Rosa Díez (o Dos, como empiezan a llama

Rosa Díez (o Dos, como empiezan a llamarla) tiene poca credibilidad en su denuncia de los conciertos económicos de Navarra y el País Vasco a los que nunca combatió cuando estaba en el PSOE. Los 3.800 millones que ha obtenido Cataluña en el flamante, opaco y desastroso sistema de financiación autonómica no tienen nada que ver con coherencias ideológicas ni con unidades hipostáticas en el catalanismo uno y trino, sino con la aritmética parlamentaria en las Cortes, la insufrible orfandad política de Rodríguez Zapatero y su gobierno y el peso de los grandes conglomerados financieros y empresariales catalanes en la economía española. Por lo demás, tanto en términos económico-financieros como desde un punto de vista político, jurídico e institucional, a la izquierda, es decir a las clases populares que suelen encontrarse en las CCAA más pobres (aunque también en las ricas), sean nacionalistas, socialistas o liberales, nada les conviene menos que la consagración de facto de un sistema confederal en España, con una Cataluña que haya culminado la vampirización de todas las competencias y recursos del Estado español. La mejor fórmula es impulsar, desde el ámbito de sus capacidades e intereses, una federalización estable que cierre definitivamente el sistema autonómico en un marco de equilibrio, cooperación y relaciones multilaterales. Entre todas las preguntas inquietantes del nuevo sistema de financiación no es la menos importante la que parte de una reflexión elemental. ¿Cuáles son los compromisos de gasto que adquieren las élites políticas que gobiernan las comunidades autonómicas? La Generalitat de Cataluña soporta una deuda de 18.000 millones de euros. La del Gobierno de Camps se ha duplicado en los últimos cinco años y ya supera el 10% del PIB de Valencia. En Canarias el Ejecutivo regional anda buscando con una desesperación aterradora los más de cien millones de euros que debe embolsarse un empresario local por una discutible resolución judicial, sin contar con los pagos derivados de los recursos judiciales que prebostes hinchados de pasta y abogados interpusieron en los tribunales a causa de la moratoria turística. Pero las administraciones autonómicas eluden cualquier compromiso concreto. Suyo es el poder, la pasta y la gloria de derrocharla. No soy experto en economía, pero dejo estos dos enlaces de sendos comentarios que me parecen muy acertados. Son de personas que están lejos de mis tesis. Uno, Joseba Arregi, conservador moderado; otro, Carlos Carnicero, socialista del sector felipista. http://elcomentario.tv/reggio/?s=Joseba+Arregi http://blogs.periodistadigital.com/opinion.php/2009/07/16/carlos-carnicero-quien-pagara-la-fiesta-1002

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