La pasividad de un juez

Foto: LEONARD BEARD La actuación del encargado de la instrucción del ‘caso Millet’ no responde a la celeridad necesaria

El pasado 23 de julio, por orden del Juzgado de Instrucción número 30 de Barcelona, se practicó un registro en las oficinas del conjunto de instituciones que conforman el Palau de la Música. El fundamento era una querella criminal de la Fiscalía de Barcelona que debía tener una evidente solidez para determinar aquella medida tan excepcional. En el curso de esa diligencia procesal –estando presente el fiscal– debieron ocuparse «libros, papeles u otros objetos», útiles para el descubrimiento y comprobación de los delitos que la motivaron. Y, especialmente, «libros y papeles de contabilidad». La ley de enjuiciamiento criminal (LECR) dice que «el juez recogerá los instrumentos y efectos del delito, y podrá recoger también los libros, papeles o cualesquiera otras cosas que se hubiesen encontrado». Sin embargo, esta decisión debió tomarla el delegado del juez, ya que este, autorizado por la ley, no asistió al registro. Pero, ciertamente, cada vez es más exigible en estos casos la presencia judicial por respeto a la presunción de inocencia y para garantizar el valor probatorio del registro. Máxime cuando se produce en una institución tan relevante, por delitos tan graves y con una gran alarma social. Prueba de ello es que, días después, renunciaron a sus cargos directivos Fèlix Millet y Jordi Montull. A partir de aquí, parece que el procedimiento está pendiente de una prueba pericial sobre la documentación intervenida.

Pero es más que razonable que el fiscal haya solicitado la inmediata comparecencia ante el juez de los querellados y, en particular, de los citados directivos del Palau, que, ciertamente, gozan de un altísimo estatus social y económico. Y el juez está obligado a citarlos y oírlos. Así lo dispone la ley procesal. «La admisión de denuncia o querella y cualquier actuación procesal de la que resulte la imputación de un delito contra persona o personas determinadas será puesta inmediatamente en conocimiento de los presuntamente inculpados». Y en otro precepto se dice que «la persona a quien se impute un acto punible deberá ser citada solo para ser oída». Es la forma de garantizar el derecho de defensa y la presencia de los imputados en la causa, además de otras consecuencias trascendentes.

Porque, en efecto, la citación de los imputados es la condición necesaria para resolver sobre las medidas cautelares personales y económicas. Con independencia de que el fiscal solicite o no la prisión provisional o su forma atenuada y de la decisión judicial al respecto, es lo cierto que uno de los fundamentos de aquella medida es «evitar la ocultación, alteración o destrucción de fuentes de prueba relevantes para el enjuiciamiento en los casos en que exista un peligro fundado y concreto». Mientras esa citación no se produzca, tampoco podrá resolverse sobre una cuestión de enorme trascendencia en este proceso, el aseguramiento de las responsabilidades pecuniarias, dada la significación social y cultural de la entidad perjudicada, el «estimat Palau» del señor Millet.

Y ese escrito, a modo de confesión, de Fèlix Millet del 15 de septiembre no solamente no excusa al juez de su pasividad, sino que lo obliga a oírlo inmediatamente. La confesión no dispensa al juez de comprobar «la verdad de la confesión»; es más, con este objeto «interrogará al procesado confeso para que explique todas las circunstancias del delito y cuanto pueda contribuir a comprobar su confesión». Lo que aquí tiene una particular urgencia cuando Millet afirma que los hechos que relata «cree que no forman parte de la investigación judicial».

En todo caso, la posición judicial no responde al modelo de celeridad procesal que, en estos casos, debe observarse. Para averiguar los delitos y la culpabilidad de los delincuentes, el juez instructor debe obrar «sin demora» en la práctica de las diligencias que procedan a ese fin. Porque cualquier dilación es muy negativa para la investigación penal. Pero es mucho más grave ante formas de delincuencia económica, de delitos de cuello blanco. Allí donde es habitual recurrir a negocios anómalos o fraudulentos con el objeto de eludir la aplicación de las normas tributarias, y la utilización de sociedades instrumentales para ocultar la titularidad real de quienes realmente las controlan, se está obligado, con un gran esfuerzo que no admite dilaciones, a desenmascarar la realidad económica oculta y desvelar el proceso de formación de un patrimonio que, al haberse obtenido ilícitamente, se pretende mantener oculto. Además, si así se acredita, de otras dificultades como la obstrucción para obtener una información contable válida o la comprobación del desvío de fondos a paraísos fiscales.

Ante esta realidad, el esfuerzo del juzgado debe ser inmediato, constante y acertado. Solo así podrá conocerse el alcance real de los hechos que han motivado esta causa, que, no lo olvidemos, ha enriquecido ilícitamente a unos –aún no sabemos a cuántos– y perjudicado, que hasta ahora se sepa, al Palau de la Música.

Estamos seguros de que esta reacción penal tan lenta y tardía ante hechos tan graves no será duradera y de que no es la expresión del trato indulgente con que con tanta frecuencia los tribunales penales responden ante los poderosos. Los ciudadanos, el Estado democrático, necesitan de jueces que, como titulares del Poder Judicial, sean un verdadero contrapeso de los excesos y abusos del poder.

Carlos Jiménez Villarejo, Jurista

El Periódico (2.10.2009)

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