“De la calle al Parlamento: Una piragua entre dos portaaviones”

Rosa Díez (diputada nacional por UPyD)Dentro del ciclo "30 años después"

Conferencia de Rosa Díez en el Club Siglo XXI: "De la calle al Parlamento: Una piragua entre dos portaaviones"

Tomo el título de esta conferencia, “Una piragua entre dos portaaviones”, del texto de felicitación que me envió al día siguiente de las elecciones Pedro Ruíz. En él decía que habíamos conseguido lo que parecía imposible: que la pequeña piragua pasara entre los dos portaaviones que nos tenían sitiados. Me pareció una imagen de lo más descriptiva de lo que había ocurrido. Y desde entonces se la he tomado prestada.

Trescientos tres mil quinientos treinta y cinco ciudadanos de toda España decidieron el día nueve de marzo del año 2008 depositar su confianza en las candidaturas de un partido político nuevo cuyo nombre exacto apenas recordaban muchos de ellos, lo que no es de extrañar dado que incluso la prensa que cubría nuestros actos nos llamaba de diversas maneras: Unidad y Progreso, UPD., Unión para el Progreso…; y, casi siempre, el partido de Rosa Díez… y Fernando Savater. Nos han llegado cantidad de testimonios de las dificultades con que se han encontrado los ciudadanos que querían votarnos en los colegios electorales de toda España; de cómo han tenido que buscar la papeleta de Unión Progreso y Democracia; de cómo se han tenido que “currar” la decisión de apoyarnos. Sirva como ejemplo ésta crónica publicada en La Razón:

“Otra cosa es la experiencia que vivieron los que querían encontrar la papeleta de UPyD, en partido de Rosa Díez que, visto el desconcierto reinante, debería haber bautizado a su formación como “El partido de Rosa”. “Al final voy a terminar votando al PSOE, ya lo verás… Es que… ¡No conozco el logotipo, ni me acuerdo de cómo se llama el partido!”, comentaba un hombre de mediana edad al que el mensaje de la ex socialista le ha calado, pero las siglas con las que se presenta, no. ”¡Ahí están!”

Sucedió más de una vez, y más de dos, hasta que un interventor socialista, ante la marabunta de desconcertados, las señaló:”Ahí están, entre las del PP y las nuestras!”. La frase sonó casi a profecía, cuando no a temor, ante la posibilidad de que les arañase algún voto que doliese igual que si fuese un zarpazo”.

Añadamos a las “dificultades” que señala el periodista que firma la crónica –nombre largo, difícil de retener—, el hecho de que con sólo seis meses de vida, sin presupuesto para invertir en publicidad, resultó completamente imposible posicionar la sigla UPyD. Y añádase e ello el hecho –poco conocido– de que en España el setenta por ciento de los ciudadanos que se acercan a las urnas lleva el sobre con la papeleta de voto desde casa. Quien no puede enviar un mailing con el voto a los domicilios de los ciudadanos parte con una desventaja competitiva que hace prácticamente imposible obtener representación parlamentaria. Pero luego les hablaré del mailing y de las componendas a que da lugar.

¿Cómo es posible que en estas circunstancias, con tantas dificultades objetivas, logísticas, sin otros recursos que las aportaciones de simpatizantes y afiliados, en una campaña extremadamente polarizada entre el PSOE y PP, con una Ley electoral que prima el bipartidismo y a los partidos nacionalistas, con una participación que rondó el ochenta por ciento, hayamos colado la piragua entre los dos portaaviones que nos tenían sitiados? Yo creo que ha sido posible porque era necesario; o, dicho de otra manera: ha sido posible porque era mayor la necesidad que las dificultades. La verdad es que los ciudadanos han logrado el milagro que ninguno de los representantes del establishment estaban dispuestos a permitir que ocurriera. Como dijimos desde el principio, el éxito de nuestra propuesta política dependía única y exclusivamente de que fuera cierto nuestro pálpito: la gente necesitaba, quería, una nueva fuerza política que tuviera el valor de decir la verdad. Y las urnas han demostrado que así es: que existe una demanda creciente de ciudadanos que no están dispuestos a conformarse con lo que hay; que no se sienten de ningún frente; que exigen ser tratados con respeto por los representantes de los poderes públicos; ciudadanos que están dispuestos a participar y a lograr que las cosas cambien.

Más de trescientos mil ciudadanos, personas con nombre y apellidos, con su vida, con su familia, con sus amigos… han decidido otorgarnos su confianza. Son conciudadanos nuestros que tienen sus sueños, sus esperanzas, sus ilusiones; que cada día se levantan para ir a trabajar, a estudiar… Que llevan a sus niños al colegio, que salen de paseo al parque, que van al taller, a la oficina, al hospital, a su instituto… Más de trescientos mil de nuestros conciudadanos nos han convertido en su cara, en su voz, en sus ojos. Nos han convertido en sus interlocutores, en sus mediadores ente ellos y los poderosos, entre ellos y los que deciden sobre el futuro de su país, sobre el futuro de sus hijos, sobre su propio futuro. Nos han encargado que les representemos, que sigamos teniendo el valor de decir la verdad. Que argumentemos, que defendamos la causa justa, que defendamos lo que nos une, que rompamos la dinámica de los frentes, que no nos resignemos, que tengamos ambición de país.

Más de trescientos mil de nuestros conciudadanos se declararon el día nueve de marzo del bando de los optimistas. De ese bando que no rompe ni separa, sino que une y construye. De ese bando que no es frente, sino unión. Del bando de los que no se resignan. Del bando de los que trabajan para hacer posible lo que es necesario.

Sabemos que esto no ha hecho sino empezar. No paramos de recibir muestras de alegría de toda España. Todos los compañeros que han trabajado en Burgos, en Salamanca, en Baleares, en Albacete, en Sevilla, en Melilla, en Barcelona, en Madrid, en Guadalajara, en Murcia, en Alicante, en Asturias, en Galicia, en Navarra, en el País Vasco, en Cantabria, en Canarias…todos me recuerdan que estamos en el principio del cambio, en el principio de la regeneración democrática. Todos están pensando ya en las municipales, en las europeas, en las autonómicas. Todos sabemos que la base ya está puesta, que hemos hecho lo más difícil: nacer. Un compañero me mandaba un mail de felicitación y hacía el símil: “hemos parido un niño con la mili hecha”… No sé si es exactamente así; pero lo cierto es que hemos participado en una carrera de velocidad y hemos llegado a tiempo a la meta; y hemos puntuado. Ahora toca seguir trabajando para –siguiendo el símil militar–, ganar los galones por mérito y no por antigüedad.

Sé que la tarea que tenemos por delante no va a ser fácil. Los mismos que no daban un duro por nosotros cuando se fundó el partido –el Director de El País vaticinó que “después del día nueve, si las cosas ocurren como creo, no tendrá ningún interés hacerle (a Rosa Díez) una entrevista”, siguieron insistiendo– superada la perplejidad—al día siguiente de las elecciones: Soledad Gallego Rey describía nuestra entrada en el Congreso de los Diputados como una “proeza” para después afirmar que “esto” no duraría. Otros, desde la otra orilla, insistieron en la inutilidad de nuestra opción; eran los que se empeñaban en desanimar a los ciudadanos afirmando que lo que nosotros defendíamos “ya lo defiende el PP”. Tal y como están las cosas no hace que falta que insista demasiado en negar tal afirmación.

Ya sé que hay quien cree que todo está bien como está, todo bien repartidito entre dos. Quienes se sienten cómodos con este sistema de partidos agotado, se pusieron a especular sobre los resultados al día siguiente de las elecciones. Los unos –que no pueden evitar reconocer que hemos conseguido nuestro escaño en la circunscripción en la que lo ha perdido el PSOE– se empeñan en buscar los votos de UPyD en “los barrios ricos…” Vaya, que ya no es a quien “le quitamos los votos”, –tabarra de toda la campaña—sino la identificación del barrio en el que viven nuestros votantes, para saber si son de una “izquierda” suficientemente “homologable” —gran pregunta que demuestra la calidad democrática de quien la hace—. Y los otros, en el colmo del complejo; se preguntan qué hubiera ocurrido “si no se hubiera presentado UPyD”. A veces pienso que, los unos y los otros, prohibirían si pudieran la aparición de nuevas fuerzas políticas y decretarían el bipartidismo obligatorio. Claro, si sólo se presenta uno o si los ciudadanos sólo votaran donde a cada cual le parece que tiene asegurada la mayoría, pues mejor que mejor; y si no hay elecciones, ni te cuento… Se les olvida que la democracia no es votar sino elegir; donde no se puede elegir, no hay libertad. ¡Señor, qué tropa!

Unión Progreso y Democracia nace cuando y porque llegamos a la convicción de que en España hace falta un nuevo partido que defienda el Estado. Un partido progresista, laico, transversal e inequívocamente nacional. Un partido que recoge en sus planteamientos lo mejor de las dos corrientes políticas que han sido el germen de la Europa social y democrática: la socialdemocracia y el liberalismo político. Un partido comprometido con la regeneración democrática y con la defensa de la libertad. Un partido comprometido con la defensa de la unidad de la nación española como instrumento imprescindible para garantizar la igualdad. Un partido de españoles sin complejos. UPyD nace porque llegamos a la convicción de que ni el PSOE ni el PP –el primero porque ha dejado de ser un partido que vertebra España y el segundo porque está cargado de complejos e hipotecas territoriales—van a ser capaces de acometer las profundas reformas que nuestro país necesita para asegurar la igualdad, la cohesión y el progreso a las nuevas generaciones.

Para entender lo que somos –antes de que les hable de lo que vamos a hacer—conviene recordar siquiera brevemente, nuestros “antecedentes”. El embrión de ese partido nuevo ha sido incubado en Basta Ya, ese movimiento cívico que nació en el País Vasco hace más de ocho años para defender las instituciones y las leyes democráticas, para hacer pedagogía política y para enfrentarse a ETA y al nacionalismo obligatorio. También entonces un grupo de ciudadanos de diferentes extracciones ideológicas decidimos que había llegado la hora de hacer algo más que salir juntos a llorar tras los asesinatos; decidimos que había llegado la hora de defender lo que nos une, de sentirnos en las calles mayoría. Y que, puesto que los partidos políticos –ni el PSOE ni el PP—estaban dispuestos a hacerlo, habíamos de ser otros quienes les tomáramos de la solapa y llamáramos a los ciudadanos a defender la democracia. Quiero recordarles que los partidos políticos no acogieron con ninguna simpatía aquella iniciativa; por supuesto que no me refiero a los nacionalistas, que éstos siempre nos consideraron sus enemigos. Me refiero a los de ámbito nacional, que veían con malos ojos que nos inmiscuyéramos en lo que consideraban “su terreno”. Porque Basta Ya era un movimiento cívico que planteaba reivindicaciones políticas, no sólo morales o éticas. Para eso ya había otros movimientos cívicos. Nosotros nacimos y salimos a la calle para defender las instituciones y las leyes comunes: la Constitución y El Estatuto. Y para oponernos al Plan Ibarretxe, un proyecto que dividía a los ciudadanos entre vascos de primera y segunda categoría. Les aseguro que si no hubiéramos existido ese plan se hubiera terminado negociando como si de una modificación del Estatuto se tratara; y el pacto por las Libertades y contra el Terrorismo no se hubiera firmado nunca.

Les cuento todo esto para que comprendan que los promotores de este nuevo partido político estamos acostumbrados a remar contra corriente. Hemos aprendido a trabajar en transversal y no renunciamos nunca a conseguir lo que creemos que es justo. Somos muy pertinaces y hemos demostrado que podemos llegar a ser muy pesados. Si hace unos años llegamos a la conclusión de que era hora de pasar desde las tribunas de los periódicos y/o de los discursos y conferencias a la calle, hace unos meses llegamos a la conclusión de que había que pasar de la calle al Parlamento, como dice el título del libro de mi compañero y amigo Carlos Martínez Gorriarán. Y aquí estamos.

Unión Progreso y Democracia cuenta ya con más de ocho mil afiliados (unos tres mil nuevos desde el pasado nueve de marzo) en toda España. La gran mayoría de ellos nunca estuvieron afiliados a ningún partido político; y hay entre ellos muchos jóvenes, muchos más que los que estamos acostumbrados a ver en las formaciones políticas españolas. Todos ellos han decidido vencer las inercias y dar un paso al frente para formar este partido nuevo y trabajar juntos por la causa común de regenerar la democracia.

Nuestras listas electorales representaron bien la realidad del partido. La mayor parte de los candidatos nunca lo fueron de otro partido político. Más del noventa por ciento son profesionales que no necesitan dedicarse a la política para mejorar su posición personal y/o profesional en la vida. La transversalidad del partido que se pone de manifiesto en nuestro programa ha tenido su reflejo también en las candidaturas; cabe poner como ejemplo la lista de Vizcaya: el número uno Fernando Maura, ex parlamentario en las filas del PP; la segunda, Kati Gutiérrez, ex parlamentaria en las filas de Izquierda Unida. Y el número uno al Senado, Tomás Tueros, histórico dirigente de CCOO y afiliado del PCE y después del PSE-PSOE.

Hemos asumido la responsabilidad de representar a una inmensa mayoría de ciudadanos que están hartos de enfrentamientos permanentes y estériles, que se sienten huérfanos de la política, que buscan algo nuevo, a alguien que los represente, a alguien en quien puedan confiar sin abandonar el espíritu crítico, a alguien que les ofrezca la posibilidad de ir a votar –como me han dicho reiteradamente a lo largo de estos meses– a favor, con ganas, como fuimos muchas personas de mi generación en los primeros años de nuestra democracia.

Hemos asumido el reto de defender una Tercera España, esa de la que hablaban hace más de setenta años un socialista como Besteiro y un liberal como Marañón, españoles cabales, políticos íntegros, ejemplos ambos de que es preciso trabar acuerdos que superen las siglas para que un país progrese. Nacemos para contribuir a defender lo que nos une por encima de la sigla, de la ideología, del pensamiento caínista y sectario. Nacemos para desideologizar la defensa de lo obvio.

Para nosotros España es algo más que la suma de diecisiete Comunidades y dos Ciudades Autónomas. España, con logo o sin logo, en campaña o sin ella, es una nación de ciudadanos libres e iguales cuyos derechos están garantizados y delimitados en los artículos fundamentales de la Constitución del 78. Defendemos la unidad de la Nación española no como un valor sentimental, sino como el instrumento imprescindible para garantizar la igualdad y la libertad de todos los españoles, cualquiera que sea su lugar de origen o residencia. Frente a lecturas ahistóricas u olvidadizas, yo reivindico el espíritu de la Transición, ese compromiso que hizo posible la recuperación de la democracia. Y reivindico y honro la generosidad de quienes habiendo vivido la guerra –y sobre todo de quienes sufrieron la posguerra–, fueron capaces de trabar aquel acuerdo.

Somos un partido de ámbito inequívocamente nacional, español. De hecho, somos el único partido político –parece mentira pero es verdad—que se presenta en toda España con la misma sigla y que defiende la misma posición política en todos los territorios. Estamos tan libres de prejuicios como de complejos; y desde esa perspectiva vamos a proponer sin ningún tipo de hipoteca los cambios legislativos y constitucionales necesarios para promover políticas que incrementen la igualdad y la libertad de todos los ciudadanos. Defenderemos nuestras propuestas sin pensar en obtener rentabilidad electoral a corto plazo. Y apoyaremos todas aquellas de otros grupos políticos que ayuden a conseguir los objetivos que nosotros defendemos; no analizaremos ninguna propuesta en función de quien la plantee, sino en función de su contenido y de sus consecuencias para los ciudadanos. A eso le llamamos tener una posición institucional y no sectaria de la política.

Nuestras propuestas:

Tres son los ejes de la acción política de nuestro partido: Plantear los cambios legislativos y constitucionales precisos para igualar los techos estatutarios y cerrar el modelo, revisar la distribución de competencias y garantizar la separación y autonomía de poderes; reformar la Ley Electoral, sustituyéndola por una legislación más justa e igualitaria; y regenerar la democracia, impulsando leyes que devuelvan a los ciudadanos el control sobre la política.

Es imprescindible que en esta legislatura se inicie un debate serio sobre la necesidad de abordar profundas reformas constitucionales. Creemos que para que se cumplan efectivamente los preceptos básicos de la Constitución, aquellos que garantizan Derechos Fundamentales como la igualdad, la cohesión, la libertad y la separación de poderes -preceptos que no son negociables en ninguna constitución democrática del mundo- es necesario revisar la actual distribución de competencias, atendiendo al criterio de eficacia, igualdad, cohesión y libertad. Tras treinta años de desarrollo constitucional, y a la vista de las consecuencias que la distribución actual de competencias y las leyes que de ella se han derivado, es preciso un gran Pacto de Estado para cerrar el modelo autonómico, igualando los techos competenciales y plasmando en el texto de la Constitución la nueva distribución de competencias. La propuesta de reforma constitucional que anuncia el Gobierno es reiterada, tímida e insuficiente y no aborda ninguna de las importantes cuestiones pendientes.

Nosotros proponemos que se modifique el artículo 150.2 CE incluyendo las materias exclusivas del Estado, entre las que debieran estar como mínimo la representación internacional, la Educación y la Legislación Básica que afecte a Sanidad, Medio Ambiente y Urbanismo. Además proponemos que se establezca una mayoría cualificada de dos tercios en cada Cámara para la aprobación de las reformas de todos los Estatutos.

Proponemos que se revise el Sistema de Financiación de las Comunidades Autónomas para que las peculiaridades “históricas” no avalen privilegios. Eso significa, ni más ni menos, que hemos de impulsar la revisión del cálculo del Cupo Vasco y la Aportación Navarra. No se trata de “abolir” los fueros o “borrar” los derechos Históricos. A mí particularmente me parece que esas son expresiones que se compadecen mal con una Constitución moderna como la nuestra, que garantiza los derechos de la ciudadanía, entre otras cosas porque los territorios no tienen derechos. Pero no me interesa entrar, de momento, en el debate nominalista, por muy arcaicos que esos términos me resulten. Porque lo que produce la mayor desigualdad de unos ciudadanos frente a otros es el cálculo, la aportación de esas dos comunidades a los Presupuestos Generales para que el Estado desarrolle las políticas que son de sus competencias. Navarra aporta cada año 640 millones de euros por debajo de lo que le corresponde; y el País Vasco 2060. Pues ese cálculo es el que hay que corregir. Y lo digo hoy aquí en Madrid porque primero lo hemos explicado, durante toda la campaña, en Pamplona y en las tres capitales del País Vasco. Es lo que debe hacer un partido con vocación de vertebrar el Estado: defender la misma posición política en cualquier parte del territorio nacional.

La revisión de la financiación de las Comunidades Autónomas va a ser uno de los debates inaplazables de la legislatura. Ni el PSOE ni el PP (y por supuesto, ningún partido nacionalista) van a querer entrar en la cuestión de los “privilegios” históricos. Pero es tan inaplazable como el cambio del sistema de financiación de las comunidades llamadas de Régimen Común. Y aquí vamos a poder ver hasta qué punto los dos grandes partidos de ámbito nacional—aunque sólo sea nominalmente—se comportan como tal o, por el contrario y como ya se viene apuntando, se empiezan a trabar acuerdos entre Comunidades ricas frente a Comunidades pobres, al margen de cual de los dos partidos gobiernen en cada una de ellas. El relativismo político y el abandono de los principios, para ganar elecciones o mantener el poder en aquellos lugares en los que se ocupa, empiezan a vislumbrarse a la hora de abordar este debate de forma extremadamente preocupante. Si el segundo gran partido copia la estrategia del PSOE –el abandono de la responsabilidad de vertebrar al Estado y garantizar la cohesión—como fórmula para alcanzar el poder, estaremos ante una situación de quiebra del sistema. Porque ese modelo de una confederación imperfecta diseñado para España con el Estatuto de Autonomía de Cataluña es inviable en términos de equidad. Y, por tanto, insostenible.

Los ciudadanos no se levantan cada día pensando que hay que cambiar la Constitución; pero sí muestran su descontento por las consecuencias de un marco indefinido, sometido a continua subasta entre los que ganan las elecciones sin la mayoría suficiente y las demandas de los partidos nacionalistas que ponen precio a sus apoyos al Ejecutivo. Ningún país puede evitar que llegue al poder un gobernante sin escrúpulos o sin sentido de Estado; pero las leyes han de proteger a los ciudadanos ante la eventualidad de esa circunstancia. Por eso proponemos una revisión de la Constitución para que la cohesión social y la igualdad no puedan estar sometidas al chantaje o al coyunturalismo. Nos gusta la autonomía; la del Gobierno de España también.

Pondré un ejemplo de algunas reformas urgentes que en España no se han abordado por desidia o por complejo: la Educación. No creo que exista nadie en nuestro país que, sinceramente, se atreva a defender la calidad de nuestro sistema educativo. Estamos a la cola de Europa en niveles de calidad y a la cabeza en los ratios de fracaso escolar. Es verdad que hemos de exigir a los gobernantes que se destinen más recursos para las reformas, para las lenguas extranjeras, para el aprendizaje de las nuevas tecnologías, para la formación del profesorado, para la investigación… Pero eso sólo, por necesario que sea, no serán sino paños calientes; mientras España tenga diecisiete leyes educativas de facto, mientras no exista control institucional previo sobre los libros escolares (sobre el contenido, no sólo sobre los enunciados), mientras ninguna autoridad sometida a control democrático pueda intervenir en lo que se estudia y lo que se deja de estudiar, seguiremos retrocediendo respecto de los países de nuestro entorno; y respecto de nuestra propia historia. No se trata de quitar competencias a nadie: se trata de instaurar un sistema que garantice que la formación de los jóvenes españoles responda a los mismos ratios de calidad y contenido en lo sustancial, sea cual fuere el lugar de España en que se cursen los estudios. Tiene poco sentido que mientras en Europa se camina hacia la homologación de titulaciones con el llamado Plan Bolonia (del que al parecer el Presidente no ha oído hablar a tenor de la respuesta que me dio en el Debate de Investidura) un joven español encuentre serias dificultades para trasladar su currículum al pasar de una universidad sita en una Comunidad Autónoma con dos lenguas oficiales a otra; o viceversa.

En coherencia con ese criterio, Unión Progreso y democracia propone, entre otras reformas, las siguientes:

1. La devolución al Estado de la competencia en Educación para garantizar la existencia de un sistema educativo nacional unitario, compatible con la estructuración de España en comunidades autónomas, seis de ellas con lengua cooficial. Las comunidades autónomas seguirán desempeñando tareas de gestión y desarrollarán algunas competencias propias en este terreno, pero siempre de acuerdo con el principio de un currículo básico igual en todas las comunidades autónomas, y con independencia de la lengua cooficial o extranjera en que éste se imparta.

2. El reconocimiento constitucional, mediante la correspondiente reforma constitucional, del derecho a la escolarización en las correspondientes lenguas maternas oficiales en las comunidades bilingües, y el desarrollo de sistemas educativos bilingües a lo largo de toda la escolarización obligatoria, garantizando el derecho de los padres y luego de los alumnos, a escoger la lengua de referencia que prefieran a lo largo de la escolarización. En cualquier caso, se debe garantizar que ambas lenguas oficiales sean adecuadamente enseñadas y aprendidas.

3. La aprobación parlamentaria de un Pacto de Estado por la Educación, suscrito por los principales partidos parlamentarios con el apoyo de los estamentos y entidades educativas (sindicatos, asociaciones profesionales y de padres, etcétera), que garantice la estabilidad básica de la legislación educativa durante un tiempo razonable (al menos 20 años); los partidos se comprometerán a renunciar a convertir los problemas educativos en un campo de batalla para dirimir sus intereses.

4 – Desarrollo legal de la autoridad del profesorado, que deberá ser investido de la condición de representante de los poderes públicos, y en consecuencia especialmente protegido legalmente de las agresiones a su persona y de las intromisiones ilegítimas en sus competencias profesionales.

5 – Apoyo a la educación laica, como única que garantiza el respeto a todas las creencias compatibles con los valores de la democracia y el aprendizaje de la tolerancia. En este sentido, apoyamos el desarrollo de la Educación para la Ciudadanía, cuyo programa y contenidos deberán ser consensuados dentro del Pacto de Estado por la Educación. La educación religiosa optativa se desarrollará, en todo caso, fuera del horario escolar y carecerá de evaluación curricular. El apoyo público a esta enseñanza, con la debida supervisión de sus contenidos para garantizar que no se convierte en adoctrinamiento antidemocrático o fundamentalista, será resuelta mediante los correspondientes acuerdos o convenios entre el Estado y las entidades representativas de las diversas confesiones religiosas.

En la España que yo quiero el gobierno defenderá sin complejos el derecho a aprender y usar el castellano como la lengua común de todos los españoles. Es uno de los principales factores de competitividad como país les podemos brindar a nuestros jóvenes: una lengua que hablan más de cuatrocientos millones de ciudadanos en el mundo. Negar a miles de familias de toda España el derecho a educar a sus hijos en la lengua castellana es un elemento de discriminación que va contra el derecho constitucional a la igualdad y que afecta de manera especial a aquellos ciudadanos con rentas más bajas, a las escalas sociales más débiles que son las que más necesitan de la protección del Estado. Lo que hoy está ocurriendo en Cataluña, el País Vasco, Baleares, Galicia –que amenaza con extenderse a Valencia–, es un atropello en toda regla. No se persigue a las lenguas: se persigue a los ciudadanos que exigen poder educar a sus hijos en la lengua castellana y poderla utilizar también en sus relaciones con la administración. La discriminación por razones lingüísticas que sufren miles de familias en España es contraria al derecho constitucional de igualdad y de libertad. No existe libertad si no se puede elegir el idioma oficial en que es educado tu hijo. Ese derecho a elegir libremente hoy se persigue en algunas regiones de España ante la pasividad del Gobierno de la Nación.

Queremos un país en el que los votos de los ciudadanos tengan el mismo peso electoral, sea cual fuere el lugar de España en que vivan y la opción electoral que elijan. Por eso hemos propuesto ya la reforma de la Ley Electoral vigente desde el inicio de la Transición. No se trata de perjudicar a los nacionalistas; se trata de que los ciudadanos sean tratados con equidad por la ley. Porque con el sistema actual el ciudadano que vota a un partido que sólo se presenta en una región de España está sobrerrepresentado frente a quien vota a un partido de ámbito nacional. La consecuencia de una Ley elaborada en la Transición–, que tenía como objetivo consolidar a los partidos políticos nacionales existentes tras la dictadura–, ha sido la consolidación de un bipartidismo imperfecto, en el que los árbitros son partidos nacionalistas que, con muy pocos votos, son capaces de cuestionar la definición del modelo de estado. Es verdad que esa ley tiene los mismos años que la democracia; y que nunca habíamos llegado a una situación como esta, en la que los partidos nacionalistas se convierten en los árbitros para el diseño de la política nacional. Pero es que, como decía antes, nadie está a salvo de que llegue al poder un gobernante sin límites. Por eso hay que hacer leyes que eviten, en la medida de lo posible, los dislates del Ejecutivo.

Todos los gobiernos que han precedido a éste han establecido acuerdos con los nacionalistas; algunos incluso han ido más lejos de lo que desde la perspectiva de Estado, se debiera haber ido. Recuerden ustedes aquellas alabanzas de Arzalluz a Aznar, de quien decía que “le había sacado más en dos años que a González en doce”. Pero, más o menos, todo fue razonable hasta que llegó este Presidente. No podemos impedir que un gobernante prefiera pactar cuestiones de estado con partidos que reniegan del Estado español; pero si podemos –y debemos—cambiar la Ley Electoral para que esta garantice la igualdad del voto de cada ciudadano. Porque con la Ley actual se vulnera el espíritu del artículo 23 de la Constitución que establece que todos los ciudadanos tienen el derecho de elegir y ser elegidos en igualdad de condiciones. Vamos, que a mi me preocupa más que mi voto valga seis veces menos que el de mi vecino que vota PNV que el hecho de que, con menos votos, el PNV éste tenga seis escaños y UPyD uno. Es el derecho activo el primero que hay que proteger.

Por eso nuestra primera iniciativa parlamentaria ha sido la propuesta de modificación la Ley Orgánica del Régimen Electoral General de 1985 (LOREG). Nuestra propuesta eleva a cuatrocientos el número de diputados, establece la Comunidad Autónoma como circunscripción electoral y distribuye el sistema de elección 200 diputados elegidos en listas electorales de base territorial autonómica y otros 200 en circunscripción nacional. El resultado es más proporcional y por tanto, más igualitario. Garantiza además la estabilidad del sistema (nada que ver con el modelo italiano, por ejemplo). Pero, con todo, lo más importante es plantear el debate allá donde se aprueban y cambian las leyes.

Propondremos otras reformas constitucionales que afectarán a otro gran capítulo del modelo de Estado: la Justicia. No es de recibo que el máximo órgano de los jueces esté formado con criterios partidarios, conformado por jueces que son nombrados para ejercer de “delegados” de los partidos políticos dentro del mismo. Ni es de recibo en un país moderno y democrático que el Fiscal General del Estado, por mor de su dependencia partidaria, tenga en su poder la capacidad de anular de facto la vigencia de una Ley como la de Partidos Políticos o de paralizar el trabajo de los fiscales. No puede ser que el control del poder político sobre el sistema judicial sea de tal nivel que la misma Fiscalía General del Estado, en la misma legislatura, con las mismas leyes (con el mismo Fiscal General) pueda denominar a la Ley de Partidos Políticos un “Guantánamo electoral” para no aplicarla, o ponerse manos a la obra y aplicando la misma ley meter en cintura a los terroristas a los que otrora dejó llegar a las instituciones. Todo por seguir el “juego” (“cuando lo aconseje la jugada”, que diría el Ministro de Justicia) a las apetencias oportunistas del Gobierno. Pues como a la vista está que no puedes fiarlo todo a la independencia de las personas, a su sentido de responsabilidad, hemos de cambiar las leyes para garantizar la independencia entre los poderes. Y también para proteger a los jueces y fiscales que quieran ejercer esa autonomía.

Otra de nuestras preocupaciones es la necesidad de recuperar el consenso en todas aquellas cuestiones que requieren de un Pacto de Estado. Los españoles, particularmente los vascos, hemos perdido durante la última legislatura cuotas de libertad y de seguridad. Esto no es algo opinable sino, desgraciadamente, fácil de constatar: ETA ha vuelto a entrar en las instituciones democráticas del País Vasco, ha vuelto a llenar las calles de actos de terrorismo callejero, ha incrementado la extorsión a los empresarios… Todo como consecuencia de una apuesta política personal, inútil e irresponsable de Zapatero que decidió revisar el pacto más exitoso en política antiterrorista para someter la nueva política al control de los partidos que nunca quisieron la derrota de ETA.

Unión Progreso y Democracia defenderá sin ningún tipo de complejo y de forma inflexible un nuevo Acuerdo por las Libertades y contra el Terrorismo, un Pacto de Estado que tenga como objetivo la derrota de ETA y que para conseguir ese objetivo ponga en marcha todos los instrumentos del estado de Derecho, ni uno más pero ni uno menos. La derrota de ETA es algo más que la detención y puesta a disposición judicial de sus comandos, por muy necesario que eso sea. Derrotar a ETA requiere la deslegitimación radical de toda su historia, de todos sus objetivos. La derrota de ETA conlleva un compromiso de Estado de que los terroristas no conseguirán ninguna de las reivindicaciones políticas en cuyo nombre instauraron víctimas. Ni mientras maten ni para que dejen de matar. Por eso, porque hay que derrotarles socialmente, a ellos y a sus cómplices, cualquiera que sea el grado de complicidad, ya sea activa o de comprensión. El pacto ha de estar abierto a todas las fuerzas políticas, pero suscrito imprescindiblemente entre las que pueden formar el Gobierno de España. Sólo un Pacto de Estado le dará estabilidad temporal a la política que allí se acuerde. Y sólo entonces ETA perderá la esperanza. Es verdad que puede llegar un gobernante que esté dispuesto a romper el pacto, como ha ocurrido en la legislatura pasada; pero también para alejar esos riesgos es necesario un nuevo partido que defienda al Estado.

Durante los cuatro últimos años hemos vivido algunos de los momentos más tristes de nuestra historia en la lucha contra ETA. Muchas veces hemos sufrido los ataques de la organización terrorista y hemos compartido el dolor de sus víctimas. Pero nunca hasta hoy una política gubernamental había fiado el éxito de su estrategia persiguiendo la división de los ciudadanos en esta materia; nunca se había hecho política antiterrorista contra la mitad de la ciudadanía. Ha sido durante la legislatura pasada cuando ETA se ha sentido reconocida internacionalmente porque el PSOE y el Gobierno se empeñaron en llevar el “proceso” al Parlamento Europeo. Ha sido durante esa legislatura cuando ETA ha conseguido lo que llevaba más de treinta años persiguiendo a través de sus crímenes: reconocimiento político por parte de la democracia. Porque según declaró el Presidente del Gobierno: “hemos hablado de política con ETA aunque no le hemos dado nada…” ¿Qué más le puede dar un gobierno democrático a una organización terrorista? El Gobierno le ha dado a ETA todo lo que estaba en su mano. Lo que no le ha dado (Navarra, la independencia, etc.) no se lo puede dar porque lo tenemos nosotros, el conjunto de los ciudadanos.

No podía salir bien una apuesta política que dependía del soporte de partidos que nunca quisieron la derrota de ETA, que siempre se presentaban como intermediarios pero en realidad querían ser comisionistas. No podía salir bien una política que les devolvió la impunidad a los terroristas, que les convirtió en “hombres de paz”, que convirtió a las víctimas en “el pasado”, que trató a los que se oponían al proceso como enemigos de la paz. No podía salir una apuesta política que requería del silencio de la sociedad, de la pasividad de los movimientos cívicos y de la complicidad de los malos. Y no salió bien.

Derrotar a ETA requiere, también, una justicia independiente que no esté sometida a los criterios de oportunidad de ningún gobierno. Por eso, porque no nos conformaremos con menos que la derrota de ETA, hemos exigido al Gobierno que ponga en marcha todos los instrumentos del estado de Derecho para expulsar de las instituciones democráticas a los terroristas que un sistema judicial sometido a los intereses políticos y de oportunidad dejó entrar. No estamos ante un debate ético, sino ante la necesidad de expulsar de las corporaciones locales del País Vasco y de Navarra a los terroristas que están ocupando el espacio de los demócratas. Hemos propuesto que el Gobierno utilice el artículo 61 de la Ley de Bases de Régimen Local y mediante Real Decreto, previo acuerdo del Senado, disuelva los órganos de las corporaciones locales en las que están enquistados los terroristas. Lo pueden hacer; el gobierno socialista ya utilizó esa potestad para disolver en la pasada legislatura el Ayuntamiento de Marbella, en defensa del interés general. Nada es de mayor interés para la ciudadanía y la democracia que expulsar de los ayuntamientos vascos y navarros a los terroristas que utilizan su presencia en ellos –además del dinero de nuestros impuestos, unos cinco millones de euros al año—para tenernos más a tiro.

Regenerar la democracia es uno de los objetivos fundamentales del nacimiento de Unión Progreso y Democracia. Creemos que el sistema actual de partidos está caduco, agotado. Los ciudadanos ven a los partidos políticos como una especie de cártel, de club de intereses en el que los dirigentes discuten entre ellos de sus cosas, lejos la mayor parte de las veces de las cosas que afectan al conjunto de los ciudadanos. Ese desafecto entre la ciudadanía y la política es creciente y de no atajarlo, lejos de ser un problema coyuntural, acabará debilitando el propio sistema democrático. Recuerdo que sobre este tema, –la necesidad de democratizar los partidos políticos y de devolver a los ciudadanos el control sobre la política—versó mi primera intervención en este Club allá por febrero del año 2000. Entonces me presentó Fernando Savater, que hoy me acompaña vigilando el buen rumbo de la piragua. Pues bien: en el año 2008 regenerar la democracia sigue siendo una de nuestras asignaturas pendientes. Por eso proponemos una serie de reformas legislativas:

a) regular por ley la limitación de mandatos;
b) elección directa de los cargos unipersonales, empezando por los alcaldes;
c) elección de los candidatos por el sistema de primarias;
d) listas abiertas y no bloqueadas.

Cada una de estas propuestas por sí sola no resuelve los problemas de lejanía y desafecto de los ciudadanos respecto de la política. Y todas ellas requieren de una democratización de los propios partidos políticos. Pero este es un debate que hemos de ser capaces de abordar urgentemente. Porque si los ciudadanos “pasan” de política, la política queda en manos de aquellos que no la necesitan para seguir dirigiendo el mundo; y eso termina afectando la calidad de nuestra democracia. Por eso insisto: hay que cambiar los partidos para cambiar la política; y hay que cambiar la política para cambiar la sociedad. Eso es la regeneración democrática.

Hay otras muchas cuestiones que necesitan ser abordadas con urgencia en nuestro país tras un periodo en el que se han roto todos los consensos básicos. Porque no sólo el modelo territorial del Estado, la política de Educación, la reforma del sistema electoral, o el reforzamiento de la autonomía del sistema judicial respecto del ejecutivo han de formar parte de los nuevos Pactos de Estado. La política de Inmigración, la política Exterior o la Política Social han de estar también blindadas por grandes acuerdos nacionales.

En materia de política social existe aún en vigor el Pacto de Toledo, un acuerdo que mereció un amplísimo consenso social y político y que tiene como objetivo garantizar la viabilidad del sistema. También para evitar—y denunciar cuando sea preciso—veleidades electorales que pueden poner en riesgo el propio sistema de pensiones –el único capital que tienen millones de ciudadanos españoles– hace falta un nuevo partido que defienda al Estado; un partido que haga política pensando en las próximas generaciones y que renuncie a someter sus propuestas a la urgencia de ganar las próximas elecciones.

Lo mismo cabría decir en Política Exterior. Diseñar la Política Exterior o Europea de España pensando en hacer justo lo contrario de lo que hizo el anterior (y si me apuran el anterior del anterior, aunque sea del mismo partido) no es propio de países o gobernantes serios. Si algo da estabilidad a las inversiones, al desarrollo, a la competitividad de un país y de sus empresas en la esfera internacional, es la confianza en que los gobernantes—sean del signo político que sean– no someterán su política a vaivenes de oportunidad. Justo lo contrario de lo que ha ocurrido en España en la pasada legislatura. Nuestro peso en el mundo ha mermado progresivamente; nuestra soledad ha crecido con la misma intensidad. Nos hemos convertido en un país perfectamente prescindible; y eso es algo que no nos podemos permitir.

Finalmente, un breve apunte sobre economía. Ni estamos en la “champions” ni hemos entrado aún en un proceso de regresión; pero sí tenemos motivos para estar preocupados. Existe una crisis económica internacional que afecta seriamente a nuestro país y cuyos efectos pagaremos más duramente cuanto más tiempo tardemos en enfrentarla. El Gobierno ha decidido negar la mayor, mirar para otra parte e insistir en los datos macroeconómicos, insultando a la inteligencia de centenares de miles de ciudadanos que están endeudados y que tienen cada día más dificultades para llegar a fin de mes. No hay más que ver las últimas medidas adoptadas en el segundo Consejo de Ministros. Tenemos un gobierno empeñado en gobernar contra la realidad. Existe una crisis económica internacional ante la que España no está mejor preparada que los países de nuestro entorno. Es verdad que hemos crecido por encima de la media de los países europeos; pero nuestro crecimiento ha venido dependiendo , de sectores económicos que incorporan escaso valor añadido. Y nuestra inflación es mayor que la de los países de nuestro entorno (y puede crecer con esta inyección económica no planificada); y que nuestro déficit exterior es muy preocupante. Mientras el gobierno no reconozca esa realidad que debiera llevarle a un profundo replanteamiento de la política económica seguida en España en los últimos años (por éste y otros gobiernos anteriores) no estaremos dando la respuesta que la situación requiere.

El Gobierno se niega a aceptar que estemos atravesando una crisis. Pues bien, si resulta que todos los indicadores coyunturales experimentan una fuerte desaceleración; si ha empeorado el déficit exterior; si crece nuestro diferencial de inflación con la zona euro; si se ha reducido severamente la recaudación fiscal en todos los impuestos sobre el consumo, en especial en el IVA; si aumentan de manera preocupante las suspensiones de pagos en las empresas del sector inmobiliario (que es el que ha tirado de nuestra economía y del empleo); si se corrige permanentemente a la baja nuestra estimación de crecimiento (0,8 puntos una semana después de haber aprobado el decreto en Consejo de Ministros, si se raciona el crédito bancario, si se elevan los tipos de interés…podremos convenir que hemos entrado en crisis, ¿o no?

Para España ha llegado el momento de abordar seriamente el problema de la competitividad, lo que implica buscar una nueva base para el desarrollo de nuestra economía, mejorando su capacidad tecnológica y diversificando su sistema productivo hacia las actividades industriales y de servicios de mayor sofisticación y valor añadido. Y, además, ello ha de hacerse con la restricción que supone la atonía de la coyuntura económica, el aumento del desempleo y, en general, la desconfianza que se ha extendido entre los empresarios y los consumidores.

Nada de esto parece haber sido tomado en cuenta por el Gobierno; lo que demuestra una escasa ambición de país.

En fin, que aquí me paro. Unión Progreso y Democracia, como les decía al principio, ha protagonizado ya un milagro: el milagro de pasar en sólo seis meses de la calle al Parlamento. El milagro (será laico, pero milagro es) de obtener más de trescientos tres mil votos repartidos por toda España. El milagro de obtener un diputado en una de las elecciones más reñidas (más bipartidistas) y más participativas de nuestra historia. El milagro de hacerlo sin ningún tipo de crédito bancario, con las aportaciones, el trabajo y el dinero de nuestros militantes y simpatizantes. ¿Cómo ha sido posible que ocurra algo así? Pues porque había más necesidad que dificultades.

Hemos colado la piragua porque decidimos que podíamos hacerlo. Hemos llegado al Parlamento porque hicimos lo que Hannah Arendt describía como lo esencial del hombre: su capacidad para obrar milagros, iniciar lo improbable y lo inalcanzable, actuar. Hemos demostrado que se podía hacer campaña de otra manera; y ahora vamos a demostrar que se puede hacer política de otra manera. Vamos a desideologizar la defensa de lo obvio. Vamos a estar en el Parlamento controlando al Ejecutivo, haciendo preguntas, proposiciones, interpelaciones. Y vamos a estar en la calle, en las universidades, en todos los foros a donde podamos llegar, respondiendo a las preguntas de los ciudadanos, escuchando sus propuestas, sus críticas, sus iniciativas.

En el parlamento tenemos sólo una voz; pero allí representamos a todos aquellos que confían en nuestro proyecto, que lo creen necesario, más allá de que nos hayan votado o no en las últimas elecciones. Porque he de decirles que una de mis mayores satisfacciones es que soy plenamente consciente de que mucha gente que no nos ha votado está feliz de que hayamos llegado al Parlamento. En cualquier lugar de España nos felicitan y nos animan a seguir adelante. Quienes nos votaron se sienten partícipes directamente del éxito, lo noto en sus caras de alegría; y quienes no lo hicieron se alegran de que estemos allí, sabiendo que les representamos a ellos también. No hay nada más hermoso, se lo aseguro, que percibir que alguien, una persona a quien no conoces y a la que probablemente no volverás a ver, te siente de los suyos, se siente bien representada por ti. Para mí eso es lo que da verdaderamente sentido a la acción política.

Permitidme que termine dando las gracias a todos los que trabajaron sin denuedo para conseguir que estas ideas de libertad, igualdad y regeneración democrática llegaran a la gente; algunos de ellos están hoy aquí. Gracias a todos. Gracias también a los que nos negaron el apoyo; a los que enredaron; a los que restaron; a los que nos negaron nuestro derecho a existir. Su comportamiento antidemocrático, en el sentido estricto del término, nos ha hecho más fuertes. Y nos ha ayudado a hacer de la necesidad virtud.

Gracias a los trescientos tres mil quinientos treinta y cinco ciudadanos que nos han encargado la tarea de representarles. Mi padre me enseñó, cuando no había democracia en España, que era muy importante obtener el derecho a elegir; pero que lo que era verdaderamente importante era asumir la responsabilidad de ser elegido. Asumimos esa tarea con plena consciencia de nuestra responsabilidad. Sabemos que nos debemos únicamente a los ciudadanos, que sólo ante ellos hemos de responder. Y no lo olvidaremos nunca.

La carrera de fondo ha comenzado. De fondo, y con relevos. Porque, como me dijo la noche electoral una amiga– cuando los periodistas preguntaban si no tenía preocupación por estar sola en el Parlamento–: “Anda, recuérdales lo que hizo Leónidas en las Termophilas con sólo trescientos….¡Qué no seremos capaces de hacer nosotros con trescientos mil…!!

Muchas gracias.

Rosa Díez (9.05.2008)

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