Durante demasiado tiempo nos hemos mantenido en silencio ante una política lingüística que ha permitido que ciudadanos cuyo único mérito distintivo es tener el euskera como lengua materna o haber aprendido a hablarla, hayan copado las más altas magistraturas de nuestras instituciones, cátedras, cargos públicos, institutos, escuelas y medios de comunicación. Hemos callado ante el despilfarro de recursos que ha devenido en un suculento negocio para quienes están viviendo del euskera y dudosamente, a juzgar por los resultados, por el euskera. Hemos callado ante una política que ha expulsado a muchos hombres y mujeres de sus plazas de docentes, que ha discriminado a la hora de acceder a un puesto de trabajo y que, en definitiva, ha venido generando sufrimiento, ansiedad y frustración.
La ideología nacionalista del actual Gobierno Vasco pretende convertir al euskera en la lengua que defina quién es vasco y quién no, y que certifique, como objetivo final, la existencia de una nación vasca originaria, con rasgos culturales uniformes y provista de derechos políticos. Muchos nacionalistas buscan que el euskera sea la lengua predominante, común y única de su nación vasca y el castellano una lengua ajena a la identidad de lo vasco. Sin embargo, la lengua es signo de identidad lingüística, pero de ninguna más. No ignoro, por tanto, la pretensión nacionalista de utilizar el euskera como factor identitario que demuestre la existencia de una nación, olvidando que las lenguas son un fenómeno natural y cultural, instrumento para comunicarse y transmitir conocimientos. Cualesquiera otros fines que se le atribuyan la corrompen. Expresan los nacionalistas el núcleo mismo de su credo: toda nación es hija de una lengua; toda nación tiene derecho a constituirse en Estado; luego hemos de poseer una lengua para ser una nación que llegue a erigirse en Estado. Es un sarcasmo que se nos hable de integración, de tolerancia y de pluralismo. Del nacionalismo radical sólo se puede esperar que termine perjudicando los derechos y libertades individuales, pues son hombres-nación, y nosotros los demás somos únicamente hombres.
Frente al proyecto del Gobierno Vasco y al conformismo de unos centros educativos sometidos a la coacción económica, planteo algo que afecta al núcleo esencial de la libertad de todos los ciudadanos: somos las personas quienes tenemos el inalienable derecho a elegir la lengua en la que queremos comunicarnos y educar a nuestros descendientes. La lengua no es un sujeto de derechos que pueda llegar a condicionar las más elementales, personales e íntimas decisiones de cada ciudadano.
El euskera es un idioma de difícil aprendizaje y limitado valor funcional en el mundo actual de la ciencia, la economía y la comunicación. No podemos obviar este dato, cualquiera que sea la política lingüística que se quiera aplicar. Deseo que el euskera perdure en el tiempo, pero también que este objetivo se logre mediante un bilingüismo voluntario. Defiendo la más progresista de las ideas liberales: las lenguas son para los individuos, no los individuos para las lenguas. Se trata del combate entre un espíritu y modo totalitario y otro democrático. Por tanto, las instituciones vascas deben proteger y garantizar el libre uso del euskera, pero sin imposiciones y atendiendo a la realidad social del momento. Porque asumo todo ello, exijo que se garantice nuestro derecho a elegir y a usar en todos los ámbitos el castellano como lo que es: lengua materna, común y propia de los vascos.
Una cosa es la defensa del euskera, como lengua minoritaria, y otra conculcar derechos lingüísticos, so pretexto de implementar medidas de discriminación positiva para aquélla. Esa es la línea roja que nunca debe traspasarse. Así, bajo el pretexto de apoyar al euskera, se establecen perfiles lingüísticos no acordes con las necesidades de la demanda de los hablantes en puestos de trabajo o actividades profesionales que no requieren de esas competencias lingüísticas. El exigir en proporción desmesurada conocimientos lingüísticos de euskera a funcionarios, empleados y profesionales que no los van a necesitar es una práctica discriminatoria e injusta. Es necesario demandar desde los puestos de la Administración trabajadores bilingües en la medida de la demanda de los usuarios, según la proporción de usuarios y en función de las tareas públicas a realizar.
Reclamar la libertad lingüística debe exigir que las distintas oposiciones no se transformen en una carrera lingüística que absorba todos los esfuerzos intelectuales de los estudiantes. Es combatir leyes discriminatorias. Es también garantizar todos los derechos que actualmente asisten a los euskaldunes. La libertad que reclamo incluye la libertad de elección lingüística en todos los ámbitos de la vida laboral y social, sin que nadie interfiera en el derecho de los hablantes a elegir la lengua o lenguas que prefiera. Cualquier cambio político, en fin, tiene que inscribir en su programa un cambio en la política lingüística que garantice la libertad y la igualdad lingüística en el acceso a la escuela y la vida laboral y social. No se trata tanto de defender esta u otra lengua como de proteger derechos ciudadanos.
Gorka Maneiro Labayen
diariovasco.com (9.11.2008)
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