El Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, ha reprochado en su informe sobre los centros de protección de menores que la Generalidad, que tiene competencias plenas en la materia, no le haya facilitado los datos que solicitó sobre estas instituciones, una queja que el Gobierno autonómico ha negado.
El informe denuncia que muchos centros de menores están llevando a cabo ‘prácticas contrarias’ a sus derechos y que la mayoría utilizan contenciones físicas y mecánicas en situaciones de alteración del menor.
El estudio de Múgica dedica un apartado a analizar la situación en cada comunidad autónoma y, en el caso de Cataluña, critica que la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA) no le facilitase la información ‘requerida a las restantes administraciones de todas las comunidades autónomas con competencia en la materia’.
Según Múgica, esta información, que ya había sido solicitada a través del Síndic de Greuges cuando se inició la investigación, no ha sido facilitada ‘en los términos y de acuerdo con los datos solicitados y que resultan imprescindibles para efectuar un estudio comparativo de la situación de los centros en toda la geografía nacional’.
Fuentes del Departamento de Acción Social, del que depende la DGAIA, han afirmado que se proporcionó al Defensor del Pueblo toda la información que les fue requerida y se facilitó su visita a los centros de menores, a pesar de no estar obligada a eso, porque según su opinión solo han de rendir cuentas de su actuación ante el Síndic de Greuges.
Recurrido ante el Tribunal Constitucional
El Estatuto de autonomía de Cataluña atribuye al Síndic la competencia exclusiva para supervisar la actividad de las administraciones públicas catalanas, un aspecto que, según recuerdo el mismo estudio, ha sido recurrido ante el Tribunal Constitucional por el Defensor del Pueblo.
En este sentido, la portavoz del Departamento de Acción Social ha asegurado que la Generalidad tiene competencias plenas en la materia y que no tiene ninguna obligación de facilitar información sobre este asunto al Defensor del Pueblo.
lavozdebarcelona (3.02.2009)
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