Derecho a la impunidad

Cuando Artur Mas hizo del mantra “derecho a decidir” la consigna de toda su política, sin que concretara a que decisión se refiere –la ambigüedad siempre es buena para engañar a los demás–, consiguió que, desde los partidos que se reclaman de izquierdas hasta una buena porción de gente común, le siguieran. En definitiva, si se trata de que se organice un referéndum y le pregunten a la ciudadanía –¿Qué?– siempre es bueno poder opinar. Esta falsaria estrategia ha engañado a muchos, incluidos buenos y progresistas amigos míos que creen, con todo convencimiento, que un referéndum sobre la independencia se perdería sin duda alguna. Y puede que así fuera, puesto que el griterío con el que el Gobierno y sus secuaces ahogan toda otra opinión, apoyados por tantos medios de comunicación convencidos o comprados, logra dar la impresión a la ciudadanía de que en Catalunya no hay otra ideología ni pensamiento que no sea el independentismo, cuando varios millones de catalanes no nos sentimos motivados por semejante opción. Pero, en todo caso, lo que se discutía hasta la semana pasada era si podríamos votar la opción mejor que creyéramos para nuestra comunidad. Después ya no.

Desde que Artur Mas presentó su plan de gobierno hasta 2016 en el que, con todo descaro, nos presenta la organización de una Catalunya independiente. Desde la Justicia a la Seguridad Social, del tratamiento fiscal a las infraestructuras, de la sanidad a la educación, de la diplomacia exterior a la Policía y al Ejército, el Gobierno catalán ha decidido que se constituye en Estado independiente del Estado español y que se organiza según le parezca. Cobrará todos los tributos, montará una Justicia separada en todas sus instancias, tendrá un Ministerio de Asuntos Exteriores, una Seguridad Social propia, y hasta está organizando un Ejército dedicado a la defensa de la patria catalana. Y se acabó.

Sigue siendo un misterio para mí cómo los demás partidos le consintieron al president semejante discurso. No ya porque fueran antiindependentistas o centralistas, sino porque estaba estafando a todo el pueblo al que había prometido un plebiscito en el que podría pronunciarse.

Este sufrido pueblo sabe por experiencia propia que los gobernantes suelen engañarle, aunque se lo consienta pasivamente, pero eso sucedía hasta ahora siempre después de que se celebraban las elecciones, en cuya campaña se les había prometido aquello que querían oír. Pero que mucho antes de que se encuentre cerca la convocatoria electoral nos estén explicando que ya han decidido lo que piensan hacer con un Gobierno independiente, en esta misma legislatura, sin que se nos haya ni consultado ni preguntado qué pensábamos de ese supuesto “derecho a decidir”, es simplemente indecente.

Y que los demás representantes parlamentarios no se levantaran para gritarle a Artur Mas que lo que estaba programando era un engaño a todos los ciudadanos, puesto que nadie le había autorizado a considerarse presidente de una Catalunya independiente, resulta para mí una de las conductas más incomprensibles de los políticos actuales. Que tampoco los comentaristas autorizados, esos que dictan ex cátedra el pensamiento dominante de las diferentes líneas ideológicas que coexisten en la ciudadanía, hayan remarcado esta estafa pública del president de la Generalitat, será recordado por los futuros historiadores como la irresponsabilidad de toda una generación de periodistas, políticos, politólogos y vertebradores sociales.

El pueblo catalán, tan supuesto protagonista de esos proyectos como sufrido receptor de los planes de Mas, tampoco ha chistado. Se supone su existencia, pero más bien como el mobiliario de la finca de CiU y ERC, que estos gobiernan a su antojo. Y ya se sabe que los muebles ni hablan ni se mueven.

¿Qué está pasando en Catalunya? ¿Qué se ha hecho de aquella tradición acuñada hace más de un siglo de rebeldía ante el poder, que situó a Barcelona en el epicentro revolucionario de España, en la que las organizaciones obreras, los intelectuales críticos, los anarquistas idealistas, el movimiento feminista, la Universidad independiente y luchadora, los escritores, los periodistas, los artistas, estaban en primera línea de combate contra los excesos de la burguesía, de los partidos de derechas y de un poder falsario y represor? Y no sólo en el siglo XIX, cuando Engels decía que en Barcelona se hacían las mejores barricadas de Europa y la ciudad se llamaba “la rosa roja del Mediterráneo”, sino mucho después, en los convulsos años setenta y ochenta del siglo XX. ¿Dónde están los dirigentes de los trabajadores, los de los sindicatos, los de los partidos de izquierda, los profesores universitarios, las feministas, los escritores, los periodistas no apesebrados? ¿Y qué está haciendo el PSC, ensimismado como el Demonio de Dante en el fondo del Infierno que se ha construido él solito entre el hielo, con sus vacilaciones y contradicciones diarias?

Mientras, este pueblo, al parecer conforme con los designios de su mesiánico presidente, no sabe que el plan del Gobierno no sólo es imposible por contravenir todas las normas legales, y no únicamente las del odiado Estado español, sino incluso las propias de Cataluña, que nunca el Estatuto que todavía rige –ni el proyecto inicial que aprobó el Parlament– contiene semejantes planes, sino que se propone hundirlo aún más en la pobreza y la corrupción.

Con una Agencia Tributaria propia, los catalanes verán inmediatamente aumentados sus impuestos, puesto que hay que pagar la fiesta de la independencia: justicia, seguridad social, infraestructuras, servicio exterior, ejército.

Planteando separar la justicia catalana de la española lo único que se pretende es que el cortijo convergente decida todos los procesos de corrupción que atenazan a una buena parte de los políticos de ese partido. Si la última instancia judicial es el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, que no tengan duda de que no sólo Pallerols y Durán i Lleida andarán tranquilos por las Ramblas, exonerados de ingresar en prisión, sino que le acompañarán Millet y Montull y Oriol Pujol y todos los implicados en los innumerables casos de cohecho, prevaricación, apropiación indebida, tráfico de influencias, que se han destapado en los últimos años, estallando por su presión el humus de podredumbre de las mafias de la política catalana. Nada mejor que ningún juez “extranjero” venga a meter las narices en los asuntos de “casa nostra”, término muy parecido al siciliano de “Cosa Nostra”.

Cuando la caja de la seguridad social se divida, que ni los enfermos ni los jubilados catalanes crean que les tocará más en demérito de los andaluces o murcianos –ya que esta es la “solidaria” promesa que les han hecho los gobernantes–, porque no es cierto el déficit fiscal que se ha convertido en otro mantra de la ideología oficial, como han demostrado últimamente numerosos economistas y profesores catalanes. Algún año, por el contrario, Catalunya ha recibido más de lo que ha entregado, y esos años los jubilados catalanes se enterarán de que el Gobierno no tiene dinero para pagarle las pensiones.

Y que las mujeres abandonen toda esperanza. La primera medida que tomó el gobierno de CiU cuando tomó el poder fue suprimir el Observatorio de Violencia de Género. Si no hay dinero para eso, que no sueñen con jardines de infancia, ayudas a la maternidad, cuotas para participar en la política y en la economía. ¿Y qué será de la ley de aborto en un país en que uno de los partidos gobernantes está dirigido por el Opus?

Para qué hablar de lo que costará un servicio diplomático con embajadas, aunque sólo sea en la mitad de los ciento noventa países que pertenecen a la ONU, ¡y qué decir del delirante propósito de dotarse de un Ejército propio! Otro más, cuando la izquierda lleva un siglo luchando por acabar con el Ejército español.

¿Realmente todos los catalanes están de acuerdo con semejante proyecto de gobierno? ¿Y lo aceptarán sin que ni siquiera se les haya preguntado su opinión?

En realidad lo que está defendiendo el Gobierno de Artur Mas no es el publicitado “derecho a decidir”, sino el derecho a la impunidad de sus abusivos propósitos.

Lidia Falcón, Público, 26-06-2013

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