La Rioja mantendrá los recursos contra las exenciones de impuestos de los territorios forales «aunque Zapatero esté a favor de las tesis vascas» – La UE considera las ayudas incompatibles con el mercado común
Pedro Sanz recuerda al Gobierno central que debería defender la solidaridad e igualdad entre los territorios.
Pablo José Pérez. .LOGROÑO- El Presidente de la Comunidad de La Rioja, Pedro Sanz, ha reiterado que el Ejecutivo riojano continuará defendiendo los intereses y derechos de esta región «en cualquier lugar y circunstancia y aunque nos dejen solos», y ha destacado el trabajo y el esfuerzo que ha realizado hasta ahora en colaboración con los agentes económicos y sociales de la región, incluida la Cámara de Comercio e incluso el sindicato UGT.
En este sentido, y en referencia a la vista oral del próximo 28 de febrero sobre la cuestión prejudicial planteada por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco respecto a diversos recursos interpuestos, entre otros, por la Comunidad Autónoma de La Rioja, Sanz ha expresado su sorpresa porque «el Gobierno de España mantiene las tesis de apoyo al Gobierno vasco respecto a otros territorios, como La Rioja o Castilla y León, y organismos, como UGT». A su juicio, «el Gobierno central debería plantear el principio de solidaridad e igualdad, de la no discriminación, y no marcar territorios de primera y de segunda».
Como las islas Azores
El Tribunal vasco decidió plantear la cuestión prejudicial tras la sentencia dictada el 6 de septiembre de 2006 por el Tribunal de Justicia comunitario, relativa a las Islas Azores, en la que se fijan los criterios en base a los cuales es factible que entes infraestatales o regionales establezcan tipos impositivos reducidos, inferiores a los vigentes en el Estado en el que se insertan.
La Comunidad Autónoma de La Rioja ha mantenido insistentemente, y reiterará en la vista del día 28 de febrero, que los Territorios Históricos no cumplen los requisitos fijados por la jurisprudencia de la Comunidad Europea para establecer los tipos reducidos que mantienen en el Impuesto sobre Sociedades, y pedirá al Tribunal de Justicia que así lo declare. Las alegaciones presentadas por la CE en esta cuestión prejudicial vuelven a coincidir con las defendidas por la Comunidad Autónoma de La Rioja.
La pasada semana, el consejero de Administraciones Públicas y Política Local, Conrado Escobar, y el director general de los Servicios Jurídicos del Ejecutivo regional, Juan Manuel Criado, participaron, en el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, en las vistas de varios procesos acumulados relacionados con los beneficios fiscales otorgados en la década de los noventa por las Instituciones forales vascas y que ya fueron considerados en su momento por la Comisión Europea como ayudas de Estado incompatibles con el Mercado Común.
El Gobierno regional participa en estos procesos como parte coadyuvante junto a la Comisión de las Comunidades Europeas, que es la parte demandada por las Diputaciones forales y por el Gobierno vasco, además de diversas entidades del País Vasco que coadyuvan con estas instituciones (Confebask, Cámaras de Comercio e Industria).
El presidente riojano señaló que los beneficios fiscales sobre los que se pronunciará el Tribunal son: el crédito fiscal del 45 por ciento de las inversiones; la reducción de la base imponible del Impuesto de Sociedades; y la exención del Impuesto de Sociedades por un periodo de diez ejercicios fiscales para empresas de nueva creación. En todos estos procesos, la Comunidad Autónoma de La Rioja apoya en su integridad la tesis de la Comisión Europea, que considera que los beneficios fiscales otorgados en los Territorios Históricos son contrarios al Derecho Comunitario.
La Rioja ha mantenido durante los últimos años, especialmente desde 1995, que estas medidas fiscales perjudicaban a la comunidad, y ha defendido judicialmente los intereses de los riojanos.
En el año 1997, Sanz presentó una denuncia ante la Comisión Europea sobre el caso Ramondín. Desde entonces, han sido numerosos los recursos interpuestos tanto ante los Tribunales españoles como comunitarios. En todos ellos la región ha recibido siempre la razón.
En el caso de Ramondín, que se deslocalizó de Logroño a Laguardia (Álava), la empresa obtuvo 150 millones de pesetas a fondo perdido por su nueva instalación, crédito para deducir el 45 por ciento de la inversión, cuando el máximo autorizado es del 25 por ciento, y una deducción del impuesto de sociedades del 99, 75, 59 y 25 por ciento durante cuatro años.
La Razón, lunes, 21 de enero de 2008
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