En el 2008 la economía española va a crecer menos, bastante menos que en el 2007. Pero va a crecer. Y como en los últimos años, más que la Unión Europea. Lo que le ocurra a la renta per cápita es otra cuestión. Ya veremos cómo la sociedad acepta repartir esta tarta entre más (población inmigrante incluida).
La ralentización es mayor porque sufrimos además la deshinchazón del boom inmobiliario, que tenía que producirse. Existen paños calientes para aminorar sus efectos, como que alguna comunidad autónoma adquiera parque de vivienda acabada para evitar la quiebra de algún promotor ahogado por los costes financieros, siempre a precio razonable y con destino a la reventa. Algún fondo podría acudir al rescate del daño emergente sin que se redima el lucro cesante: no hay excusa para quienes debieran haber previsto que todo tiene un límite, por lo que no debe haber ahora prima alguna que fomente más abusos.
En cuanto a nuestras endeudadas familias, desahucios como en Estados Unidos no están en el horizonte a nivel importante. Los créditos no han superado el valor de los inmuebles. Hay hipotecas que no son de primera vivienda, por lo que la crisis tiene una lectura diferente. Algo de margen para alargar los plazos existe. Y puede que para quienes más insensatamente se hipotecaron, el cambio a vivienda de estándar inferior sea posible, especialmente si se amplía la oferta a las viviendas periféricas de peor calidad. Todo ello afectará al bienestar de nuestras familias pero no será catastrófico. Algunas administraciones pueden acudir en ayuda, de modo selectivo, convirtiendo hipoteca en alquiler.
En general, el peligro para nuestra economía está en el denominador de la carga financiera (las rentas de las familias) y no tanto en el numerador: si alguna cosa puede suceder es que los tipos de interés disminuyan. Y aquí es donde aparece lo relevante: asegurar rentas requiere transformar lo que es hoy un modelo económico con baja productividad, elevado déficit exterior y costes unitarios al alza por nuestra inflación más alta. En circunstancias normales bajar 5 puntos el déficit comercial (lo tenemos en el 9% del PIB) exigiría una devaluación del 30%. Como hoy no es posible, va a costar llegar a este nivel en términos reales, salarios y beneficios más bajos. Y más cuando del Este ya no importamos deflación sino inflación, el euro no deja de revalorizarse y cambian las relaciones de poder, con los precios de los alimentos y de algunas materias primas como variables imprevisibles. Un escenario incierto, drenado por falta de liquidez crediticia, puede acabar haciendo insolvente, esto es, sin soluciones, el futuro. Pero aún no estamos en este punto. No todo está perdido.
Guillem López Casanovas (Catedrático de Economía de la UPF)
La Vanguardia (2.04.2008)
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