En plena crisis económica, con los ingresos del Estado reduciéndose en cifras sólo comparables a las del incremento del desempleo en España, nuestros gobernantes siguen, sin embargo, ajenos a esta realidad disfrutando, para sí y para los suyos, de un entramado administrativo que resulta carísimo, en el que el despilfarro y los gastos suntuarios son norma y no excepción.
En el gobierno del Estado, tras las últimas elecciones, se han creado nuevos ministerios y se han duplicado órganos. El ejemplo más evidente es el de Igualdad con unas competencias tan escasas que no dan ni para una dirección general pero que, para satisfacer la política de marketing permanente de nuestro presidente, nos sale a todos a coste de súper ministerio. También hay otros, como la pugna por las competencias habida entre Industria y Ciencia e Innovación que nos llevaron a tener dos representaciones distintas en la Agencia Espacial Europea, para sorna de nuestros socios. Todo esto sucede porque quien hace el gobierno desconoce que la división de un departamento ministerial, o la creación de uno nuevo, es tarea complicada que conlleva tiempo, esfuerzos y recursos económicos. Que sin duda resultarían más eficaces si se dedicaran a realizar acción política real dirigida a los fines que el presidente se propone obtener, por arte de magia, simplemente mediante el mero nominalismo ministerial.
En los gobiernos de las autonomías prolifera la reproducción mimética de la estructura del Estado, sin atender a su coste y eficacia, los gastos suntuarios y la duplicidad de órganos. Los hay como el catalán que, no sólo se dedican a gastar en representaciones en el extranjero que ocupan casi siempre amigos o familiares –excelentemente pagados- del político de turno, sino que además están dispuestos a regalar dinero, como el millón de euros gastados –viaje de Carod y su tele nacional aparte- para promocionar el bilingüismo de las comunidades indígenas de Ecuador. Cómo si no hubiera necesidades mayores en este momento en Cataluña o, ya puestos a dar, necesidades más importantes y urgentes que cubrir en Ecuador.
Pero no es sólo un defecto del gobierno catalán, en esto no hay “fet diferencial” como gustan decir allí. En Madrid existen múltiples organismos duplicados y hasta triplicados, como los que se han descubierto con el famoso asunto del espionaje. Había hasta tres responsables dependiendo del mismo consejero con funciones en teoría similares. Y esto por no hablar de Andalucía y sus decenas de observatorios y organismos, siempre servidos por los amigos del poder.
En los municipios, en los cuales además de prosperar la corrupción, seguramente ligada a deficiencias institucionales en la gestión de los contratos públicos, por falta de equilibrio entre los intereses públicos y privados en juego -no siempre el poder más cercano es el mejor para los ciudadanos-, ha nacido una corte de asesores bien pagados ligados al partido que gobierna que valen para financiarlo, ya que en lugar de servir los intereses de los ciudadanos a lo que se dedican fundamentalmente, si es que trabajan, es a las actividades internas de su partido.
En definitiva se han creado “nuevos imperios administrativos” de escasa eficiencia que como hemos visto no son gratis y que han supuesto además un incremento del 92% del número de funcionarios en la última década. Retribuidos, por cierto, con salarios muy superiores a las que cobran los funcionarios del Estado. Seguramente para no ser menos que sus presidentes que en muchos casos cobran bastante más que el propio presidente del gobierno.
Esta realidad está causando graves daños a los ciudadanos pues el dinero de nuestros impuestos, en lugar de ir destinado a cubrir los servicios públicos esenciales y a reactivar la demanda en plena situación de crisis económica, está sirviendo, como si la fiesta continuara, para mantener la falacia de un país rico que según Zapatero en un par de años superaría a Italia y a Francia.
Hay que remediar esta situación y proponer medidas de las que llaman estructurales que ayudarán a salir de la crisis. Hay que volverse austeros y gastar el dinero con eficacia. El Estado debe comprometerse a ello reduciendo su aparato administrativo y mejorando su eficiencia, pero conjuntamente tiene que ejercer sus competencias armonizadoras para reducir los dispendios de nuestra estructura descentralizada y reconducir a las administraciones autonómicas y locales. UPyD ha lanzado este debate en el Congreso con una proposición no de Ley. Veremos que pasa.
Ramón Marcos Allo
El Transversal · Revista digital editada por Unión, Progreso y Democracia (Edición Madrid, nº 3; 2009)
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