Millet y el expolio de fondos públicos

Foto: LEONARD BEARDEl ‘caso Turisme’ estableció que son caudales públicos no solo los aportados por las instituciones

Mientras el proceso por el expolio del Palau de la Música continúa su lenta e incomprensible tramitación, van conociéndose nuevos datos que aumentan la perplejidad ante el trato judicial dado a los querellados en la aplicación de las leyes penal y procesal. Parece constatado que una de las formas del expolio fue la retirada masiva de fondos, en billetes de 500 euros, durante el 2003 hasta una cifra superior a los dos millones de euros. Parece también que en una sola ocasión fueron retirados 588.990 euros. Este expolio lo hacían quienes estaban al frente de las entidades que conformaban y dirigían el Palau de la Música.

El conjunto de las conductas delictivas reviste mucha mayor gravedad porque la Fundació y, sobre todo, el Consorci del Palau era y es una entidad de derecho público, sujeta al ordenamiento jurídico público y que, además de contar con ingresos privados, ha contado siempre con una importante financiación pública, en cuanto cumple una «finalidad de interés público». Así se desprende, con evidente claridad, de la regulación de los consorcios en las leyes catalanas de régimen jurídico de la Administración de 1989 y de finanzas públicas de Catalunya del 2002. Y así lo reconocían los estatutos del Consorci cuando se constituyó en 1983. al cual definían como un «consorcio de derecho público»; estatutos en los que se encomendaba «el control interno y financiero» a un interventor del Ayuntamiento de Barcelona hasta que esta institución renunció a dicho control. De conformidad con este estatus jurídico singular llovieron las aportaciones dinerarias desde aquellas instituciones. La suma de transferencias de fondos públicos al Consorci del Palau en el 2001 y el 2002 fue de 1.148.351,3 y 1.600.500,2 euros, respectivamente, comprendiendo las aportaciones en ambos años de la Generalitat, el Ayuntamiento y la Diputación de Barcelona, y solo en el 2002 del Ministerio de Cultura. Las aportaciones desde los Presupuestos de la Generalitat del año 2006 al 2009 fueron las siguientes (en millones de euros): 4,59; 4,84; 5,43 y 6,2. Y el Ministerio de Cultura, mediante un real decreto del Gobierno, aportó dos millones de euros en el 2008. Sumas enormes que salieron de los impuestos recaudados a todos los contribuyentes y que nunca debían haber sido empleadas para el ilícito enriquecimiento de Millet y sus colaboradores. De ahí, la imperiosa necesidad de que los controles institucionales hubieran sido más eficaces.

La disposición ilegal de esos fondos constituye un delito de «malversación de caudales públicos», el delito más grave de los que pueden cometerse contra la Administración y con una mayor penalidad. El propio Millet lo reconocía en su parcial e interesada confesión cuando se refería al perjuicio «a la Administración». Delito que, como en este caso, puede cometerse por particulares en cuanto, como establece el Código Penal, «se hallen encargados por cualquier concepto de fondos, rentas o efectos de las administraciones públicas».Pero dicho delito obliga aún más a adoptar decisiones judiciales para garantizar el reintegro a las distintas administraciones de los fondos desviados del fin cultural del Palau.

Mientras se resuelve el recurso de la fiscalía contra la libertad provisional, no puede aplazarse por más tiempo que el juez exija las fianzas y adopte los embargos que sean necesarios para reparar los gravísimos perjuicios económicos causados. Así lo dispone la ley. Cuando resulten indicios de criminalidad contra una persona –¿es que aún no hay bastantes?–, «se mandará por el juez que preste fianza bastante…», en términos, pues, imperativos, para asegurar dichas responsabilidades. Como tantas otras decisiones, también está pendiente.

En este caso, se dispone de un precedente muy importante, la condena por «malversación» de los responsables del Consorci de Turisme de Catalunya. La Audiencia de Barcelona dictó una sentencia ejemplar, luego confirmada por el Supremo, que guarda una considerable similitud con los delitos cometidos en el Palau. En ambos casos, estamos ante entidades idénticas en su definición, características y fines sociales.Interesa recordar que en dicha sentencia condenatoria se perseguía proteger «el correcto funcionamiento de la actividad patrimonial de los entes públicos»,entendiendo por caudales públicos «no solo los fondos procedentes de la Generalitat», sino también «los que pudieran provenir de aportaciones y subvenciones de toda clase obtenidas de otras entidades oficiales y de particulares, donativos e ingresos obtenidos por la prestación de servicios».

En todo caso, confiamos en que las perspectivas del proceso penal por el gravísimo desvío de fondos del Palau avancen decisivamente en la investigación y en la adopción de las medidas cautelares necesarias, superando el clima de pasividad e impunidad que actualmente lo rodea. De lo contrario, será necesario preguntarse, como hacía el eminente penalista alemán Tiedemann, sobre la «influencia de las diferencias sociales a la hora de hacer efectiva la ley», con referencia a la persecución de los delitos de cuello blanco.

Carlos Jiménez Villarejo, Jurista

El Periódico (3.11.2009)

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