La Junta frena la llegada de los equipos de la ONU

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El Gobierno militar de Myanmar reconoce más de 22.000 muertos y 41.000 desaparecidos por el ciclón

La desolación, el dolor y la gravedad de cientos de miles de personas que lo han perdido todo víctimas del ciclón que azotó el domingo el sur de Myanmar no han logrado romper el puño de acero con que la Junta Militar oprime a su pueblo. Los militares que gobiernan la antigua Birmania desde 1962 han aceptado la llegada de material de Naciones Unidas, pero el personal de la ONU que debe valorar sobre el terreno la situación para ordenar la ayuda adecuada y facilitar su distribución está paralizado en Bangkok a la espera de visado. Mientras, los birmanos se mueren.

Los expertos no entienden cómo no se evacuó ni advirtió a la población

Conforme pasan las horas va aflorando la magnitud de la catástrofe que ha dejado enormes extensiones de Myanmar bajo las aguas. La radio oficial birmana reconoció ayer que el número de muertos es de 22.500 y que hay más de 41.000 desaparecidos. Según el ministro de Reasentamientos y Emergencias, Maung Maung Swe, la ola de tres metros y medio que generó el ciclón causó buena parte de las víctimas.

"Hasta el momento, el Gobierno ha aceptado nuestra asistencia material, que está de camino. Seguimos a la espera de visados para nuestro personal especializado en emergencias", señaló en Ginebra (Suiza), visiblemente molesta por el retraso, Elisabeth Byrs, portavoz de la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios.

Muchas personas lograrán sobrevivir si se las rescata pronto. De ahí, que los especialistas consideren cruciales los primeros días. La Junta, sin embargo, no parece tener prisa y permanece en Naypitaw, la nueva capital, mientras el caos se adueña del país.

Numerosas ONG internacionales se han mostrado dispuestas a cooperar con Myanmar, pero sus expertos no han sido invitados a entrar en el país. Tampoco ha tenido respuesta el ofrecimiento de apoyo realizado por el presidente estadounidense, George W. Bush. Hasta anoche, sólo habían aterrizado en el aeropuerto de Yangon, que ha sido reparado parcialmente, aviones con ayuda de Tailandia y China, dos países que mantienen unas estrechas relaciones con el régimen birmano. La India, otro vecino con excelentes relaciones, ha enviado dos barcos.

El único personal que las agencias de la ONU tienen ahora en Myanmar son pequeños equipos del Alto Comisionado para los Refugiados (ACNUR) y de la Organización Mundial de la Salud.

Los expertos no comprenden cómo el Gobierno no evacuó ni advirtió a la población del riesgo que corría. Los meteorólogos vieron cómo la tormenta se formaba en el golfo de Bengala y los militares, en lugar de tomar medidas, se limitaron a pedir a la población que permaneciera en casa.

Decenas de miles de viviendas han sido destruidas y aún no se sabe cuántas personas siguen bajo los escombros. Muchas han resultado heridas y casi un millón lo han perdido todo. Sólo en la ciudad de Bogalay, en el delta del Irrawaddy (suroeste del país), la zona más afectada, se calcula que murieron 10.000 personas.

La respuesta del Gobierno ante semejante catástrofe deja mucho que desear. Los pocos exiliados que han logrado contactar con sus familias -ni los teléfonos móviles, ni los fijos, ni Internet funcionan- se quejan de que la Junta, en lugar de poner a todo el Ejército a ayudar al pueblo, sigue haciendo política para perpetuarse en el poder.

Pese a que la Liga Nacional para la Democracia (LND), el partido que lidera Aung San Suu Kyi y el principal de la oposición, ha pedido que se suspenda el referéndum constitucional previsto para el sábado, un portavoz militar indicó que la consulta se realizará como estaba previsto en las provincias que no han sufrido el ciclón. En las afectadas -un área en la que vive casi la mitad de los 53 millones de habitantes del país-, se ha pospuesto hasta el 24 de mayo.

Estados Unidos ha presionado duramente a la ONU para imponer sanciones a la Junta birmana por no respetar los derechos humanos y no permitir la democratización del país.

El País (7.05.2008)

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