Los antecedentes de la noche aciaga

solidaridad/insolidaridadAntes de cerrar la correspondencia electrónica por unas semanas, al menos la que requiere más tiempo o con mayor carga, quiero apurar mis últimos minutos de cíber con un paquete sobre la noche aciaga del jueves 9 del presente mes en la que Gobierno Central y el de la Generalitat (Elena Salgado, del PSOE, y A. Castells, del PSC) y los líderes del PSOE, ZP, y de ERC, Puigcercós, cerraron el acuerdo bilateral sobre la financiación autonómica de España y de algo más, pues es obvio que condiciona la fiscalidad estatal (tasas e impuestos indirectos, mientras se mantienen previsiblemente exenciones y privilegios para las rentas del capital, patrimonios, etc.), las políticas redistributivas nacionales(es decir la de todos los ciudadanos como sujetos iguales de soberanía, sujetos ahora a criterios desiguales según la renta per cápita y el grado  de bilateralidad o de asimetría política de su lugar de residencia), la hacienda española (que resulta desvertebrada a medio plazo), prima el peso de las burguesías y burocracias autonómicas (sobre todo las nacionalistas)  y condiciona asimismo, por último, el diferencialismo en el acceso a servicios sociales, movilidad viaria (y ferroviaria) y otras infraestructuras y bienes de equipamiento, según la C. A. a la que se pertenezca, en lo que influyen el grado de riqueza (PIB o renta per cápita), el color político de quien gobierne y el poder de los nacionalistas. 

Tampoco se reconoce que el unificado mercado económico y financiero español presenta una serie de asimetrías que tendrían que repararse mediante mecanismos de solidaridad interterritorialidad, como los llamados «déficit fiscales» de las regiones ricas, en las que, además, se encuentran «localizadas» empresas y entidades financieras que captan capital social, ahorro, plusvalías…, de ciudadanos de toda España, pero que declaran desde la sede de esa empresa o banco.
 
Por ejemplo, mi factura de Endesa la declara ésta en Barcelona. Todo el sistema funciona así y con el sistema de concierto foral y el bilateral del Estatuto catalán esas desigualdades territoriales se convierten en relaciones coloniales. Lo ha expresado gráficamente J. Puigcercós: «Ahora nos quedaremos con todo lo que recaudemos», gracias al reconocimiento del «mayor esfuerzo fiscal» de las regiones más ricas. Mantengamos, pues, la desigualdad vía la eliminación de las políticas redistributivas nacionales; no hay más nación que Cataluña, en este caso, como han venido a decir J. Saura (el del «hito histórico nacional»), Montilla («este acuerdo hace grande a Cataluña», grande y una) y el dirigente de ERC, que consideraba este peldaño imprescindible en la «construcción nacional» (de la «independencia nacional»).
 
Gentes de muy diverso origen confluyen en la colmatación de las estrategias nacionalistas que le robaron la cartera de los derechos a los protagonistas del antifranquismo en Cataluña. Saura, representante de la clase media progre, participó en la defenestración, primero, de los xarnegos y obreristas que había en la dirección del PSUC (de quienes pensaban que aquello era el PCE en Cataluña) y en la eliminación, después, del propio PSUC; Montilla era un cuadro del PTE, ya antes de ser PTC, en el B. Llobregat (Cornellá) y un cuadro disciplinado, según recuerdo de mis charlas como adoctrinador ideológico, y Puigcercós era un joven ex seminarista, con pinta de carlistón, cuando, como alumno de COU en el IES Abad Oliva de Ripoll, le di clases de historia; estaba en el mismo curso que un nieto de un viejo jornalero de Periana, Enrique «Tocina», que emigró con sus once hijos y la mujer a Campedvanol (a una de las colonias textiles que hay junto al TER), a finales de los años 50; en la misma clase, pero muy distintos; uno era del país, el otro, xarnego.
 
Visto este diagnóstico, soy de los que piensan que este «modelo» (por llamarlo de alguna manera) significa una ruptura con el anterior de 2001, o sea, que en buena medida estamos ante un «nuevo modelo» bastante alejado de los principios constitucionales de 1978. Hay quienes piensan que supone tan sólo una distorsión del anterior modelo, por lo que tiene de incremento cuantitativo del reparto del presupuesto estatal entre las CC.AA (cinco veces más del dinero «repartido» o transferido en el 2001 y el triple de las cifras que manejaba Solbes) y por privilegiar de forma unilateral (o bilateral) a Cataluña, con los efectos colaterales o secuelas de rebote en favor de las CC.AA. más ricas, con la excepción de la de Madrid, pero que, pese a esas distorsiones, sigue siendo el mismo modelo.
 
El castigo a Madrid se basa en que se contabilizan los 900.000 nuevos empadronados en esta comunidad en los últimos años; el resultado es que a los residentes en Cataluña se les premiará con el doble de inversión media por ciudadano que a los que residen en Madrid y que la C. A. de Madrid seguirá siendo ahora la única de las regiones ricas con «déficit fiscal» (en términos nacionalistas), es decir, la única C. A. rica que aportará solidaridad redistributiva positiva. Es posible que también sea la C. A. con mayor eficiencia en la gestión del presupuesto público y con mayor dinamismo económico, siempre en términos comparativos y con números en la mano. Basta ver, repito que en términos comparativos, la ratio de funcionarios y cargos autonómicos por habitante, el dinero asignado a subvenciones de diverso tipo (desde la lengua y campañas de publicidad e imagen a embajadas y delegaciones varias e informes sobre el escarabajo amarillo o la mosca blanca), la capacidad para crear infraestructuras no subvencionadas por el Estado central y el desarrollo económico vinculado a servicios y tecnología.
 
No es una loa a la C. A. de Madrid. Tan sólo trato de ejemplificar que este modelo es un monstruo devorador de fondos públicos centrales, nacionales, destinado a satisfacer la financiación de las CC. AA (El Estado de las Autonomías), pero también sus ingentes y parasitarias burocracias autonómicas («nacionales» para los nacionalistas) y la parodia de estados o estaditos bis (parlamentos, tribunales de justicia, defensores del pueblo, gobiernos, televisiones, radios, delegaciones o embajadas en el exterior, delegaciones provinciales, sucursales comarcales, organismos para implementar identidades inventadas hace poco o mucho, hacienda bis, meteorología bis, ministerios bis -por ejemplo, en educación, ya que el central enflaquece pero no desaparece-, instituciones creadas ad hoc para colmar nuevas políticas multiculturalistas y de discriminación positiva que repiten las centrales o bien para multiplicar las nacionales como en el caso de la apropiación de las cuencas hidrográficas por territorios autonómicos con sus respectivos organismos propios, etc., etc. No se trata de financiar el estado autonómico sino las burocracias, el nepotismo y las burguesías autonómicas.
 
A partir de la cuantificación del acuerdo bilateral alcanzado la noche del 9, todo lo demás ha sido cómo hacer encajes de bolillos y chapuzas varias para satisfacer las demandas de los presidentes de las taifas españolas, que, uno tras uno, visitaron al príncipe de la Moncloa en diciembre para presentarle sus demandas y favores, como en las Cortes del A. R. Cada presidente autonómico ya se había hecho sus cuentas de dádivas, favores a los sequitos y redes clientelares, inversiones necesarias o no, nuevos organismos, etc., a cuenta del sí del príncipe de la Moncloa; son cuentas tan imprescindibles para los intereses electorales de estas castas políticas autonómicas como para los parlamentarios de ZP. He ahí el interés nacional por el que ZP propone y las taifas ponen la mano, por mucho que maldigan de la falta de principios democráticos y constitucionales que han dado luz y forma a este nuevo modelo. El anterior lo fue por consenso; éste ha sido una simple extensión a las restantes autonomías (salvo las de régimen foral, que alcanzaron en el articulado constitucional lo que desde entonces persiguen los catalanistas) de los efectos colaterales de la bilateralidad del Estatuto Catalán, que aún se encuentra pendiente del dictamen del T. C. . A esto me refería en un correo sobre las secuencias del pacto de la noche del jueves, 9. Después de la aprobación de la LEC y antes del dictamen del T. C.
 
No sé si las cuentas cuadrarán o son una chapuza; desde luego, hay un teorema, el teorema ZP/Salgado, que es exactamente la cuadratura del círculo, mucho más enigmático que el sudoku de Solbes: «Las autonomías engordan, pero no adelgaza la Administración central». Obviamente, hay un cúmulo de falsedades en todo lo que se ha venido diciendo las cuentas del modelo de financiación autonómica, pero hay algo rigurosamente cierto: puede que no adelgace tanto el presupuesto estatal central si tenemos en cuenta que leyes como la dependencia, que se nutren con partidas de los ministerios, se verán congeladas en el 2010, tal y como advirtió ayer el Secretario de Hacienda en Cantabria, y que está empezando a producirse una cascada de atracos en cadena (tasas e impuestos indirectos, eléctricas, endeudamiento o crecimiento de la deuda pública,  puede que hasta el 8,5 % -o  el 10,5 %- del PIB, etc.), que corren a cargo y cuenta de los ciudadanos. Ni siquiera necesitarán meterle mano al fraude fiscal y a la corrupción tributaria, que lideramos en la UE. Un inciso: como ha recordado la Fernández de la Vega, el Gobierno central (ni el Parlamento español) es quién para controlar después el destino de los fondos asignados en conceptos de servicios sociales. A dónde se destinen en efecto o la finalidad que se les dé, solo dependerá exclusivamente de los gobiernos autonómicos.
 
Muchos pensarán cómo es posible tamaña agresión a la democracia y más en circunstancias tan dramáticas de crisis social. Es perfectamente posible y «coherente» cuando la ideología nacionalista ha convertido en normalizado y en norma el lenguaje político de los nacionalistas. Este es el papel que ha venido sucediendo en Cataluña con el nacionalismo lingüístico, que, como puede deducirse de los artículos de J. Royo que os remití hace unos días, está lleno, va preñado, de significados simbólicos, culturales, ideológicos, políticos, sociales…, configuradores todos ellos de la identidad nacional o comunitaria de los nacionalistas. Si ese lenguaje se impone en la vida pública o consigue que la sociedad, la mayoría social, no nacionalista, se inhiba y sus intelectuales miren a otro lado, no hace faltan tiros ni terrorismo para imponerle al Estado constitucional la bilateralidad nacionalista, pasarse los procedimientos y principios democráticos por el arco del triunfo y hacernos tragar con un federalismo diferencial o asimétrico que es todo menos federal; hemos comulgado, a las trágalas, con el modelo de bávaros o padanos (lombardos), que en sus Estados no han conseguido implantar. 
 
Se apresuraron a aprobar la LEC antes del 15 de julio, fecha tope del plazo para un acuerdo de financiación, porque así se blindaban todos los significados del nacionalismo lingüístico, que conforman e inspiran el nuevo Estatuto catalán. Significados que no querrá atender el T. C., en un intento de ignorar los supuestos nacionalistas de ese Estatuto; podrán ponerle reparos a algunos de los artículos, pero no, desde luego, a los de la lengua, blindados ya por la LEC. Os adjunto algunos artículos sobre la LEC que pueden ayudar a entender mejor el significado de ese nacionalismo que desemboca en el acoso al T. C. y la expropiación de derechos de los ciudadanos españoles en Cataluña.

Rafa N.
15 de julio de 2009

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