Patronales e ingenieros reclaman «reforzar» la autoridad de los técnicos frente a la política

Los máximos representantes de ocho entidades empresariales y técnicas comparecieron ayer para presentar una declaración que aboga por el retorno de la competencia
JOAN CARLES VALERO. BARCELONA.
Zapatero a tus zapatos, vinieron ayer a decir a los políticos los empresarios catalanes que, junto a las principales asociaciones de contratistas de obras públicas y los colegios profesionales de ingenieros de Cataluña presentaron un manifiesto en el que aspiran a que los ciudadanos recuperen la «credibilidad ante las obras públicas, hoy lamentablemente deteriorada».

Para lograr la recuperación de la confianza tras el colapso del Carmel, el hundimiento del dique del muelle Prat que retrasa dos años la ampliación del puerto de Barcelona y la guinda de la crisis ferroviaria que ha llegado a afectar a 160.000 ciudadanos, los autores del manifiesto defienden «reforzar la autoridad de los técnicos», porque «la competencia sin autoridad resulta tan impotente e ineficiente como la autoridad sin competencia», argumentan.

Lejos de invocar una sociedad tecnócrata, los firmantes del documento evocan «el retorno a una situación racional y coherente que nunca se debería haber abandonado». Una coherencia que pasa, en palabras de Joan Rosell, presidente de Fomento, por «la mínima intervención política y la máxima intervención técnica» en la obra pública. Rosell, que criticó «el tacticismo político», pidió «unanimidad en los trazados» para evitar polémicas y retrasos en las obras.

No obstante, los representantes de las entidades firmantes coincidieron en que no se trata de una «crítica a lo que no se ha hecho correctamente hasta ahora», sino de una apuesta «de futuro» ante las necesidades de infraestructuras que tiene Cataluña y que se pretenden paliar en los próximos 7 años merced a un aumento de la dotación presupuestaria del Estado en la comunidad, en virtud de la aplicación de la disposición transitoria tercera del Estatut, que equipara la inversión a la aportación catalana al Producto Interior Bruto (PIB) nacional.
Sin embargo, la mitad del volumen inversión previsto carece, hoy en día, de proyectos. Un extremo que, en opinión de los firmantes, supone una ocasión para primar el papel técnico para recuperar la confianza ante la gran concentración de obras en marcha y las que se deberán planear.

El retorno a la racionalidad evocada por el manifiesto «redundará en beneficio de todo el mundo. Primero -añade el texto- , de la ciudadanía, pero también en beneficio de nuestras autoridades políticas. Y, sobre todo, en beneficio del progreso de nuestra sociedad». Porque, se dice en otro párrafo, «las interferencias de la autoridad política sobre la competencia técnica siempre provocan ineficiencias y desajustes en el resultado que se pretende conseguir».

El presidente de la Cámara de Contratistas, Rafael Romero, exigió una gestión «eficiente» de las obras públicas y reclamó que las adjudicaciones se den «al proyecto óptimo y no al más barato», como lamentó que ocurre en la actualidad. «La técnica está capacitada para afrontar retos de cualquier complejidad; falta darle la oportunidad», defendió antes de señalar que una adjudicación «equilibrada» permitiría ahorrar hasta un 10% de los 8.000 millones de euros que destinará Cataluña el próximo año a infraestructuras.

Los firmantes advirtieron de la necesidad de que la ciudadanía participe en el proceso de planificación de las infraestructuras, «pero sin confundir con la cultura del no». El documento recoge un decálogo de buenas prácticas para gestionar las inversiones, entre las que destacan la inversión en tiempo y recursos antes de empezar la obra, ya que «la impaciencia arruina los grandes proyectos». ¿Le suena a AVE?

ABC. Viernes, 30 de noviembre de 2007