La partitocracia sin contrapesos

MontesquieuAl futuro presidente de Caja Madrid debe designarlo su junta general, no los dirigentes del Partido Popular, aunque así parezca. Es el último y lamentable ejemplo, entre otros muchos, de que nuestro sistema político no es una «democracia de partidos» sino una «partitocracia». Veamos ambos conceptos, bien diferentes.

La «democracia de partidos», un término ya acreditado en teoría del Estado, supone un notable cambio respecto de la democracia parlamentaria clásica, en la cual el diputado era el eje fundamental de todo el proceso de participación política. Por el contrario, en la democracia de partidos son estos quienes protagonizan los dos momentos fundamentales de dicho proceso: las elecciones y la actividad parlamentaria.

En el momento electoral, ahora los ciudadanos no escogen candidatos individuales, como antes sucedía, sino listas electorales confeccionadas por los partidos. Con lo cual la relación representativa no se establece entre elector y parlamentario sino entre elector y partido. En cuanto a la actividad parlamentaria, en la democracia de partidos las cámaras han dejado de ser órganos para el debate entre diputados: ahora las decisiones que allí formalmente se adoptan han sido acordadas con anterioridad en el seno de los respectivos partidos y sus portavoces parlamentarios se limitan meramente a declararlas en público. Así, en la democracia de partidos, el Parlamento ha sido desposeído de su función primigenia más característica con la que soñaron los primeros liberales: ser un centro de debate en el cual, mediante argumentos racionales, se decide lo más conveniente para el interés general.

Podremos lamentar la pérdida, si es que existieron alguna vez, de aquellos parlamentos argumentativos y racionales, pero en la actualidad la democracia de partidos se ha impuesto en toda Europa y en buena parte del mundo. «La democracia de nuestro tiempo es, necesariamente, una democracia de partido», escribió el maestro García Pelayo, de quien el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales acaba de publicar la segunda edición de sus Obras completas. Necesariamente: la democracia española no escapa a esta regla general y es hoy, incluso formalmente, una democracia de partidos. Pero todos los sistemas políticos degeneran, como ya advirtió Aristóteles. Y la democracia de partidos española ha degenerado, por culpa de los partidos, en una partitocracia, que es cosa distinta.

En una partitocracia los partidos no se limitan a ocupar el lugar que les corresponde según el sistema constitucional, sino que desbordan su espacio propio y ocupan todo el Estado y una buena parte de la sociedad. Un principio clave de la democracia es el de división de poderes, según el cual los órganos estatales no sólo están separados sino que se eligen y controlan mutuamente mediante un sistema de pesos y contrapesos para que ninguno invada el ámbito del otro y cada uno sea responsable de los actos en que es competente. Pues bien, en una partitocracia el poder transversal de los partidos anula esta división de poderes e instaura un sistema descontrolado que tiende a configurarse como un dominio absoluto de todo poder, creando así el caldo de cultivo de todo tipo de desafueros y corrupciones.

Como han sostenido autores de referencia al tratar de España – véase el libro de Roberto Blanco sobre Las conexiones políticas (Alianza, Madrid, 2001) o el de Alejandro Nieto El desgobierno de lo público (Ariel, Barcelona, 2008)-los partidos han «colonizado» el Estado, se han repartido el botín que allí han encontrado y consideran que todos los poderes son patrimonio propio. Nieto lo resume así: «En definitiva, la colonización se hace efectiva mediante la ocupación (por parte de los partidos) de los instrumentos más operativos de acción social: la administración pública en primer término y luego los medios de comunicación social, la educación y la cultura, el sector público económico y, por descontado, sus organismos de control».

En definitiva, primero hay que asegurarse de que la administración pública esté dirigida por los cargos de confianza (de los partidos) y no por los funcionarios (independientes). A partir de ahí, es fácil adueñarse de los medios de comunicación públicos, establecer órganos de supervisión para los privados, conceder innumerables subvenciones en cultura y educación, así como licencias y permisos en actividades económicas, todas otorgadas con discrecionalidad formal y arbitrariedad real. Al final, como blindaje definitivo, intentan nombrar indirectamente, e indebidamente, a jueces, fiscales, interventores, defensores del pueblo, tribunales de cuentas, secretarios de ayuntamientos, profesores de universidad o de instituto. Todo.

La voracidad de los partidos para obtener cada vez más cuotas de poder es insaciable. Quieren llegar al poder mediante las elecciones – con toda razón, en eso consiste la democracia-,pero una vez lo han obtenido se desatan las furias. «Que un poder frene a otro poder», dijo Montesquieu. Esta ya no es una regla democrática para la partitocracia: quiere un poder sin frenos. El pacto tácito entre partidos hace que nadie frene a nadie y que ninguno denuncie al otro. Si están en el poder, por razones obvias; si no, ya les llegará la ocasión.

Frente a esta situación, las últimas esperanzas de los ciudadanos están depositadas en los funcionarios, jueces, fiscales y órganos de comunicación independientes. Son los últimos contrapesos a la partitocracia.

Francesc de Carreras, catedrático de Derecho Constitucional de la UAB
La Vanguardia (5.11.2009)

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