Aragón reduce a «lengua histórica» la condición del catalán de la Franja

Foto: DEFOTO / JAVIER MARTÍN Conflicto lingüístico

El presidente Iglesias renuncia definitivamente a hacerla oficial ante la oposición del PP y el PAR

La ley la considerará de aprendizaje voluntario en la escuela y permitirá su uso en la Administración

La Franja es aquel territorio donde los niños, a pesar de cursar la escuela en castellano, juegan en el patio en catalán. Casi parece un espejismo si se tiene en cuenta que en Barcelona, donde la enseñanza se imparte en catalán, es bastante frecuente que una parte de los alumnos se comuniquen entre ellos en castellano. El Gobierno de Aragón encendió los fogones hace justo un año para cocinar por fin una ley de lenguas que llevaba 26 años en el congelador. El dilatado debate sobre el catalán volvió a ponerse sobre la mesa y ahora se cierra dejando un regusto agridulce, cuando no amargo, a una parte importante de los comensales. A pesar de ser reconocidas como «lenguas propias e históricas» de la comunidad, el catalán y el aragonés no serán cooficiales ni será obligatorio su aprendizaje en la escuela.

Que las lenguas minoritarias de Aragón se regularan administrativamente era una de las aspiraciones del presidente de Aragón, el socialista Marcelino Iglesias, quien, además, es catalanohablante. Al PSOE se le atragantó la iniciativa y ya renunció a esa idea hace dos años por falta de consenso con sus socios del Partido Aragonés (PAR). El resultado de la disputa ha sido un proyecto de ley presentado en solitario a las Cortes el pasado 2 de julio que, aunque es menos ambicioso porque solo recoge reconocimientos y derechos pero no obligaciones, se ha convertido en una pesadilla política.

GRAMÁTICA PROPIA / ¿Qué hablan los ciudadanos del Aragón oriental? En la denominación de la lengua utilizada en la Franja de Ponent está uno de los puntos que genera más disputas políticas. El proyecto de ley la reconoce como catalán, tal y como lo consideran la mayoría de lingüistas. El PAR y el PP, en cambio, se oponen a la norma porque, para ellos, se trata de una imposición de la lengua de la comunidad autónoma vecina que pone en peligro las modalidades lingüísticas del Aragón oriental.

«Desde el máximo respeto y cariño a Catalunya, el catalán no es una lengua propia e histórica de Aragón. Yo no puedo ir a casa de los otros a decir cómo deben hablar», asegura José Luis Moret, alcalde de Fraga y diputado autonómico del PP. Los populares y los miembros del PAR defienden que lo que se habla en esta zona aragonesa es un idioma independiente fruto de una mezcla del castellano, el catalán y el valenciano. Rechazan que en la Franja se enseñe la gramática del catalán central y reivindican una normativa propia para la zona.
También son partidarios de que cada habla local tenga su propio nombre. De seguir esta lógica secesionista, la ley debería distinguir entre fragatino, ribagorzano, tamaritano, literano, torrentino, maellano, mequinenzano y favarol, entre otros. Hay quien unifica más y asegura que en las comarcas de la Franja se habla chapurreao.

AVANCES EN EL USO / La ley reconoce el trilingüismo de Aragón, prevé una protección especial para el catalán y el aragonés y garantiza su enseñanza como materia optativa en las escuelas de la Franja. Las publicaciones en el territorio serán bilingües y la toponimia y la nomenclatura de las calles se guiarán por los usos tradicionales de cada municipio. También contempla la posibilidad de los ciudadanos de la zona limítrofe con Catalunya puedan dirigirse a la Administración en catalán, de forma oral o escrita, aunque la tramitación de la respuesta será en castellano, la única «lengua oficial en todo el territorio de la comunidad autónoma de Aragón».

«Es un primer paso. La ley permitirá utilizar la lengua catalana a un nivel que hasta ahora ha estado vetado. Es una cooficialidad de facto. El paso definitivo ya llegará en su momento», afirma el escritor y alcalde de Alcampell, Josep Anton Chauvell (PSOE).

LEY POCO ATREVIDA / Los defensores acérrimos del catalán tampoco ven con buenos ojos la ley de lenguas. Creen que es una norma cobarde por no atreverse a oficializar una lengua que hablan habitualmente casi 50.000 de los 65.000 habitantes de los 83 municipios catalanohablantes de la comunidad. «La lengua está en peligro porque cada vez llegan más ciudadanos nuevos y no es obligatorio aprenderla en la escuela. La mejor medida para protegerla es hacerla cooficial», asegura José Miguel Gracia, presidente de la Associació Cultural del Matarranya. La Chunta Aragonesista e Izquierda Unida, junto con un sector del PSOE, defienden también esta postura.

«El Gobierno autonómico ha intentado satisfacer a todos porque ser valiente tiene un coste electoral. El resultado es una ley totalmente descafeinada, absurda, que no supone ningún avance. Se la podrían haber ahorrado y haber esperado otro momento más oportuno», afirma el historiador y presidente de la asociación Repavalde de Valderrobres, Manuel Siurana.

En su opinión, los ciudadanos de la Franja tienen la percepción de que hablan «un idioma de segunda o tercera división» y muchas veces no lo utilizan fuera de su contexto «por vergüenza». Los expertos apuntan que se trata más de un conflicto político que social porque en la Franja tienen normalizada su singularidad.

El Periódico de Catalunya (3.08.2009)

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