La inmersión lingüística escolar obligatoria consigue el efecto contrario al pretendido 

(Noticia aparecida en 'La voz de Barcelona')

El castellano se confirma como la lengua habitual de los catalanes

La Generalidad de Cataluña ha presentado recientemente el Balance de Política Lingüística del período 2004-2010. Según datos de la propio Gobierno autonómico, entre 2003 y 2008 (año del que se disponen las últimas cifras), el español pasó de ser la lengua habitual del 47,2% de los catalanes, a la del 45,9%. El catalán se redujo del 46% al 35,6%. Y los que dicen ser bilingües castellano-catalán, crecieron del 4,7% al 12%. Es destacable, también, el incremento de los hablantes de otras lenguas (principalente árabe), que han pasado de ser el 2% en 2003 al 6,5% en 2008.

[Informe: 'Balanç de Política Lingüística 2004-2010', Secretaria de Política Lingüística, Departament de la Vicepresidència; Generalitat de Catalunya]

James Petras (Boston, Estados Unidos, 17 de enero de 1937) es un sociólogo estadounidense conocido por sus estudios sobre el imperialismo, la lucha de clases y los conflictos latinoamericanos. Ha sido profesor de la Binghamton University de Nueva York, la Universidad de Pensilvania, y profesor adjunto en Saint Mary's University, de Halifax (Canadá).

Entre sus trabajos, destaca el siguiente que puedes consultar pichando, denominado Informe Petras

ACP (21.07.2010)

Sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional que resuelve el Recurso de Inconstitucionalidad planteado por más de cincuenta Diputados del Grupo Parlamentario Popular contra la Ley orgánica 6/2006, de 19 de julio, de reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña.

Sentencia (Texto íntegro en PDF)

Sentencia 31/2010, de 28 de junio de 2010 (enlace a la web del TC)

[NOTA de ACP.- Dado lo extenso de la Sentencia (881 páginas), te indicamos que las siguientes partes se inician en las páginas que se indican a continuación: - Fundamentos Jurídicos (pág. 449); - Fallo (pág. 681), y, - Votos Particulares (pág. 684)].

Tribunal Constitucional (28.06.2010)

El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por doña María Emilia Casas Baamonde, Presidenta, don Guillermo Jiménez Sánchez, don Vicente Conde Martín de Hijas, doña Elisa Pérez Vera, don Eugeni Gay Montalvo, don Jorge Rodríguez-Zapata Pérez, don Ramón Rodríguez Arribas, don Pascual Sala Sánchez, don Manuel Aragón Reyes y don Pablo Pérez Tremps, Magistrados, ha pronunciado EN NOMBRE DEL REY la siguiente SENTENCIA.

En el recurso de inconstitucionalidad núm. 5707-2008, interpuesto por el Presidente del Gobierno contra la Ley del Parlamento Vasco 9/2008, de 27 de junio, “de convocatoria y regulación de una consulta popular al objeto de recabar la opinión ciudadana en la Comunidad Autónoma del País Vasco sobre la apertura de un proceso de negociación para alcanzar la paz y la normalización política”. Han intervenido y formulado alegaciones en el proceso el Parlamento y el Gobierno de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Ha sido ponente el Magistrado don Guillermo Jiménez Sánchez, quien expresa el parecer del Tribunal.

El Instituto de Estudios Fiscales (IEF) ha sido el encargado de la elaboración de las balanzas fiscales de las Comunidades Autónomas españolas con el Sector Público Estatal, en el marco de las funciones de estudio e investigación que tiene atribuidas en el seno del Ministerio de Economía y Hacienda.

El objetivo de la publicación de las balanzas fiscales es el cumplimiento de un mandato parlamentario y el posterior compromiso expresado por el presidente del Gobierno en su debate de investidura1 el pasado 8 de marzo de 2008.

Tras treinta años de democracia, la reforma sobre la ley electoral emerge como uno de los temas clave de la agenda política. Aunque nunca ha desaparecido del todo del debate público, estos últimos meses han conocido un renovado interés político, mediático y social por el sistema electoral vigente, sus características, sus deficiencias y, sobre todo, las alternativas para corregirlas. Un interés que se ha reflejado, hasta las últimas elecciones, en el salto de la regulación electoral del ámbito académico a los programas de diversos partidos y al debate político en general, y que promete ir in crescendo en la nueva legislatura, tras unos resultados electorales que han evidenciado de nuevo, y con mayor intensidad si cabe, la magnitud de los defectos de la actual normativa.

Desde la perspectiva financiera del sector público, Navarra, como el País Vasco, son casos singulares cuya especificidad se encuentra determinada por la existencia del Convenio Económico con el Estado. Este régimen foral —que en el País Vasco se denomina Concierto— aparta a estas Comunidades Autónomas del sistema de financiación regional establecido para las demás y propicia que, en ellas, la disponibilidad de recursos en manos del gobierno regional exceda sobradamente al promedio nacional. La excepcionalidad foral, que en la práctica se traduce en la fijación, bajo reglas negociadas en función de intereses políticos espurios, de una aportación o cupo con la que los territorios forales contribuyen a los gastos del Estado, entra así en abierta contradicción con los principios constitucionales de igualdad y solidaridad «que deben prevalecer sobre los nebulosos derechos históricos» a los que se apela para justificarla, y genera una situación de privilegio de la que es exponente el hecho de su inviable generalización a las demás regiones, pues, como ha destacado Cantarero (2007), si todas las Comunidades Autónomas adoptasen el sistema de cupo y su cálculo se efectuara del mismo modo en que lo hacen Navarra y el País Vasco, «la hacienda central quebraría al no poder hacer frente a sus necesidades de gasto».

PISA es el acrónimo del Programme for International Student Assessment (Programa para la Evaluación Internacional de los Alumnos), de la OCDE. Este estudio se inició a fines de los años 90 como un estudio comparativo, internacional y periódico del rendimiento educativo de los alumnos de 15 años, a partir de la evaluación de ciertas competencias consideradas clave, como son la competencia lectora, la matemática y la científica; estas competencias son evaluadas cada tres años, desde la primera convocatoria que tuvo lugar en 2000.

Su principal objetivo, pues, es generar indicadores de rendimiento educativo; no es propiamente un proyecto o trabajo de investigación en sí, aunque los datos aportados puedan ser de gran interés para los investigadores de la educación.

Tampoco es un estudio orientado directamente a los centros educativos y a los procesos de enseñanza-aprendizaje, sino a la definición y formulación de políticas educativas de más largo alcance.