Navarra renueva su excepción financiera y sólo pagará 657 millones

Igual que hace menos de un mes el País Vasco, el Gobierno de Navarra también ha renovado su particular excepción financiera con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. En el 2007 liquidarán sus cuentas con el Estado por unos 657 millones de euros, descontados, como ocurrió con el cupo vasco, los gastos por la aplicación de la ley de Dependencia, que corren por cuenta del Estado. Los presupuestos de la comunidad preveían para este año unos ingresos fiscales de 3.646 millones y un presupuesto global de ingresos 3.900 millones.

El Consejo de Ministros aprobó esta semana el acuerdo que abarca la actualización del convenio desde el 2005 hasta el 2009. Ahora, el Parlamento de Pamplona y las Cortes deberán pronunciarse. El convenio con Navarra se tramitará en lectura única y por la vía de urgencia en el Congreso, de modo que, igual que ocurre con el concierto vasco, ni tan siquiera es posible presentar enmiendas al renovado pacto. La excepción también alcanza este punto.

La singularidad financiera navarra arranca de los derechos forales reconocidos a la comunidad en 1841, fruto de su adhesión pactada a España. Los navarros recaudan sus impuestos, tienen su propia política impositiva y liquidan sus cuentas con el Estado por los servicios que éste presta en la comunidad. El cómputo de la aportación se calcula sobre el 1,6% de los presupuestos generales del Estado. El resultado es netamente favorable a los intereses de los ciudadanos navarros. Por cada euro que percibe un ciudadano de las comunidades del régimen financiero común -como Catalunya-, los navarros obtienen 1,7. Casí lo mismo que los vacos, sobre los resultados del año 2005 (Vease cuadro).

Comparativa de recursos autonómicos

   Millones €  €/habitante   Índice 
 Régimen  Común  97.648   2.367   100 
 País Vasco  08.680  4.104  173
 Navarra  02.398  4.041  171

Las autoridades navarras sostienen que el resultado del convenio es netamente solidario con el resto de las comunidades autónomas, y en la Administración central, al menos formalmente, a nadie se le ha ocurrido poner un reparo a tal excepcionalidad, anclada en los derechos reconocidos por la propia Constitución de 1978. Sólo ocasionalmente, los socialistas meridionales españoles – Ibarra entre ellos- han levantado el dedo contra lo que en alguna ocasión han juzgado como un privilegio. Pero con escaso éxito de convocatoria. Por su parte, el Partido Popular, el más foralista de los partidos de ámbito estatal, tampoco ha puesto hasta ahora ningún obstáculo al convenio navarro.

Así, el derecho foral ha blindado la estabilidad presupuestaria de las comunidades vasca y navarra de cualquier avatar político. El cupo vasco se renovó hace un mes, mientras el lehendakari Juan José Ibarretxe reanudaba su cruzada soberanista, rechazada nítidamente desde Madrid. También el Gobierno navarro, como consecuencia de las últimas elecciones autonómicas y la estrategia del principal partido de la oposición en aquella comunidad, ha atravesado un grave momento crítico en sus relaciones con la Moncloa. Pero, como ocurrió con la renovación del pacto vasco, el propio presidente Zapatero se ha encargado de ultimar, en sendas reuniones bilaterales con los presidentes de ambas comunidades – por ejemplo, con Miguel Sanz se reunió el pasado 17 de octubre-, la renovación de sus ventajosas relaciones financieras con el Estado.

Cabe presumir que en esta ocasión, el convenio de Navarra ni tan siquiera va a contar con la protesta en las Cortes del PP, toda vez que es su franquicia en aquella comunidad, UPN, quien ha ultimado el acuerdo con el Gobierno español. La coalición Nafarroa Bai, el principal partido de la oposición, sí ha mostrado su desacuerdo con el pacto, convencida de que es preciso blindar el convenio contra el único enemigo sólido que, hoy por hoy, tienen los regímenes excepcionales vasco y navarro: los tribunales de la Unión Europea, que – impulsados por las comunidades autónomas vecinas- han puesto en cuestión la potestad de los dos gobiernos para bonificar fiscalmente a sus empresas. El final de esta historia todavía no está escrito.

La Vanguardia (12.11.2007)

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