Justicia sensible con el nacionalismo

Justicia sensible con el nacionalismo

En este juego perverso en el que se entremezclan los poderes del Estado, obviando la división e independencia que desde Montesquieu es rasgo diferenciador de la calidad democrática que caracteriza al Estado de derecho moderno, algunos partidos políticos de ámbito estatal también deben asumir su parte de culpa

Los que nos dedicamos profesionalmente como juristas en Cataluña venimos observando como los tribunales vienen deslizándose, de un tiempo a esta parte, por una pendiente comprensiva con los postulados más excluyentes del nacionalismo catalán aun a costa de realizar, a menudo, interpretaciones groseras y abiertamente en conflicto con la letra y el espíritu de la Constitución, con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y con la doctrina legal establecida por Tribunal Supremo (TS), órgano jurisdiccional superior español en todos los órdenes, salvo lo dispuesto en materia de garantías constitucionales.

No se esconden de ello ni lo niegan; más bien, al contrario, sacan pecho virtuoso a costa de los ciudadanos que ven pisoteados sus derechos. No en vano, el propio presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), Miguel Ángel Gimeno, así lo manifestó, haciendo suyo el lenguaje políticamente correcto establecido, en un reciente programa de la televisión pública catalana el pasado 21 de enero (se puede ver en el minuto 28:20):

“El TSJC […] es muy sensible con todo lo que se refiere a la lengua y a la enseñanza; y siempre ha defendido tesis –que no siempre le han sido respetadas por el Tribunal Supremo, todo se ha de decir- propiciatorias del catalán con carácter general”.

Este tribunal –en pleno- fue el que hace, aproximadamente, una año dictó un auto muy favorable a las tesis nacionalistas en materia de inmersión lingüística obligatoria en catalán, en ejecución de una sentencia del TS, que el catedrático de Derecho constitucional de la UAB Francesc de Carreras calificó atinadamente de ‘elusivo’:

‘Soluciona conforme a derecho un problema individual, dando la razón al padre de los alumnos, pero elude su responsabilidad de dar una solución general al conflicto planteado, al no imponer a la Generalidad el deber de adoptar las medidas necesarias para garantizar derechos sin tener que acudir a los tribunales caso por caso, una carga excesiva que no es justo atribuirla a los ciudadanos’.

Esta resolución está ahora recurrida al TS y a la espera de fallo definitivo (recordemos que el caso proviene del lejano 2006). Es de desear que se corrija la excesiva sensibilidad demostrada -auténtica desviación, en mi opinión, de sus funciones- que el órgano jurisdiccional jerárquicamente dependiente hizo de la resolución de aquél, habiéndose debido limitar a ejecutarla, es decir, ‘haciendo cumplirla íntegramente en sus propios términos’.

Es el mismo TSJC que en una sentencia de 2012 hizo una interpretación restrictiva de la legitimación activa de las asociaciones cívicas no nacionalistas en su acceso a la jurisdicción contencioso-administrativa, señalando que no era suficiente ‘la defensa del ejercicio del bilingüismo lingüístico efectivo por parte de la asociación recurrente para entender acreditada la legitimación, ya que no es suficiente la obtención de una recompensa de orden moral o solidaria o el beneficio de carácter cívico o de otra índole, pues en realidad una posible sentencia estimatoria no habría de producir utilidad alguna ni perjuicio de ninguna clase en la esfera jurídica de la recurrente ni en la defensa de sus componentes al no actuar en defensa de sus intereses individuales’.

Igual de peligroso o más, en esta deriva nacionalista de la justicia en Cataluña, es el constatar lo que ocurre en algunos juzgados de lo contencioso-administrativo. Recientemente, el número 1 de Gerona, pese a anular la decisión de su ayuntamiento de fletar trenes para acudir a la manifestación secesionista del pasado 11 de septiembre, se arrogó la función de opinar, de forma inaudita y completamente inapropiada, sobre el recurso interpuesto tirando de las orejas nada más y nada menos que a la delegada del Gobierno en Cataluña:

‘Ahora bien, lo que no puede ser tampoco obviado es que este intento de utilización de las instituciones con la intención de conseguir beneficios de carácter político o electoral, aunque finalmente se demuestren erróneos, se da también en la conducta de la Delegación del Gobierno en Cataluña, que con el pretexto de defender la legalidad, interpone recursos como el presente, derrochando recursos humanos y económicos de los órganos judiciales, con conocimiento de la escasa, por no decir casi nula trascendencia jurídica de su resultado, la cual es evidente, ya que, además, no se han afectado recursos ni dinero público de ningún tipo y que, incluso los beneficios obtenidos han sido donados al banco de los alimentos’.

También existen, por el contrario, juzgados que aplican, estrictamente, el derecho vigente -de forma aislada y casi heroica diría-, como el único contencioso de Lérida que al anular una multa del Ayuntamiento de Barcelona señalaba: ‘Lo que vulnera la legalidad vigente no es dirigirse al ciudadano en lengua catalana, sino imponer esta cuando el ciudadano ha elegido libremente la lengua castellana’.

Dirán ustedes que caben distintas interpretaciones del texto de la ley y hay verdad en ello. Sin embargo, la diferencia estriba en que quien se somete a los postulados nacionalistas asumiendo la inequidad, vive digamos sin problemas su ejercicio profesional. En cambio, este último juez opuesto abiertamente a sus tesis, rápida y sorpresivamente ocupó espacios en los medios subvencionados por el poder público autonómico en mano de los nacionalistas -la inmensa mayoría- con titulares tergiversadores del tipo ‘nuevo golpe de la justicia española al catalán’ y vio –acaso sin relación alguna con lo anterior- como el TSJC pedía para él una sanción ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Mención aparte merecen los jueces del establishment que aparecen, recurrentemente, en los medios de comunicación controlados por el nacionalismo. Destaca, entre ellos, Santiago Vidal -magistrado de la Audiencia Provincial de Barcelona- que, por poner un ejemplo reciente, manifestó -en el seno de unas conferencias organizadas por la subvencionada y secesionista Asamblea Nacional Catalana (ANC)- que la justicia española es “una justicia fea, gris, obsoleta y que se administra en castellano”. Añadiendo que si Cataluña se independizase “de la justicia española se tendrá que cambiar todo, podremos aprovechar muy pocas cosas”.

En este juego perverso en el que se entremezclan los poderes del Estado, obviando la división e independencia que desde Montesquieu es rasgo diferenciador de la calidad democrática que caracteriza al Estado de derecho moderno, algunos partidos políticos de ámbito estatal también deben asumir su parte de culpa. Aún me estoy preguntando por qué el PP no recurrió en casación ante el TS la victoria pírrica que supuso la estimación parcial de su recurso contra el Reglamento de Uso de la Lengua Catalana del Ayuntamiento de Barcelona, donde, en un ejemplo perfecto de esa especial sensibilidad a la que hacía alusión el presidente del TSJC, entre otras cosas, se llega a afirmar que el bilingüismo no es exigible, ‘ahora bien, se trata de una opción perfectamente posible desde un punto de vista jurídico, opción que permite el uso absoluto de una lengua sin cuestionar el uso normal de la otra lengua’. ¿Alguien puede explicarme cómo demonios el uso ‘absoluto’ de alguna cosa, puede permitir el uso ‘normal’ de otra? ¿No se ha dado cuenta el alto tribunal que salvando un reglamento inconstitucional se abría la puerta a los abusos que vienen sufriendo los empleados públicos y los ciudadanos en su relación con la administración municipal? ¿O se hizo, precisamente, por ello asumiendo como inevitable la hoja de ruta nacionalista monolingüe? ¿Dónde estaba el PP; tacticismo político a costa de los derechos de los castellanoparlantes en Cataluña, por enésima vez?

Dejo para el final mi propio caso. Se han presentado, a título personal o en el seno de la asociación Alternativa Ciudadana Progresista, de acuerdo con sus estatutos, varios contenciosos administrativos contra diversas actuaciones del Ayuntamiento de Barcelona que evidencian la exclusión sistemática y programada del español dentro del consistorio. El primero, que hacía referencia –entre otras cosas- a la prohibición de uso de esta lengua en los teléfonos municipales me ha llevado después de más de dos décadas de ejercicio como abogado a tener, por primera vez, que presentar una queja formal ante el CGPJ. Sendas vistas del recurso, previstas para principios y finales del pasado año, fueron extrañamente suspendidas por razones siempre ajenas a este humilde recurrente. El derecho fundamental que reconoce la Constitución a un proceso sin dilaciones indebidas puede haber sido vulnerado y, en todo caso, el asunto denunciado no será revisado, en el mejor de los casos, hasta el año 2014; ¡tres años después de interpuesto recurso!

“Hoy en día para un juez es más fácil progresar si apoya la corrupción que si la combate”, decía, recientemente, un miembro español de la junta directiva de Transparencia Internacional. Hagan ello extensible si el apoyo se refiere a los intereses predominantes en nuestra Comunidad Autónoma. Uno tiene la sensación de que la línea fina que separa la sensibilidad de la prevaricación sólo acaba beneficiando, en estos tiempos de desafío secesionista, al poder hegemónico; en Cataluña, el nacionalista.

Los trabajadores y ciudadanos sólo pedimos, al acudir a la Justicia que emana del pueblo, un veredicto justo y que el juez que resuelva nuestro caso lo haga libremente, de acuerdo con su leal saber y entender, ejercitando la potestad jurisdiccional que tiene encomendada; más allá de las presiones de cualquier tipo a las que pudiera ser sometido, para que a diferencia de aquel personaje de ficción -Dr. Ernst Janning (eminente jurista, ministro de Justicia y juez acusado en los juicios de Nuremberg por crímenes nazis)- de la inolvidable película, ¿Vencedores o vencidos?, no tenga que reprocharse algún día, para acallar su conciencia, que “jamás supuse que se iba a llegar a eso”.

Antonio-F. Ordóñez Rivero es letrado e inspector de Hacienda del Ayuntamiento de Barcelona y miembro de Alternativa Ciudadana Progresista

La voz de Barcelona (14.02.2013)

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