Lechugas sin pesticidas en el campo andaluz

Andalucía lidera la producción de agricultura ecológica de España

PRODUCTORES ECOLÓGICOS Son más jóvenes, asociativos y menos "llorones" que otros agricultores

ORÍGENES Los líderes jornaleros se pasaron a mediados de los 80 al ecologismo militante

José Bejarano – Sevilla.- Con más de 700.000 hectáreas, Andalucía tiene diez veces más superficie de explotaciones ecológicas que Aragón, la segunda comunidad en el ranking autonómico. Detrás vienen Extremadura y Catalunya. Andalucía tiene el 60 por ciento de toda la superficie libre de fitosanitarios de España y se mide con Alemania e Italia. Esa posición andaluza es fruto de un conjunto de circunstancias, entre las que destacan el liderazgo jornalero de sus orígenes, el dinamismo posterior del sector, la suma de varias universidades, el haber sabido aprovechar las ayudas agroambientales que la UE creó en 1992 y la apuesta de la Junta de Andalucía en el 2002 con el primer plan estratégico y especialmente a partir del pacto de Gobierno entre el PSOE y Los Verdes que supuso, en el 2004, la creación de una dirección general de Agricultura Ecológica.

El único dato fiable de producción ecológica es el número de hectáreas destinada a esta actividad gracias a la obligación que tienen de certificar (una especie de denominación de origen) que en su producción no se emplean determinados fitosanitarios. Son poco rigurosas las estimaciones sobre la riqueza creada (160 millones en Andalucía en 2005, año de sequía) y ocupación (12.000 empleos) porque no hay registros separados del resto del sector agrario.

Los productores y comercializadores andaluces disponen este año de 23 millones de euros procedentes de los fondos Feader y de la Junta. Pero al contrario de lo que ocurre en otras actividades, son los agricultores los que tiran del Gobierno andaluz y lo llevan a apostar por la producción ecológica. Eso se explica por el origen de sus primeros impulsores: líderes del movimiento jornalero, con Paco Casero a la cabeza, que se pasaron a mediados de los 80 al ecologismo militante, firmaron el primer Pacto Andaluz por la Naturaleza y cambiaron la ocupación de fincas en demanda de la mítica reforma agraria por la fundación de cooperativas. En Villamartín (Cádiz) surgió La Verde, que hoy agrupa a más de 20 productores. En Sierra de Yeguas

(Sevilla) nació Repla, en torno a la finca El Romeral ocupada por los sindicalistas del cura Diamantino García. En Pozoblanco (Córdoba) crearon Olipe, hoy con más de 1.000 socios y una producción de 1,7 millones de kilos de aceite.

El fenómeno se extendió pronto a toda Andalucía y contagió a departamentos universitarios y cooperativas de consumidores como La Ortiga de Sevilla, Almocafre de Córdoba, El Encinar de Granada, El Zoco de Jerez… Prueba de esa pujanza es que sus tiendas facturan unos 3 millones de euros al año. Pronto dejó de ser una militancia para convertirse en una actividad económica que se caracteriza por la mayor estabilidad de los precios, más rentabilidad (un tercio más) y control del proceso por parte de los productores.

En la Universidad de Córdoba (Escuela de Agrónomos), Eduardo Sevilla y Manuel González de Molina crearon en 1992 el primer máster de agricultura ecológica y dirigieron decenas de investigaciones sobre la materia. Luego se sumaron las universidades de Sevilla (donde nació la revista Humus),Pablo de Olavide y Almería. Una oleada de cientos de agrónomos "ambientalistas" se propagó por todo el territorio. Otra clave del dinamismo de los operadores ecológicos es que se caracterizan por ser más jóvenes y asociativos que el conjunto de los agricultores y tener mayor presencia de mujeres. Esto les hace menos "llorones" de lo habitual en el gremio, según la opinión del presidente del CAAE, Paco Casero, y del director general de Producción Ecológica, José Román. De hecho, los propietarios del 70 por ciento de la superficie no pide subvención. Andalucía y Castilla-La Mancha son las únicas que cuentan con certificadoras privadas como el CAAE. En el resto, excepto Aragón (sistema mixto), sólo pueden certificar organismos públicos.

La Vanguardia (1.03.2009)