La democracia y el devorador de votos

Un estudio culpa al sistema electoral español de la desaparición de los partidos bisagra de ámbito estatal

Carles Castro.- El "chantaje nacionalista" se ha convertido en un productivo eslogan que explotan sin piedad algunos predicadores de la metrópolis madrileña. Esta imagen se sostiene sobre un dato insoslayable: la composición habitual del Congreso de los Diputados pone en manos de los grupos nacionalistas la formación de mayorías de gobierno que permitan aprobar los presupuestos o afrontar reformas de calado. La única solución frente a esa dependencia consistiría en entregar la mayoría absoluta a alguno de los dos grandes partidos (un remedio que a veces es peor que la enfermedad). Sin olvidar que incluso esta última eventualidad resulta cada vez más difícil ante la extremada polarización actual y las estrechas distancias entre socialistas y populares.

[Un estudio similar y anterior en el tiempo  es el realizado por Juan-Antonio Cordero, 'Reforma electoral y calidad democrática'; para poder leerlo, pincha aquí]

Ahora bien, la elección de los partidos nacionalistas como chivos expiatorios de la política española no pasa de ser una maniobra de distracción. El papel decisivo de los nacionalistas se explica porque son los únicos partidos de mediano o pequeño tamaño (en el escenario español) que han sobrevivido a la nocividad del sistema electoral. Es decir: el problema del modelo de partidos español reside en el régimen electoral vigente, que ha impuesto una mortífera penalización a los pequeños o medianos grupos políticos de ámbito estatal. Uno de los primeros en caer fue el CDS, y ahora podría serlo IU. Pero este sistema electoral, vale la pena recordarlo, fue impulsado por el centroderecha durante la transición y aceptado con sospechosa resignación por parte del PSOE.

La tesis que achaca un papel central al sistema electoral español en la "aniquilación" de los partidos que podían aspirar a un papel de bisagra subyace en una ponencia sobre la ley electoral vigente, elaborada por el profesor Agustí Bosch, de la Universitat Autònoma de Barcelona. Y ese texto aporta algo más: la convicción de que la falta de proporcionalidad del sistema electoral español no tiene arreglo.

Para empezar, el estudio recuerda la sobrerrepresentación que el sistema viene regalando a PP y PSOE. Sin ir más lejos, los últimos comicios obsequiaron al PSOE con quince escaños más de los que le corresponderían en proporción estricta a sus votos, y con 14 al Partido Popular. Por el contrario, IU obtuvo once diputados menos, y tres en el caso de UPyD. Incluso los nacionalistas catalanes y gallegos (CiU, ERC o BNG) fueron penalizados cada uno con un escaño menos de los que les habrían correspondido en estricta proporción de voto.

Sin duda, esas distorsiones son de escasa cuantía si se comparan con las que produce un sistema abiertamente mayoritario, como el británico (donde Blair obtuvo en el 2005 el 55% de los escaños con el 35% de los votos). Ahora bien, su persistencia continuada en el caso español supone un castigo difícilmente soportable para partidos pequeños con el voto disperso, que acaban por desaparecer ante su irrelevancia parlamentaria. El CDS, por ejemplo, obtuvo hasta un total de 41 escaños menos de los que le habrían correspondido en las cuatro elecciones a las que concurrió.

Dicho esto, el estudio de Bosch apunta a las causas de esta "muy baja proporcionalidad" y establece las posibles correcciones. Eso sí, en lo relativo a las causas descarta culpar al sistema D´Hondt o a los efectos del prorrateo en la asignación de escaños a cada provincia (que no respeta exclusivamente el factor población, de modo que un escaño en Madrid cuesta cinco veces más votos que en Soria). A juicio de Bosch, la causa decisiva de "la escasa proporcionalidad del sistema electoral español es la magnitud reducida de las circunscripciones". Y es que de las 52 circunscripciones existentes, casi la mitad – y a causa del pequeño número de escaños que adjudican-se ve abocada "a un bipartidismo permanente", pues "los partidos menores están prácticamente condenados a desperdiciar sus votos". De hecho, en las pasadas elecciones sólo en doce provincias obtuvieron representación terceros partidos. En algún caso, como en Valencia, ese bipartidismo se debió al hundimiento de IU (que sí obtuvo escaño en el 2004), pero en otros ni siquiera un 15% de las papeletas hubiese brindado un escaño a Izquierda Unida. De hecho, en algunas pequeñas circunscripciones sólo la gran fortaleza de los partidos nacionalistas les permite lograr escaño (como ocurre en Navarra, Álavao Lleida).

En cualquier caso, y a juicio del autor del estudio, las alternativas jurídicamente viables para hacer más proporcional el sistema no funcionan. Por ejemplo, elevar la cifra total de escaños a 400 – en el contexto de los actuales distritos-apenas mitigaría las desproporciones porque "las circunscripciones que aumentarían más el número de escaños son las ya suficientemente grandes, donde no existían problemas de proporcionalidad, mientras que las provincias donde se produce la mayor parte del problema de proporcionalidad, las más pequeñas, prácticamente no aumentarían su magnitud". Y el problema se acentuaría si el prorrateo en la asignación de escaños a cada provincia se aplicase con criterios estrictamente demográficos (con lo que se equilibraría el peso de los votos de Madrid y Teruel, por ejemplo), ya que seguirían extraviándose muchas papeletas porque "las provincias que más padecen el problema de la proporcionalidad" no ganarían ni un solo escaño y más bien los perderían.

La única solución pasaría por la creación de una circunscripción de segundo nivel que repartiera "escaños remanentes" (a través de una fórmula que deja escaños sin asignar en cada provincia y que, a su vez, se adjudican con los votos que cada partido no ha utilizado para elegir diputados en los distintos distritos), a semejanza del sistema austriaco. Este "segundo nivel de asignación de escaños" podría introducir una mayor proporcionalidad y reducir sensiblemente la sobrerrepresentación de los dos grandes partidos. Sólo tiene un problema: a juicio del autor del estudio, es inconstitucional. El artículo 68.2 de la Carta Magna parece dejarlo muy claro: "La circunscripción electoral es la provincia" en las elecciones al Congreso.

LOS EFECTOS

¿Cámaras con cada vez menos grupos?

Los efectos profundos de la distorsión del sistema electoral español se aprecian, según el profesor Bosch, en la evolución de los sucesivos desenlaces electorales: "En los años 70, los españoles votaron de forma bastante plural, de manera que los resultados electorales contaron con bastantes partidos pequeños y medianos". A partir de ahí, "el sistema electoral eliminó del panorama parlamentario entre 1,2 y 1,5 partidos efectivos en cada convocatoria". "Los partidos pequeños dejan de presentarse y los electores dejan de votarlos, vista la inutilidad de hacerlo". Las cifras avalan a medias este diagnóstico: en 1977 y en el 2000 entraron en el Congreso 12 grupos – y un máximo de 13 en 1979 y 1989-,mientras que en el 2004 lo hicieron 11 y en las últimas elecciones, 10. Pero en 1977 concurrieron 82 partidos a los comicios y en el 2008 lo hicieron 98.

La Vanguardia (28.12.2008)