Cataluña alega que los niños que hablan español ya tienen traductor

La Generalitat sostiene que el derecho a estudiar en castellano está garantizado por tutores especiales y que en el último año escolar menos de una veintena de familias los han solicitado

Leonor Mayor – Barcelona.- La Generalitat considera que el derecho de los ciudadanos a estudiar en español en Cataluña está «profundamente garantizado» con los tutores escolares. «Gracias a esta figura se respetan los derechos de las personas tal y como dice el Tribunal Supremo», explicaron a este diario fuentes del departamento de Educación tras conocerse el fallo del Alto Tribunal que obliga al Govern a ofrecer la opción de estudiar en castellano.

Los impresos de preinscripción de las escuelas catalanas no tienen una casilla en la que los padres puedan especificar en qué lengua quieren que sean educados sus hijos. Esta ausencia ha sido considerada ilícita en sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y en una que el Tribunal Supremo dictó el pasado 12 de diciembre. Los jueces se remiten al artículo 21.1 de la Ley de Política Lingüística que otorga el derecho «a recibir la primera enseñanza en la lengua habitual» del niño.

De acuerdo con esta normativa, los padres pueden elegir que sus hijos estudien en catalán o en castellano hasta la edad de ocho años. En la práctica, según las citadas sentencias, la opción de cursar la primera enseñanza en castellano no se aplica, al carecer los impresos de preinscripción de casillas que permitan a los padres señalar en qué lengua quieren escolarizar a sus hijos.

Sin embargo, la Generalitat insiste en que sí garantiza ese derecho, ya que los padres que deseen que a sus hijos se les dé la primera enseñanza en castellano tienen la opción de solicitarlo ante la dirección del centro escolar. Una vez recibida la petición, el colegio pone a disposición del alumno un tutor lingüístico, que se sienta junto al niño y le va traduciendo del catalán al castellano todo lo que ocurre en el aula.

La figura de estos tutores lingüísticos fue introducida por un reglamento del año 2005 y, según explican fuentes del departamento de Educación, que dirige Ernest Maragall, ha sido avalada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que apoyó su existencia al desestimar el recurso de un padre que los cuestionaba. No obstante, la Consejería subraya que son muy pocos los padres que se acogen a esta posibilidad y señala que en el último año sólo entre 15 y 20 alumnos solicitaron que les atendiera uno de estos tutores lingüísticos.

Las mismas fuentes indican que ésta es la única manera de cumplir con la legislación vigente. La ley de Política Lingüística de 1998 prohíbe la segregación de los alumnos por razón de lengua, es decir, que no existe posibilidad de que en un colegio haya aulas de catalán y aulas de castellano. Por eso, argumentan, la Generalitat sólo puede cumplir la ley a través de estos tutores, que permiten que el niño que cursa sus estudios en castellano esté físicamente en el mismo espacio que el resto de sus compañeros.

Pero el diagnóstico de los jueces no coincide con el de la Generalitat. El Gobierno catalán recurrió ante el Tribunal Supremo una sentencia dictada por el Superior de Justicia de Cataluña el 14 de septiembre de 2004 por la que se obligaba a la Administración educativa catalana a incluir en los impresos de preinscripción las famosas casillas preguntando por la lengua habitual del alumno.

Ahora, el Supremo ha desestimado el recurso de la Generalitat y ha dado la razón tanto a los jueces catalanes como a Convivencia Cívica de Cataluña, la entidad presidida por Francisco Caja que interpuso la reclamación original. El Govern argumentaba en su escrito de demanda que la decisión de poner o no estas casillas en las matrículas escolares forma parte de su «discrecionalidad».

Pero el Supremo rechaza este argumento con la tesis de que «la omisión en el impreso de preinscripción de las preguntas dirigidas a conocer la lengua habitual del niño» suponen «un incorrecto ejercicio de la potestad discrecional, pues esa decisión o su contraria no son soluciones igualmente justas», ya que «ni la Constitución ni el Convenio Europeo consagran derechos meramente teóricos o ilusorios, sino reales y efectivos, siguiendo en esto la doctrina alumbrada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos».

Añaden los magistrados del Supremo que «a los poderes públicos se les impone el deber de promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo sean reales y efectivas, removiendo los obstáculos que dificulten su plenitud». Y, en consecuencia, concluyen que los citados impresos de preinscripción escolar, al carecer de las casillas que especifiquen la lengua en la que los padres desean escolarizar a sus hijos, «adolecen por sí mismos de un vicio».

El Supremo desestima, por tanto, el recurso de casación interpuesto por la Generalitat y condena a la Administración catalana al pago de las costas. ¿Aparte de pagar las costas, qué hará ahora el tripartito? De las explicaciones ofrecidas por el departamento de Educación se deduce que el Govern no está por la labor de modificar el sistema de preinscripción escolar al considerar que el actual modelo ya garantiza el derecho a poder estudiar en castellano hasta los ocho años.

Estas manifestaciones se unen a las que facilitó el secretario de Política Lingüística, Bernat Joan, vinculado a Esquerra, el pasado sábado tras conocerse el contenido del fallo del Tribunal Supremo. Joan aseguró que esta sentencia no tendrá «transcendencia ni afectará al modelo educativo», y culpó de la sentencia a Convivencia Cívica Catalana que, en su opinión, quiere «hundir el modelo educativo catalán».

Sin embargo, las reacciones del Govern no han ido más allá. El tripartito da, de momento, la callada por respuesta. Fuentes de Esquerra explicaron a este diario que no harán comentarios sobre la polémica sentencia hasta que la hayan leído con detenimiento. Se espera que el secretario general de la formación independentista, Joan Ridao, se refiera al asunto en la comparecencia de prensa que tiene prevista para esta mañana.

En el PSC también impera la ley del silencio. Ningún diputado de la formación socialista ha querido hacer declaraciones sobre el fallo y las reacciones de Presidencia brillan por su ausencia. Para el partido de José Montilla, ésta es una cuestión delicada, ya que muchos de sus votantes no ven con malos ojos que en Cataluña se enseñe más castellano.

No ocurre lo mismo con los simpatizantes de CiU, que fue la formación que impulsó el actual sistema de inmersión lingüística en las escuelas catalanas y que considera un ataque a Cataluña cualquier modificación de los planteamientos educativos actuales. Los nacionalistas han reiterado en varias ocasiones que considerarían una ofensa la creación de dos líneas de estudios, una en catalán y otra en castellano. También se oponen a la introducción de más horas de clase de español que se sumen a las dos semanales actuales. No obstante, tampoco han comentado, de momento, la sentencia del Supremo.

Sólo PP y Ciutadans han hecho referencia al fallo. Ambas formaciones han aplaudido la decisión judicial, convencidas de que ésta viene a reafirmar sus planteamientos. Además, han aprovechado para exigir al tripartito que «cumpla la ley». El PP ha llegado incluso a reprocharle al presidente catalán, José Montilla, que se pase el día reclamando al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero que cumpla lo dispuesto en el Estatuto en materia de financiación autonómica, mientras que él rechaza cumplir las normas lingüísticas y las sentencias de los tribunales de Justicia.

El Mundo (29.12.2008)