El Govern admite que encargó informes inútiles

CorrupciónCastells reconoce que el 16% de los 300 estudios no debieron solicitarse

Algunos no tenían utilidad y otros podía haberlos hecho la Generalitat

De los casi 3.000 informes que pidieron los departamentos de la Generalitat sin pasar por concurso público en el 2007, una auditoría ha analizado 300 y ha concluido que el 16% de estos no debieron encargarse, bien porque no tenían utilidad alguna o bien porque los podría haber hecho la propia Generalitat. Así lo admitió ayer el conseller Antoni Castells

UN ENCARGO DE CULTURA El secretario de la Fundació Palau de la Música hizo un estudio sobre buenas prácticas

LA DENUNCIA DE CiU Presidència pagó 27.000 euros por saber qué articulistas eran afines al tripartito

DIMISIONES CiU pide al Govern que depure responsabilidades por los informes

Silvia Hinojosa.- Uno de cada nueve informes externos que el Govern encargó en el 2007 podía haberlo realizado la propia Generalitat y un porcentaje similar (9,6%) no tenían una utilidad relevante. Son algunos de los resultados de la auditoría encargada por el Govern al interventor general – dependiente del Departament d´Economia i Finances-sobre los 2.961 estudios y dictámenes que pidieron los departamentos en ese año, un documento que revela incidencias en el 16 por ciento de los casos sobre una muestra de 300 estudios y dictámenes analizados. El informe se enviará a la Fiscalía en los próximos días para que lo analice dentro de la causa que ha abierto sobre este asunto.

El informe, que ayer presentó el conseller de Economia, Antoni Castells, en el Parlament, se ha elaborado a partir de las conclusiones de tres empresas externas de auditoría, y revela que el número de casos en los que el importe del estudio encargado por convocar un concurso público-es «excesivo». También señala que los departamentos «encargan demasiados estudios que sólo aportan información que puede ser útil pero no es indispensable». Y alerta de que «en muchos casos» no se analiza si se podía haber hecho el estudio con medios propios, advertencia que dirige especialmente a las empresas públicas, que «obvian que existe un organismo de la Generalitat que tiene competencia» sobre la materia en cuestión y cuya opinión es válida. El interventor general hace «mención especial» sobre los informes jurídicos encargados a gabinetes externos y señala que «cuesta creer que ninguno de los múltiples dictámenes jurídicos externos no se pudiese hacer con letrados» de la Generalitat. También señala que en el 3,3% de los casos el precio que se pagó no se ajustó al valor del estudio encargado.

Castells señaló, en su intervención, que era «conveniente hacer un informe de buena gestión» para «evitar toda sombra de duda sobre la transparencia» del Govern y señaló que los resultados de la auditoría son «razonables» pero se pueden mejorar.

La auditoría interna reseña los 49 informes en los que se han encontrado uno titulado «Estudio de código de buenas prácticas en todos los sectores», encargado por Cultura al hasta ahora secretario de la Fundació Orfeó Català-Palau de la Música, el abogado Raimon Bergós, destituido recientemente por el caso Millet. Cultura le pagó 11.600 euros por el estudio. A Bergós, informó e-Notícies, le fichó la directora general de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, Rosa Cullell, como jefe de los servicios jurídicos.

En su intervención en el Parlament, el diputado de CiU Jordi Turull puso en duda que la auditoría haya tenido acceso a todos los informes, cuando CiU no ha podido hacerlo, y denunció que la auditoría genera «más dudas, más desconfianza y más preocupación». A la vista de los datos, Turull criticó que no se deriven responsabilidades en el Govern por el encargo de informes y subrayó que hubo dimisiones «por mucho menos» durante los gobiernos de Jordi Pujol, en referencia a la renuncia de David Madí cuando Artur Mas era conseller en cap. El diputado del PSC David Pérez destacó que todos los informes del 2007 «se han hecho» y denunció que su grupo todavía no ha visto informes de la época de CiU. Turull denunció que el departamento de Presidència pagó 27.000 euros en el 2007 por un informe para conocer «qué articulistas revelan mayor o menor afinidad al tripartito». La diputada del PP Àngels Olano recordó también las dificultades que tuvo su grupo para examinar los informes realizados por encargo del Govern y reclamó a Castells que amplíe la auditoría y no se limite a fiscalizar los del 2007.

En el informe, el interventor recomienda al Govern que apruebe normas de obligado cumplimiento para los departamentos sobre el encargo de dictámenes, con un criterio: el estudio debe ser «estrictamente necesario» y sólo se puede encargar a personas ajenas a la Generalitat ante la «imposibilidad real» de hacerlo con medios propios.

La Vanguardia (23.09.2009)

Sé el primero en comentar en «El Govern admite que encargó informes inútiles»

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.


*


Traducción »