La era Fabra se sienta en el banquillo

María Fabra / Castellón. Los tres magistrados que, en mayo de 2012, intentaron anular la acusación de cohecho del caso Fabra son los mismos que, a partir de hoy, juzgarán al expresidente de la Diputación de Castellón y del PP provincial, uno de los pesos pesados históricos de los populares valencianos, Carlos Fabra. Ni la Fiscalía Anticorrupción, ni la Abogacía del Estado ni la acusación popular los han recusado. Y ellos no se han abstenido.

Esa es, de momento, la última anomalía del accidentado proceso que se abrió contra Fabra en diciembre de 2003, hace casi diez años. Finalmente, el dirigente popular se sienta en el banquillo como presunto autor de un delito continuado de tráfico de influencias, otro de cohecho y cuatro fraudes fiscales. La Fiscalía Anticorrupción pide una pena de 13 años de cárcel, una multa de 1,9 millones de euros de multa y el pago de una indemnización de otros 692.000 euros, cantidad que coincide con la que defraudó a Hacienda entre 1999 y 2003 por unos ingresos injustificados de cerca de dos millones de euros que, además, no declaró.

Por el caso han pasado nueve jueces y cuatro fiscales. Han cambiado algunos de los abogados y también el número de imputados y delitos. Incluso ha variado el tipo de procedimiento, que empezó siendo del tribunal con jurado.

Mientras, Carlos Fabra permaneció en el poder, siguió gestionando dinero público desde la Diputación, dictando, con mando en el PP provincial, las directrices del partido que gobernaba la mayoría de los municipios de Castellón, en el Ayuntamiento de la capital y en la comunidad autónoma. Con el respaldo y el consentimiento de todos sus superiores orgánicos y del partido, sin que nadie exigiera, nunca, una explicación a las acusaciones y la investigación judicial. Incluso, trató de secuestrar las ediciones de los medios de comunicación que informaban del caso.

La primera titular del juzgado fue Isabel Belinchón, que ordenó, de oficio, la apertura de la investigación a Fabra. Poco después dejó su destino al ser ascendida a magistrada y trasladada a Teruel. Fue reemplazada por una juez sustituta. La tercera juez que se hizo cargo del sumario también fue ascendida y trasladada. La vacante fue cubierta por una sustituta hasta que llegó la quinta juez, que apenas permaneció unos meses en el juzgado número 1 de Nules, donde se instruía el caso, del que pidió un traslado por motivos personales. Después de otro sustituto, la séptima fue la que más tiempo permaneció en el juzgado, tres años, hasta que en 2008 pidió el traslado al juzgado de al lado, en la misma localidad. La plaza quedó desierta por falta de peticionarios y llego la octava, otra juez sustituta que permaneció algo más de un año.

Jacobo Pin, el actual titular del juzgado de Nules, fue el que acabó la instrucción y dictó la apertura de juicio oral, no sin sufrir por ello. Tanto que en junio de 2012 pidió amparo al Consejo General del Poder Judicial. “Soy consciente de que puede parecer inusual que un miembro del Poder Judicial acuda en amparo ante el Consejo contra un órgano judicial superior, pero es evidente que la presente perturbación de mi independencia, que debe velar mi actuar, no es una mera cuestión jurisdiccional”, denunció el juez señalando a la sección Primera Audiencia Provincial como origen de las presiones. La sección y los magistrados que ahora han de juzgar y sentenciar a Fabra. “Está tratando de imponer indirectamente el sobreseimiento del presunto delito del cohecho”, afirmó. Y es que esa sección primera, un mes antes, había decidido que Fabra no tenía que ser juzgado por cohecho, una acusación que nunca se levantó. La cuestión llegó hasta el Tribunal Supremo que ordenó seguir las instrucciones de Pin, al que se dio “total libertad”, como juez instructor, para señalar los delitos por los que Carlos Fabra debía sentarse en el banquillo.

“¿Usted arriesgaría su carrera política y profesional por la cuestión de tráfico de influencias, máxime estando tan próximas las elecciones generales y por un precio tan irrisorio como se ha cifrado aquí?”, fue una de las preguntas que el primer fiscal del caso, Javier Arias, hizo a Carlos Fabra. Tras la victoria del PSOE en las elecciones de 2004, Anticorrupción se hizo cargo de la acusación pública, aunque dos de sus fiscales también dejaron el procedimiento para pasar al ámbito privado.

Tampoco la Abogacía del Estado ha estado exenta de polémica. Después de que la Agencia Tributaria presentara la primera denuncia por fraude fiscal, por el ejercicio de 1999, la representación del Estado se personó en la causa para reclamar la devolución de las cuotas supuestamente defraudadas y las posibles multas. En 2010, la controvertida Audiencia Provincial decidió que cuatro de los cinco delitos fiscales que se le imputaba al dirigente del PP estaban prescritos. Tanto Anticorrupción como la acusación popular recurrieron el archivo de esos delitos pero a la Abogacía del Estado se le pasó el plazo y, finalmente, tuvo que acogerse a la petición de revisión que hizo la fiscalía. Tuvo que ser el Tribunal Supremo el que determinara que los delitos no habían prescrito, ya que se encontraban en investigación.

Carlos Fabra no ha sido el único investigado en el proceso. En 2006, la justicia decidió que las pesquisas se extendieran a su familia, ante la posibilidad de que los mecanismos delictivos se hubieran extendido. Hoy solo su exesposa, María Amparo Fernández, se sentará también en el banquillo de los acusados tras las conclusiones de un vasto informe pericial que determinó que el dirigente del PP y su familia cuadruplicaron su patrimonio en cinco años y que la señaló como autora de otros tres delitos fiscales por un fraude de 400.000 euros derivados de ingresos no justificados por valor de 1,4 millones de euros.

“Nunca he sacado provecho personal de mi condición de presidente de la Diputación de Castellón o de presidente del Partido Popular en la provincia. Mi actividad pública nunca me ha reportado ningún beneficio o ingreso distinto de la retribución oficial”, ha sido todo este tiempo la defensa en la que se parapetó Fabra.

El País, 02-10-2013

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