Crecimiento económico es igual a bienestar. Este es el mandamiento que rige nuestras sociedades. Quien lo ponga en duda pone en riesgo su crédito de persona sensata. Sin embargo, cada vez parece más claro que el crecimiento indefinido no sólo no aumenta nuestro bienestar sino que lo va minando de forma dramática. Un nuevo horizonte se impone y hacia él debemos empezar a caminar «mejor hoy que mañana».

En el pobre debate político español se ha acuñado la palabra soberanismo para resumir las apetencias secesionistas de algunos territorios. No admitido por la Real Academia, el extraño neologismo entronca obviamente con la noción de soberanía que ha sido la viga maestra de la construcción del Estado moderno.

A la vista de lo que está pasando con el almacenamiento de los residuos de las centrales nucleares a mí me da por recordar que soy autor (junto a mi hijo Igor) de un libro titulado «El Estado fragmentado» que cosechó muchas ediciones en poco tiempo y críticas elogiosas pero también que muchos «progres» oficiales nos endilgaron epítetos poco afectuosos o nos ignoraron con su silencio, un silencio que llevaba en sus entrañas rumor de borborigmos de secta.

Una vez más compruebo cómo el poder público está pendiente de mis «Soserías» y cómo reacciona ante sus contenidos según puede y sabe. Hace poco me he pronunciado acerca del lenguaje de los juristas y la respuesta no se ha hecho esperar: el Ministerio de Justicia acaba de crear una comisión para lograr que el lenguaje jurídico «sea más comprensible para la ciudadanía». Entre los comisionados hay sabios de mucha relevancia, entre ellos mi amigo Salvador Gutiérrez Ordóñez, académico de la Real de la lengua.

LA LEGISLATURA avanza entre trompicones y sobresaltos, enredada en asuntos diversos. Animados por la mejor intención, hay quienes despliegan una habilidad caliente para inventar problemas que llevan a cocinar desaguisados mayúsculos. A la vista de lo que ha ocurrido a día de hoy, no está mal la cosecha de año y medio de desvelos parlamentarios. Sin embargo, hay algo de lo que apenas se habla y, si se hace, es siempre en voz baja o en un imperceptible balbuceo.

EN LA TEORÍA de los tratadistas clásicos, el territorio ha sido uno de los elementos del Estado, junto a la población y el poder. Así se explica en un libro canónico, el de Georg Jellinek, que aparece justo cuando se inicia el siglo XX y que ha sido un faro para todas las obras posteriores, hasta hoy mismo. El territorio ha servido para definir el ámbito espacial exacto en el cual el Estado ejerce su soberanía o poder de dominación, donde puede imponer el Derecho que emana de los órganos constitucionalmente habilitados para producirlo. El aspecto positivo de esta realidad es que todas las personas o cosas que se hallan en ese territorio están a él sometidas, sin perjuicio de las singularidades que procedan del Derecho Internacional. El negativo sería que, dentro del territorio estatal, ninguna otra autoridad puede ejercer su dominio o soberanía, a menos que tales autoridades estén expresamente admitidas por las leyes de ese mismo Estado: sería el caso de la actual Unión Europea que hoy comparte «soberanía» con los Estados miembros.

Algunos se enteran ahora de que en España se necesitan 17 licencias para cazar como se necesitan 17 licencias para pescar. Entre ellos se encuentra el presidente de Andalucía, mi viejo amigo y compañero de Facultad Manuel Chaves, quien -sólo después de que saltara a los medios el episodio del ya ex ministro de Justicia Fernández Bermejo- ha calificado tal sistema de «poco lógico» en declaraciones subrayadas por este periódico.