La Comisión Europea se adentró ayer, con sus últimas iniciativas para reforzar la lucha antiterrorista, en la delicada frontera que puede separar el legítimo ejercicio de las libertades individuales de las conductas criminales. El comisario de Justicia, Seguridad y Libertad, Franco Frattini, propuso completar el marco legal existente con un registro propio de pasajeros aéreos – copiado del modelo estadounidense que tantos recelos suscitó en un principio-, cambios legales para castigar penalmente el uso de internet para fines terroristas y un plan para mejorar el control y alertas sobre explosivos.
Con estas medidas, la Comisión Europea pretende alcanzar un equilibrio entre "ser conscientes de los riesgos" y "tomar medidas para evitar que se materialicen e impedir que todo ello abrume la vida diaria". "Los terroristas golpearán cuando, donde y con lo que quieran con tal de obtener el máximo impacto – subrayó Frattini-. No podemos ser complacientes".
A la vista de la facilidad con que los grupos terroristas se mueven física y virtualmente por Europa y por internet, Bruselas se ha decidido a echar mano de los datos personales de los pasajeros aéreos y las medidas legales contra determinadas páginas web para reforzar la eficacia de la lucha antiterrorista. "Sabemos que los sospechosos e implicados en grupos terroristas viajan antes y después de los ataques. El control de los viajes es uno de los puntos débiles de nuestra estrategia antiterrorista", destacó Frattini. Tres países europeos (Reino Unido, Francia y Dinamarca) ya cuentan con sus propios sistemas de registro de datos de pasajeros para prevenir ataques.
El registro de datos de pasajeros aéreos afectará a los vuelos entre la Unión Europea y países terceros, pero no los intracomunitarios, ya que esto chocaría con una de las libertades fundamentales en que se basa la Unión Europea (la libre circulación de personas, reforzada por los acuerdos de Schengen). Frattini no descartó iniciativas en esta dirección, si bien a largo plazo, en función de los resultados de este primer registro. El sistema se basa en el PNR estadounidense (Passenger Name Record), instaurado tras los atentados del 2001 en Nueva York y Washington.
La propuesta obliga a las compañías aéreas a facilitar a las autoridades nacionales un total de 19 datos personales sobre sus pasajeros 24 horas antes de la salida del vuelo. Son datos en apariencia sencillos, pero que cobran relevancia por acumulación y comparación y que pueden permitir vincular a personas "conocidas y desconocidas", argumenta la propuesta de directiva. El registro filtrará y eliminará "datos sensibles" como la religión, la etnia o el tipo de menú elegido para el vuelo y, a diferencia del sistema norteamericano, recogerá datos sobre los viajes de menores no acompañados para luchar contra el tráfico internacional de niños.
Estos datos personales, que las aerolíneas ya manejan con fines comerciales, se podrán conservar durante un máximo de 13 años para efectuar análisis de riesgos e identificar a posibles sospechosos. Frattini se ha contenido y no ha propuesto la creación de una agencia europea dedicada a analizar esta información, aunque ello haría más eficaz el sistema. "Se nos acusaría de querer crear una especie de gran hermano europeo", comentó, tras advertir de los problemas que plantearía en muchos países. La información será manejada por las autoridades policiales y judiciales designadas por los estados. Una nueva normativa europea, cuya aprobación está prevista en diciembre, regulará el manejo de estos datos.
Las propuestas serán discutidas en breve por los ministros de Justicia e Interior, que han respaldado el enfoque global de Frattini. El Parlamento Europeo, generalmente más estricto en cuestiones de protección de datos, deberá conformarse con ser un espectador del debate, ya que el actual tratado de la UE no prevé su intervención. Ante las protestas de los diputados y diferentes grupos de defensa de las libertades, Frattini se ha comprometido a "consultarlos".
Para justificar su decisión de intervenir en internet ordenando el cierre de determinadas webs, Frattini se escudó ayer en un informe de las Naciones Unidas, que cifra en millares las páginas usadas regularmente por terroristas. Bruselas propone obligar a las empresas que alojan páginas web (servidores) a notificar y bloquear las que inciten al terrorismo, capten voluntarios o incluyan manuales de formación de terroristas o datos sobre cómo fabricar una bomba.
Pero la política antiterrorista europea sigue teniendo otros coladeros. Siete estados miembros (entre ellos, Alemania, Italia y el Reino Unido) aún no aplican correctamente la definición común de terrorismo, dato en que se basa la política europea para combatirlo, según el informe presentado ayer sobre la aplicación de la legislación aprobada en el 2002 tras los atentados del 11-S.
La Vanguardia (7.11.2007)
