Robert Mur, Buenos Aires. Corresponsal. La zona del estado brasileño de Rondônia donde habita la tribu Cinta Larga es rica en minas de diamantes y piedras preciosas. En la Amazonia las mafias campan a sus anchas y la extracción ilegal de esos minerales está a la orden del día. Para llamar la atención, en diciembre pasado los indios cinta larga secuestraron y posteriormente liberaron a cinco personas, incluido un funcionario español de la ONU.
La expoliación de riquezas naturales beneficia a unos pocos y perjudica a los amazónicos. La tala indiscriminada de árboles y la deforestación de la mayor área verde del planeta tiene efectos fatales para la población mundial.
El último estudio hecho público al respecto, elaborado por la Universidad Federal de Minas Gerais, dice que en el 2030 la Amazonia brasileña podría perder el 21% de su selva, el equivalente a unos 670.000 km2.
En la cumbre medioambiental de Bali se aprobó la creación de un fondo para evitar la deforestación de los bosques tropicales. El fondo, gestionado por el Banco Mundial, tendrá inicialmente 111 millones de euros, que serán aportados por varios países desarrollados, entre ellos España.
Las selvas mundiales encierran 400.000 millones de toneladas de carbono. Brasil, Congo e Indonesia concentran, en ese orden, los mayores pulmones del planeta. La tala de árboles y los incendios forestales provocan la liberación del carbono contenido en las plantas, lo que contribuye al 20% de la emisión mundial de gases invernadero. El fondo servirá para compensar el beneficio económico a que deben renunciar los países subdesarrollados que necesitan explotar sus bosques. Para ello, antes será necesario cuantificar el valor de un árbol no talado.
Paralelamente y con el mismo objetivo, el Gobierno brasileño ha anunciado la creación de otro fondo – con 104 millones de euros, inicialmente-, gestionado por el Banco Nacional de Desarrollo, donde Noruega, que tiene una boyante industria papelera, ha comprometido ya una aportación significativa.
La filosofía de estos fondos es la misma que la de los Mecanismos de Desarrollo Limpio (MDL), con los que los países industrializados compran derechos de emisión de carbono a países en vías de desarrollo. En este caso, el programa se llamará de Reducción de Emisiones derivadas de la Deforestación y la Degradación (REDD), pero habrá una significativa diferencia, peleada sobre todo por Brasil: los fondos y los proyectos deberán ser gestionados por cada país, para garantizar que no peligra la soberanía nacional sobre las selvas.
El temor de Brasil se fundamenta en las frecuentes llamadas a la internacionalización de la Amazonia que han venido realizando algunas organizaciones ambientalistas. El Gobierno brasileño siempre ha respondido a esas peticiones reafirmando su control sobre el 67% de la selva amazónica que pertenece a su territorio.
Brasil no quiere que los ricos recursos naturales del Amazonas caigan en manos extranjeras, pero tampoco quiere renunciar a explotarlos. Mientras se celebraba la conferencia de Bali, el Gobierno brasileño adjudicó a una constructora local – participada por el Banco Santander- la construcción de una gran central hidroeléctrica en la frontera amazónica del país con Bolivia. Una obra a la que se oponen los grupos ecologistas, indigenistas y el Gobierno boliviano.
Además, en el Parlamento brasileño se debaten actualmente dos proyectos de ley para reducir el territorio de la llamada "Amazonia legal", que no persigue otro objetivo que eliminar las trabas legales existentes para la explotación de sus recursos.
Otro reciente informe, mucho más alarmista, elaborado por la ONG WWF, prevé la deforestación completa de la Amazonia para el año 2030, de seguir las cosas como ahora, en que la pérdida de masa forestal es responsable del 75% de las emisiones de gases de efecto invernadero de Brasil. El gigante sudamericano es el cuarto país generador de emisiones contaminantes del mundo.
Por otro lado, la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA) resaltaba, en otro revelador informe, que "menos de una decena" de los estudios sobre la Amazonia que han llegado al Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC) "proceden de América Latina, incluida la región amazónica".
La OTCA es una organización gubernamental que integra a ocho de los nueve países que comparten la selva del Amazonas: Brasil, Surinam, Guayana, Venezuela, Perú, Bolivia, Ecuador y Colombia. Sólo queda fuera Guayana Francesa, de soberanía gala, con lo que se puede concluir que también hay un trozo europeo en la Amazonia.
La negociadora brasileña en la cumbre de Bali, Thelma Krug, insistió en dicho foro en que "los países deben tener la soberanía y el derecho de administrar sus territorios; la parte de la selva amazónica que se encuentra en el territorio de Brasil pertenece a Brasil".
La Vanguardia (9.02.2008)
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