La noche del 9 de julio (III) desde el corazón de la Cataluña catalana (II)

De los documentos que adjunto a la segunda parte del texto que empecé a escribir casi como dietario en un paraje próximo a las Guillerías y el Cabrerés, donde Els Jolglars tenían (o mantienen) su famosa carpa de ensayos, algunos no menciono en el texto porque los he recibido después. Es el caso de uno de UPyD. Resulta realmente significativo que los dos únicos textos políticos críticos con el pacto de financiación de organizaciones existentes en Cataluña sean los de Alternativa Ciudadana Progresista y los de La Comunidad-Ágora socialista. Toda una radiografía.
(Nota de ACP: nos es imposible adjuntar todos los artículos a los que hace referencia Rafa)

La noche del 9 de julio (III) desde el corazón de la Cataluña catalana (II)
Ese (el estigma de la manipulación) es uno de los asuntos que más me pesaron durante mi vida pública (o política, sindical y cultural) en Cataluña: el miedo a ser tildado de lerrouxista. Cuando Ribó me llamó una vez vidalquadrista de izquierda, me escoció, pero ya menos, porque estaba pensando en irme de aquí y escapar de la pesadilla, no por otro motivo, porque esa consideración sí que pesaba como la gravedad en la gente con la que me relacionaba en este entorno.

 

Pues bien, uno, por revolucionario o demócrata que fuera (y que sea), será considerado un xenófobo y un españolista, un facha del PP, por poco que asome en la vida pública como demócrata y revolucionario antes que como catalanista o leal a la tribu del consenso partitocrático catalán

Esta permanente violencia contra España, Madrid y esta sistemática manipulación ejercida sobre los disidentes o desafectos al nacionalismo no es considerada xenofobia. La tira humorística de Toni Batllori en La V., en la que a la pregunta “Cree usted que un catalán vale lo que dos madrileños” el de la barretina responde: “No, yo creo que valemos más”, no se considera racismo, diferencialismo o xenofobia, madrileñofobia. La carta del lector osonenc sobre los ociosos del sur o el parasitismo español no se considera españolofobia ni xarnegofobia. Ruber de Ventós relata cómo sus amigos de Madrid, libres de contaminación españolista, le agradecen el acuerdo porque así se sentirán menos moros (y a la vez, supongo, más antiaguirre, una de las  causas que legitima a esa acomodada tribu progre). En otra literatura catalanista, cuando se habla de los españoles de más al sur, se dice también africanos o argáricos. Nada de esto se considera xenofobia en esta sociedad normalizada.

Los libros de historia escolares, los de la historia de la lengua y la cultura propias, la incesante cascada de publicaciones sobre la identidad catalana, las tribunas de opinión de prensa, programas televisivos, los discursos de la élite política, los supuestos ideológicos de la obra jurídica parlamentaria, están plagados de una verdadera pandemia diferencialista, racista, españolófoba, sin que tal desmán a la democracia levante ampollas ni dentro ni, en la mayoría de los medios progres y de izquierda, fuera de Cataluña. No es el único ámbito que goza del privilegio de la exención. Si, por ejemplo, la caza de inmigrantes en la boca de los metros o en comedores para indigentes madrileños los hubiera hecho un ministerio del interior del PP, estaría ahora asimismo en pie de guerra, como con la catalanofobia, toda la claque paniaguada del buenismo. 

La sociedad, por otra parte y paradójicamente, parece vivir por fuerza de la realidad cada vez más alejada de esa pandemia nacionalista; es lo que he advertido de modo sobreabundante estos días en la sala de espera del paritorio y en la planta de maternidad del Hospital General de Vic (hospital comarcal de Osona). Quizá porque la maternidad es mayoritariamente de mujeres inmigradas procedentes de medio mundo, en ese limitado espacio he observado que la fuerza de la globalización y del mercado constituyen un consistente dique al nacionalismo. Sin preguntas previas indagatorias sobre el conocimiento del catalán, de forma sistemática todo el personal sanitario se dirigía en un castellano ralentizado a las parturientas hindúes, africanas negras, africanas magrebíes, sudamericanas…, y a sus familiares. Se daba por supuesto que el castellano era la lengua común del mercado laboral y social de estas familias.
 
Una faceta de ese diferencialismo nacionalista es tratar de encasillar a los inmigrantes en comunidades con unos mandamases, patriarcas o autoridades, más o menos institucionalizados y reconocidos como los interlocutores del poder, es decir, de los dirigentes y de las instituciones de la Generalitat. No se les considera como ciudadanos con otra nacionalidad sin más, tengan o no papeles, sino como miembros de identidades diferenciadas sujetos a tradiciones comunitarias. Es como si los metieran en un bus multiculturalista que se pasea por el país donde están alojados ¿Podrá este permanente ejercicio multiculturalista, en el que se hallan empeñadas instituciones y una prolífica y subsidiada red de oenegés, subvertir a la larga la dinámica social del mercado?

Una vez más, acierta J. Royo en sus análisis y diagnósticos: la lengua es el mercado y las políticas lingüísticas de los nacionalistas no tratan sino institucionalizar jerarquías sociales y políticas, significaciones excluyentes, desiguales derechos y discriminaciones positivas con el pretexto de corregir la desigualdad del catalán en el mercado. Es una sistemática guerra atentatoria contra el principio democrático de la universalización igualatoria de derechos y de deberes.

La gente de pueblo y de pagés que trato estos días es, ahora como entonces, hace casi cuarenta años, extremadamente respetuosos en sus comportamientos lingüísticos con los no catalanohablantes. La convivencia cívica, en general y con las obligadas excepciones, es real.

El problema no es ése, sino el de la instrumentalización y utilidad de las políticas de normalización lingüística para la normalización del diferencialismo nacionalista y, como efecto, de la supuesta legitimidad de ideas antidemocráticas de los nacionalistas (“mayor esfuerzo fiscal”, etc.) y de los intereses de las clases medias bienestantes (acomodadas) y de la casta política y de la burocracia autonómica.  

Los únicos sujetos que han amenazado de forma real la política de vejación y discriminación nacionalista es el xarnego, por tenerse, en primera instancia, como ciudadanos con los mismos derechos al amparo de la Constitución española de 1978 y por formar parte su lengua y su cultura del mercado cultural español, al que se supone pertenece Cataluña, o, al menos Barcelona; hay una imagen española de Barcelona que pesa mucho más que la imagen catalanista de Barcelona. La izquierda histórica –que ha basado su fuerza sobre todo en esa multitud social- en Cataluña ha significado siempre una amenaza para el catalanismo.

Recuerdo unas palabras de J. Benet en una reunión de la Asamblea de Cataluña en Vic, en las que insistía que el modelo era la Solidaritat Catalana de principios del siglo XX, ante el riesgo de radicalización popular, española, que podía darse en el tardofranquismo. En una operación de cosmética histórica sin precedentes, se empezó a contraponer el oasis catalán, ¡en los tiempos de la hegemonía de la CNT!, al clima guerracivilista del resto de España.

La vigente ofensiva antiespañola y antidemocrática prima tanto o más que antes. Es la jugada en la que se dirime el desenlace. Normalizado el país y aislada o demonizada la disidencia interior, se trata de mantener el mismo binomio de la Restauración, de la Dictadura, la República y el franquismo: Cataluña/España. Da igual que el Estado autonómico sea un Estado federal de facto, que la democracia sólo sea tributaria de la Constitución de 1978, sin la cual no seríamos ciudadanos, y que Cataluña sólo tenga validez jurídica democrática como parte de ese Estado autonómico o nación constitucional; el contencioso debe seguir siendo el mismo.
 
Me ha sorprendido que F. de Carreras en su último artículo semanal en La Vanguardia eluda el irreparable daño a la izquierda y a la democracia que le han hecho Ribó, primero, y Saura, después. Tras afirmar que Ribó condujo, ya sin equívocos, lo que quedaba del PSUC al nacionalismo, agrega que Saura, al que califica de honesto y de buen hacer, le dio el perfil rojo-verde-violeta de IC-V, sin más consideraciones analíticas por su parte. Me ha sorprendido porque me parece obvio que el tiempo de Saura ha sido el de la impregnación total, absoluta, de los restos del PSUC por el nacionalismo de las clases medias, que es el que ondea con ese color.

Y no hay hasta el momento más contrapuntos interiores que los del voto “anómalo” de la mayoría de xarnegos en las elecciones generales y la debilidad del voto, minoritario, que vota en las autonómicas o refrenda los estatutos. No hay otro contrapunto que cuestione la legitimidad democrática de este sistema. No el PP, por sus pretensiones transaccionales a lo Cambó, en lo que ha quedado transustanciado el proyecto de Vidal Cuadras. No la izquierda, transustanciada en nacionalista en los años 1979-82. Discrepar desde una perspectiva española, no catalanista, es una tarea realmente dura, ingrata, socialmente incómoda, incluso en la vida pública cotidiana, casi autodestructiva, cuando no se cuenta con la solidaridad democrática (catalana y no catalana sin distinción). Pero, pienso que es la única vía ciudadana y plataforma cívica para la progresión de la democracia. 

Me costó reconocer que una salida democrática al “problema catalán” sólo es posible desde fuera del catalanismo y desde el constitucionalismo, es decir, desde España. Un ejemplo ilustrativo, y triste, del destino de las organizaciones que nacen con propósitos alternativos democráticos y acaban en las redes nacionalistas es C´s. En el documento que reenvío en el correo anterior, C´s se manifiesta a favor del acuerdo de financiación, porque pese a la desigualdad redistributiva que encierra, respeta el procedimiento legal, democrático, y permite exigir una aplicación del incremento de recursos a la mejora de los servicios públicos y al bienestar de los ciudadanos catalanes. Aunque después Espinosa, en el correo que reenvío ahora, ha cargado más la suerte sobre la desigualdad que consagra el acuerdo, C´s sigue justificando su apoyo por la supuesta conformidad del pacto con el Estado autonómico.

Cuando Albert Rivera estuvo en Málaga para presentar C´s en un acto que suscitó considerable expectación me olió mal el interés en recalcar que las autonomías deben servir para la mejora de los servicios públicos y el aumento del bienestar de los ciudadanos. Parecía que su opción era exclusivamente desde las autonomías. No primó en ningún momento eso que se llama el interés general, común, nacional, igualitario, de
los ciudadanos españoles. Habló de la partitocracia que lastra la democracia en España, pero menos. 

Con esa perspectiva no es difícil desembocar en el camuflaje legal de la bilateralidad practicada. Es patética la ocultación por C´s de que el procedimiento legal ha sido la imposición de un a cerdo bilateral de quienes han actuado como verdaderos “poderes fácticos” o peones de los “poderes fácticos”.

Como escribía estos días A. Elorza en El País, “la bilateralidad ha entrado en vigor, y en un tema de importancia capital…”. “Bastó al gobierno, decía, difundir aquello de que `las comunidades del PP se oponen, pero cogen el dinero´, para el repliegue hacia la nada, como si al denunciar un trabajador la insuficiencia del salario, estuviese obligado a no cobrarlo”. “No han primado los intereses generales, agregaba, sino la opción de satisfacer las pretensiones de Cataluña y ensanchar luego el pastel para que el resto lo acepte. No es un proyecto multilateral, sino la extensión de la bilateralidad a costa de un Estado fiscalmente más débil y que cuando toca reducir gastos decide un fuerte endeudamiento. Las comunidades… serán el Estado, pero no tienen sentido de Estado… Ningún Estado democrático funciona por acumulación de acuerdo de zocos con sus componentes… (nota mía: estos días Sosa Wagner le llamaba a esto “régimen feudal”).  Nos hemos deslizado hacia la confederación, por añadidura asimétrica”.

Santos Juliá reiteraba de apreciación al hablar de un Estado que, bajo el estímulo del buenismo, “se ha convertido en una colección de cromos que el Gobierno cambia por otros, dinero por apoyo parlamentario…, que va transfiriendo recursos y acumulando deuda…, que va camino de ser nada”, porque se camina “impulsados por la fuerza que el bilateralismo en las relaciones de los gobiernos del Estado con los gobiernos de las CC. AA. favorece sin el contrapeso de instituciones de naturaleza federal”.   

Es una dinámica, no un incidente. Estamos en vísperas de otra secuencia trascendental. E. Juliana advertía de que la próxima secuencia será evitar “la castración química del Estatut” por la “magistratura española” (para referirse al T. C.). También Germà Bel avisaba sobre la amenaza de la resolución del T. C. tras la atenuación “del principio de ordinalidad después del paseo del Estatut por las Cortes”. Carles Duarte, que me parece fue consejero o secretario de la Presidencia con Pujol o Maragall, advertía a las claras: “El Constitucional debería actuar en consecuencia. Que modifique un texto aprobado por el pueblo nos plantea un dilema sobre el modelo de estado”. También lo ha advertido Montilla al referirse al contencioso Cataluña/España y J. Roglán al hablar de las “partes contratantes”. (Escriben estos desplantes a las instituciones democráticas  analistas y comentaristas de opinión de la banda moderada o pujolista del nacionalismo; lo que dicen los del tripartito me lo ahorro por pudor).

Dejo para la próxima entrega el asunto de la desigualdad redistributiva y la tajada que han sacado los regímenes nacionalistas y las burocracias y castas autonómicas, si es que antes no se han colapsado las finanzas del Estado. 

Rafa N.
03/08/2009 

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