El caso Gürtel no parece afectar al PP, quizás en Catalunya el caso Palau vaya en sentido distinto

Hasta el 23 de julio del año pasado se suponía que el Palau de la Música Catalana era una entidad dedicada, como su nombre indica, a promover y difundir actividades musicales. Sin embargo, algunos, pocos y muy escogidos, sabían que esta no era esta su única finalidad, sino que sus objetivos también eran otros, secretos, ocultos, inescrutables.

Que vayan a los toros aquellos a quienes les gusten los toros. Lo mismo sucede con otras actividades, por ejemplo el fútbol, en mi opinión el actual opio espiritual del pueblo

Como era de prever, el Parlament de Catalunya aprobó por ley la prohibición de las corridas de toros: fue una noticia que tuvo amplia repercusión en Catalunya, en España y hasta en el mundo.

Sostener que el tribunal, como se dice, ha dictado una sentencia contra Catalunya, es un puro disparate si creemos en un Estado de derecho

Es muy frecuente leer y escuchar estos días que la sentencia del TC sobre el Estatut es una sentencia política. Nada más erróneo: sus argumentaciones –por supuesto discutibles, ahí está algún valioso voto particular– están fundadas en estrictos razonamientos jurídicos. Más todavía, precisamente la resolución del TC ha sido tan negativa para las intenciones de quienes propusieron el Estatut desde Catalunya porque algunas de las bases jurídicas en las que se sustentaba su texto eran, desde el punto de vista del derecho, insostenibles. En este artículo intentaremos analizar someramente algunas de las más significativas.

En la nación española reside la soberanía y las nacionalidades y regiones tienen garantizada la autonomía

Tras la sentencia del TC sobre el Estatut muchos catalanes se preguntan si la Constitución no les permite tener más identidad nacional que la española. Así lo formulaba hace unos días el historiador Borja de Riquer: "¿Por qué la Constitución no puede reconocer un hecho social y político objetivo como es que muchos ciudadanos se sienten nacionalmente catalanes, vascos o gallegos?".

Se hace difícil, si no imposible, un balance en profundidad de una sentencia tan extensa, tan compleja y de publicación tan inmediata

La sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut de Catalunya en el recurso interpuesto a instancias del PP pone fin a una aventura que ha acaparado durante muchos años la atención de la vida política en Catalunya y en el resto de España. El severo varapalo que anunciamos al conocerse el fallo hace un par de semanas es de mucha mayor envergadura de lo que en aquel momento podía suponerse.

Son muchos más los catalanes que están irritados con quienes les han metido en esta inútil aventura

Entre juristas es un tópico decir que en la valoración de una sentencia son más importantes los fundamentos jurídicos, los argumentos que utiliza el juez, que la conclusión, es decir, el fallo al cual se llega a consecuencia de los argumentos. Pues bien, en la sentencia de que tratamos sólo conocemos por el momento el fallo, no los fundamentos. Con este reducido material debemos, pues, hacer una primera valora- ción. Una valoración que sólo puede ser provisional hasta conocer la sentencia en su integridad.

Las medidas prioritarias sólo son aquellas en las que piden sacrificios a los ciudadanos

La impresión es que falta un plan. Alguien que tenga en la cabeza todo lo que debe hacerse, reparta cargas equitativamente y lo cuente con argumentos convincentes. Sin un plan de conjunto, convenientemente razonado, no hay forma de convencer al ciudadano que debe estrecharse el cinturón. Sobre todo cuando ve que a los causantes del embrollo se les arreglan los asuntos desde el poder y a ellos se les piden sacrificios.Ante las medidas que van adoptando los poderes públicos para hacer frente a la crisis económica, el ciudadano medio está, cuando menos, perplejo. El otro día me decía un político que ellos también. Quizás. Pero el deber de los políticos es explicar las razones de sus medidas, no una por una, como medidas aisladas y sin conexión entre ellas, sino unidas por un hilo conductor que permita entenderlas en su conjunto. Sólo así podrá el ciudadano, en su caso, aceptar sacrificios.

El acuerdo del Parlament según el cual se reclamaba la incompetencia del TC merecía un suspenso de primer curso de Derecho. Intentar hacer marcha atrás en la recusación de un magistrado, otro tanto

Ahora que parece inminente el desenlace, hay suficiente perspectiva para contemplar las tres fases por las que ha discurrido la actitud de los partidos catalanes, responsables de la aprobación del nuevo Estatut, sobre la sentencia del Tribunal Constitucional.

Hay que recortar el gasto público. Así lo dispone Europa, así lo ha aceptado el Gobierno de Zapatero. Sin embargo, son insuficientes los mecanismos jurídicos para obligar a las comunidades autónomas a disminuir el gasto. El Consejo de Política Fiscal y Financiera, en el que participan el Gobierno y los ejecutivos de las comunidades, no es el más adecuado. Pero quien ha de hacer frente a las obligaciones exteriores, quien es responsable ante los demás estados y ante la Unión Europea, es el Estado español y el Gobierno que está a su frente. Este problema, nada menor en estos momentos, permite ver lo errónea que ha sido la política autonómica durante los últimos diez años. Veamos.

La desesperación les lleva a intentar aplazar con diversos trucos la sentencia del Estatut

Las últimas peripecias habidas en el curso del proceso de elaboración de la sentencia del TC sobre el Estatut ponen de relieve, una vez más, el miedo que esta sentencia provoca en las filas de los partidos políticos catalanes que le dieron apoyo. Muestra también el poco aprecio de estos partidos por el Estado de derecho, las normas democráticas y la Constitución.