En España, la inmensa mayoría de la ciudadanía tiene la percepción de que, debido al mal funcionamiento del sistema jurídico, los delincuentes entran y salen de comisarías y cárceles como si nada. Esa percepción genera (o está generada por, quién sabe) el convencimiento de que los delitos, menores o mayores, más allá de las estadísticas oficiales, están aumentando geométricamente. Cabe preguntarse, pues, si estamos ante un fenómeno real, o si se trata sólo de un espejismo fomentado por los medios de comunicación de masas. Vayamos a los datos.
España tenía, el 1 d e julio de 2006, una población reclusa que ascendía a 63.800 personas, lo cual representa que 1,4 de cada mil ciudadanos están entre rejas, con un crecimiento desde el 2001 de más del 30 %, según datos del periódico Le Monde. En relación con los países de nuestro entorno, y en términos relativos, se trata de la cifra más alta, sólo igualada por el Reino Unido, seguida de cerca por Portugal (1,3), Italia (1), y ya más de lejos, por Francia (0,9) y Alemania (0,7). Dicho más claramente: tanto en números absolutos, como en relación al número de habitantes, tenemos más presos que Alemania, Francia o Italia. El doble que Alemania en términos relativos.
El elevado número de presos que residen en cárceles españolas está distribuido en 77 centros penitenciarios, que configuran, según Instituciones Penitenciarias “un mapa penitenciario moderno y funcional”; pero según Le Monde, en España, en 2005, había 140 presos por cada 100 plazas. Lógicamente, la superploblación carcelaria pone en entredicho la posibilidad de rehabilitación y posterior reinserción, y devuelve a la cárcel el papel de “escuela de delincuencia” que la había caracterizado en siglos pasados, a pesar de los buenos propósitos de Instituciones Penitenciarias, que dice pretender crear espacios carcelarios “que permitan el desarrollo de la persona y su preparación para la convivencia”.
Más datos: en España, el 92 % de los presos son hombres, y el 8 % mujeres, una proporción que se mantiene bastante uniformemente en todas las comunidades autónomas salvo en Madrid, donde las mujeres en prisión alcanzan el 15 % del total. 466 son presos vascos condenados por terrorismo. En cuanto a los inmigrantes, si bien éstos constituyen algo más del 11 % de la población total, su presencia en las cárceles es levemente superior al 30 %. Una cifra innegablemente alta. En total son 19.622, de ellos 18.006 varones y 1.616 mujeres. Aunque la inmensa mayoría de los inmigrantes son de una honradez fuera de toda duda, la percepción popular de que el aumento de la delincuencia tiene su origen en el imparable aumento de la población foránea tiene algunos visos de justificación.
En resumidas cuentas: encarcelamos más que nadie, tenemos las cárceles repletas, la reinserción social es escasa (lo cual explica el alto nivel de reincidencia), y esto va en aumento. ¿Soluciones? ¿Más cárceles? ¿Pero hasta cuándo? Desde luego hay que hacerlas, pues no es cosa de tener a la gente hacinada. Pero seguir el ritmo de la infernal espiral de a más delitos más cárceles, teniendo en cuenta que los primeros no dejan de crecer, no es más que un parche puesto sobre las consecuencias de problemas sociales insuficientemente atendidos.
Y, ante esto, las partidas para gastos sociales tanto en los presupuestos generales del Estado como en el conjunto de las comunidades autónomas, siguen estancadas o en retroceso. Así que ya saben lo que nos espera: más inseguridad, más delitos, más cárceles, más presos, más policía. Y cualquier día nos anuncian la creación de cárceles privadas.
Miguel Riera Montesinos
El Viejo Topo nº 237. octubre/2007
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