Estatuto. Además, la única vía de poner coto a la situación es abrir una reforma constitucional, es necesario e indispensable cambiar la constitución para cambiar el modelo. Esta alternativa, no obstante, tengo dudas de que sea posible si finalmente el Tribunal valida sustancialmente el texto estatutario, porque nos encontraremos en una situación difícil para hacer frente al desvarío absoluto del Estado autonómico. Todas las comunidades autónomas, sean del PP o del PSOE, querrán tener un estatuto similar, y el Estado será ingobernable, gracias a la irresponsabilidad de Zapatero y al silencio que en este aspecto ha guardado el PSOE”, apostilló.

Álvaro Rodríguez Bereijo, Catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la UAM y ex presidente del Tribunal Constitucional, dio paso con su intervención a la Mesa Redonda y Coloquio posterior a la Conferencia de Roberto Blanco Valdés, con el que Bereijo se mostró totalmente de acuerdo. Rodríguez Bereijo dijo que en estos momentos nos encontrábamos en una auténtica encrucijada constitucional en la que si el Tribunal Constitucional no lo remedia, serán los propios estatutos de autonomía los que determinen la organización territorial del Estado.
La rigidez del texto constitucional en los procedimientos previstos para la reforma y sobre todo la falta de consenso político sobre esta reforma, hacen que el ex presidente del Alto Tribunal se muestre pesimista en este sentido. Para él, tenemos que mantener el legado de una Constitución “compartida por todos”, que a nadie satisface plenamente y que se ha hecho con renuncias por parte de todos. Una alternativa a la reforma, en su opinión, era la de la resistencia de la Constitución, para lograr, a través de la prudente y evolutiva labor jurisprudencial, una vigencia eficaz y duradera de la Constitución. “Esta capacidad se ha demostrado válida hasta 2004,-manifestó Bereijo-, cuando un insensato (Maragall), unido a un irresponsable (Zapatero) se decide frívolamente a reabrir el proceso constituyente”.
Rodriguez Bereijo ha afirmado que al Tribunal Constitucional se le ha llevado a suplir cauces institucionales para la negociación política, que corresponderían más bien al Congreso y al Senado, lo que resulta excesivo, ahora bien habrá que reflexionar en qué medida los propios miembros del Tribunal Constitucional son responsables de esta situación. No obstante, en su opinión, también hay que destacar la grave irresponsabilidad en la que han incurrido las Cortes Generales cuando recibieron el texto del Parlamento de Cataluña. “Las Cortes han hecho lo que han podido, pero no han hecho lo que han debido” sentenció.
En su intervención, Bereijo ha repetido en varias ocasiones que se ha pedido al Tribunal Constitucional que haga una tarea política que no han hecho las Cortes Generales. En su opinión, las Cortes ni tan siquiera han querido, pudiéndolo hacer, establecer el recurso previo de constitucionalidad en la aprobación de los estatutos de autonomía. A este respecto, recordó las palabras de Tomás y Valiente: “El Tribunal gana y pierde prestigio por lo que hace, pero también lo que con él se hace”, y dijo que creía que estas palabras habían sido olvidadas, “porque tanto el Gobierno como el resto de fuerzas políticas, en distinta medida, no han vacilado en instrumentalizar y presionar al Tribunal Constitucional convirtiéndolo en un campo de juego, en un tablero de ajedrez, moviendo sus peones para mantener o conseguir el poder”.
No olvidó también recordar que la no sentencia sobre el Estatuto de Cataluña, también se debe a que los miembros del Tribunal Constitucional se han dejado arrastrar por esas presiones “groseras” del Gobierno, de secretarios de estado, de los partidos políticos, de los periodistas, etc. “Solo falta que todos, absolutamente todos, se apliquen el cuento, porque es mucho lo que nos estamos jugando en el envite con las instituciones del Estado que tanto esfuerzo costó poner en pie, pero que se pueden destruir en muy poco tiempo” terminó diciendo.
A continuación, Ignacio Solís Villa, Notario y Decano del Colegio de Madrid, pasó a exponer los procedimientos de reforma y control de los mismos. Según Solís Villa hay dos procedimientos; el ordinario, que es el del artículo 167, y un procedimiento más complicado que es el del 168, que lo hace prácticamente inviable. En cuanto al control, ha señalado que en la propia Constitución no hay ninguna cláusula de inmodificabilidad de la Constitución, así que teóricamente todo podía ser modificado. De esta forma, el único control lo llevaría a cabo el Tribunal Constitucional, pero sólo desde el punto de vista formal.
El Decano del Colegio de Notarios de Madrid, apostó además por acabar con la doctrina del “bloque de la constitucionalidad”,- según el cual para ver la constitucionalidad de una norma no sólo hay que atender a la Constitución sino también a los estatutos de autonomía, las leyes orgánicas aprobadas en previsión de preceptos constitucionales, etc-, porque da lugar a que preceptos que pueden ser inconstitucionales sirvan para decidir sobre la constitucionalidad de otros elementos. Por último también manifestó parecerle lamentable y peligroso la moda de consagrar derechos constitucionales en normas de rango estatutario, tal y como ha pasado con el estatuto de Valencia, que incluso ha sido avalado por una sentencia del Tribunal Constitucional.
La última intervención corrió a cargo de Alberto G.Ibañez, del Cuerpo Superior de Administraciones Civiles del Estado e Inspector acreditado de Servicios. Alberto se preguntó dónde ha quedado el único criterio que justifica el modelo de Estado descentralizado, que es el hecho de que tiene que servir mejor al ciudadano que el Estado centralizado, cuando el estado autonómico español se ha ido construyendo a golpe de emoción, de reivindicación, de privilegio, y no de eficacia y eficiencia en el gasto público.”Obviamente,-señaló-, podrían haberse hecho las cosas de otra forma, sin que las comunidades autónomas hubieran imitado miméticamente al Estado.
En su exposición, el último interviniente intentó valorar el coste del estado autonómico, distinguiendo entre gastos inevitables, como el de los gobiernos y parlamentos autonómicos, los gastos en servicios y los costes en nuevas políticas como la de Dependencia. Pero también apuntó que había muchos otros gastos evitables y se preguntó si eran necesarios defensores del pueblo autonómicos, defensores del menor autonómicos, el aumento del gasto con respecto a unos servicios que antes prestaba el Estado a menor coste, pero que se hace simplemente para que “se note la diferencia”, gastos de propaganda, o por ejemplo en materia sanitaria se preguntó si era rentable tener diecisiete contratos para compara jeringuillas cuando quizá con uno para todos el precio sería mejor.
Tampoco dejó de lado las actividades “redundantes”, como las televisiones públicas autonómicas que ya no solo hay una, sino que hay dos, y sobre las cuales no hay conflicto social, las “duplicidades administrativas”; observatorios, oficinas de relaciones exteriores como las del Gobierno Vasco, que tiene diez con un presupuesto de catorce millones de euros, o Cataluña que tiene seis, a las cuales destinó veintiséis millones de euros, y un largo etcétera de empresas públicas o fundaciones, entre otras instituciones que cabría nombrar.
Según el interviniente, “lo que hace falta en España es un cambio de cultura organizacional. No es mejor un gobierno por el hecho de que tenga muchas normas, sino que hay que tener una cultura de evaluación y responsabilidad, y las autoridades públicas españolas han tenido mucha autocomplacencia, poca autocrítica y poca transparencia en la rendición de cuentas.
A la finalización de las intervenciones de la Mesa Redonda, se abrió un turno de preguntas, siendo significativa la respuesta de Álvaro Rodríguez Bereijo a una de ellas, en la que afirmó que la garantía de la independencia de los órganos judiciales está bastante bien asegurada en sus leyes orgánicas, así como que la forma de la elección de los miembros del Tribunal Constitucional es equilibrada, aunque ha resultado ser un desastre,  y que tenía la convicción de que si los jueces no son independientes es porque no quieren. “Lo que hay que preguntarse es qué es lo que pasa en el sistema democrático, en nuestra clase política, en nuestros dirigentes, para que no se aplique en la práctica lo que se establece en las normas” aseveró.
upyd.es (3.12.2009)

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